Judicial
30 años de cárcel para exalcalde de San Francisco Menéndez por tráfico de personas
El Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana condenó al exalcalde de San Francisco Menéndez, José Narciso Ramírez Ventura, alias «Chicho», a 30 años de prisión por tráfico ilegal de personas, delito por el cual fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de liderar una estructura dedicaba a estas actividades criminales.
La Fiscalía informó que otros cabecillas de la banda delincuencial son Pedro Alfonso Aguirre Rivas y Wilfredo Alejandro Castro Morán, fueron sentenciados a 76 y 50 años, respectivamente. Las investigaciones determinaron que son 44 las víctimas, entre las cuales hay menores de edad, que pagaron entre $5,000 y $17,000 para que las los miembros de esta banda los llevaran de forma ilegal a Estados Unidos.
«Según las investigaciones, dentro de las actividades ilegales de los sentenciados estaban la promoción de viajes hacia los Estados Unidos, vigilancia para evadir los controles policiales, labores de coordinación para el traslado y albergue de las víctimas», detalló la fuente fiscal.
En octubre de 2021, la Fiscalía giró nueva orden de captura contra el exedil, para ese momento la institución informó que entre los casos resueltos con la detención está la de una persona que en 2014 pagó $13,000 para que la llevaran a tierras norteamericanas.
Ramírez Ventura fue detenido el 29 de julio de 2021, junto a él, también fueron capturados por la Policía Pedro Alfonso Aguirre Rivas y Wilfredo Alejandro Castro Morán.
En octubre de 2022, el juzgado ordenó juicio contra el exalcalde y 29 personas más por tráfico ilícito de personas. Las autoridades señalaron que Ramírez Ventura tenía a su nombre registradas más de 150 propiedades, obtenidas, aparentemente, por las actividades ilícitas que realizaba. Muchas de las personas pagan el viaje a EE.UU. con escrituras de terrenos o de casas a los coyotes.
Internacionales
Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado
La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.
La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
