Judicial
#JUDICIAL Alcalde queda libre de delito por error de la FGR
El alcalde del municipio de San Francisco Menéndez en Ahuachapán, José Narciso Ramírez, fue declarado “no responsable” del delito de depredación de bosques, luego que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró comprobar que el área que deforestó es zona protegida por el Estado.
El alcalde junto con otro imputado enfrentó la vista pública que finalizó con la resolución del juez que afirmó que no podía declarar culpable a ninguno de los acusados debido a la Fiscalía no logró comprobar que el área de la que fueron taladas 40 manzanas de terreno era un área que se había declarado reserva natural en 2008.
“Existe una falencia por parte de la fiscalía debido a que no se puede acreditar la existencia del delito de depredación de bosques, por lo que se declara no responsables a los dos imputados”, afirmó el juez en su resolución.
Por su parte, Narciso Ramírez reprochó el accionar de la FGR afirmando que las pruebas que decían tener nunca existieron.
“Cuando el juez dice que fue falta de pruebas, quiere decir que la fiscalía inventó esas pruebas para levantar este proceso hasta este nivel”, expresó el alcalde.
Según la FGR, Ramírez pretendía modificar el terreno protegido, ya que él es productor de azúcar, una parte del terreno en la que taló es propiedad del alcalde y otra es del Estado.
VÍA EL BLOG.COM
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
