Judicial
30 años de cárcel para exalcalde de San Francisco Menéndez por tráfico de personas
El Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana condenó al exalcalde de San Francisco Menéndez, José Narciso Ramírez Ventura, alias «Chicho», a 30 años de prisión por tráfico ilegal de personas, delito por el cual fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de liderar una estructura dedicaba a estas actividades criminales.
La Fiscalía informó que otros cabecillas de la banda delincuencial son Pedro Alfonso Aguirre Rivas y Wilfredo Alejandro Castro Morán, fueron sentenciados a 76 y 50 años, respectivamente. Las investigaciones determinaron que son 44 las víctimas, entre las cuales hay menores de edad, que pagaron entre $5,000 y $17,000 para que las los miembros de esta banda los llevaran de forma ilegal a Estados Unidos.
«Según las investigaciones, dentro de las actividades ilegales de los sentenciados estaban la promoción de viajes hacia los Estados Unidos, vigilancia para evadir los controles policiales, labores de coordinación para el traslado y albergue de las víctimas», detalló la fuente fiscal.
En octubre de 2021, la Fiscalía giró nueva orden de captura contra el exedil, para ese momento la institución informó que entre los casos resueltos con la detención está la de una persona que en 2014 pagó $13,000 para que la llevaran a tierras norteamericanas.
Ramírez Ventura fue detenido el 29 de julio de 2021, junto a él, también fueron capturados por la Policía Pedro Alfonso Aguirre Rivas y Wilfredo Alejandro Castro Morán.
En octubre de 2022, el juzgado ordenó juicio contra el exalcalde y 29 personas más por tráfico ilícito de personas. Las autoridades señalaron que Ramírez Ventura tenía a su nombre registradas más de 150 propiedades, obtenidas, aparentemente, por las actividades ilícitas que realizaba. Muchas de las personas pagan el viaje a EE.UU. con escrituras de terrenos o de casas a los coyotes.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
