Judicial
30 años de cárcel para exalcalde de San Francisco Menéndez por tráfico de personas
El Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana condenó al exalcalde de San Francisco Menéndez, José Narciso Ramírez Ventura, alias «Chicho», a 30 años de prisión por tráfico ilegal de personas, delito por el cual fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de liderar una estructura dedicaba a estas actividades criminales.
La Fiscalía informó que otros cabecillas de la banda delincuencial son Pedro Alfonso Aguirre Rivas y Wilfredo Alejandro Castro Morán, fueron sentenciados a 76 y 50 años, respectivamente. Las investigaciones determinaron que son 44 las víctimas, entre las cuales hay menores de edad, que pagaron entre $5,000 y $17,000 para que las los miembros de esta banda los llevaran de forma ilegal a Estados Unidos.
«Según las investigaciones, dentro de las actividades ilegales de los sentenciados estaban la promoción de viajes hacia los Estados Unidos, vigilancia para evadir los controles policiales, labores de coordinación para el traslado y albergue de las víctimas», detalló la fuente fiscal.
En octubre de 2021, la Fiscalía giró nueva orden de captura contra el exedil, para ese momento la institución informó que entre los casos resueltos con la detención está la de una persona que en 2014 pagó $13,000 para que la llevaran a tierras norteamericanas.
Ramírez Ventura fue detenido el 29 de julio de 2021, junto a él, también fueron capturados por la Policía Pedro Alfonso Aguirre Rivas y Wilfredo Alejandro Castro Morán.
En octubre de 2022, el juzgado ordenó juicio contra el exalcalde y 29 personas más por tráfico ilícito de personas. Las autoridades señalaron que Ramírez Ventura tenía a su nombre registradas más de 150 propiedades, obtenidas, aparentemente, por las actividades ilícitas que realizaba. Muchas de las personas pagan el viaje a EE.UU. con escrituras de terrenos o de casas a los coyotes.
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Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador
Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
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Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.
La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.
El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.
El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó que el abogado Salvador Enrique Anaya Barraza permanezca en detención provisional mientras su caso avanza a la siguiente etapa del proceso penal.
La Fiscalía General de la República lo acusa por el delito de lavado de dinero y activos, cometido presuntamente entre los años 2015 y 2024. El proceso fue judicializado el pasado sábado bajo régimen de reserva total, por lo que ninguna de las partes puede proporcionar detalles adicionales del expediente.
Según la legislación salvadoreña, el delito de lavado de dinero contempla penas de entre cinco y 15 años de prisión. Este delito incluye operaciones financieras u omisiones destinadas a ocultar el origen ilícito de bienes provenientes de actividades delictivas.
Durante la audiencia inicial, el abogado defensor Jaime Quintanilla afirmó que el proceso se desarrolló con normalidad y que la defensa presentó los elementos que respaldan la inocencia de su cliente.
