Judicial
30 años de cárcel para exalcalde de San Francisco Menéndez por tráfico de personas
El Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana condenó al exalcalde de San Francisco Menéndez, José Narciso Ramírez Ventura, alias «Chicho», a 30 años de prisión por tráfico ilegal de personas, delito por el cual fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de liderar una estructura dedicaba a estas actividades criminales.
La Fiscalía informó que otros cabecillas de la banda delincuencial son Pedro Alfonso Aguirre Rivas y Wilfredo Alejandro Castro Morán, fueron sentenciados a 76 y 50 años, respectivamente. Las investigaciones determinaron que son 44 las víctimas, entre las cuales hay menores de edad, que pagaron entre $5,000 y $17,000 para que las los miembros de esta banda los llevaran de forma ilegal a Estados Unidos.
«Según las investigaciones, dentro de las actividades ilegales de los sentenciados estaban la promoción de viajes hacia los Estados Unidos, vigilancia para evadir los controles policiales, labores de coordinación para el traslado y albergue de las víctimas», detalló la fuente fiscal.
En octubre de 2021, la Fiscalía giró nueva orden de captura contra el exedil, para ese momento la institución informó que entre los casos resueltos con la detención está la de una persona que en 2014 pagó $13,000 para que la llevaran a tierras norteamericanas.
Ramírez Ventura fue detenido el 29 de julio de 2021, junto a él, también fueron capturados por la Policía Pedro Alfonso Aguirre Rivas y Wilfredo Alejandro Castro Morán.
En octubre de 2022, el juzgado ordenó juicio contra el exalcalde y 29 personas más por tráfico ilícito de personas. Las autoridades señalaron que Ramírez Ventura tenía a su nombre registradas más de 150 propiedades, obtenidas, aparentemente, por las actividades ilícitas que realizaba. Muchas de las personas pagan el viaje a EE.UU. con escrituras de terrenos o de casas a los coyotes.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
Judicial
Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año
Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).
Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.
Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.
En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.
Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.
Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.
