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José Antonio Salaverría demandan a miembros de junta directiva de Davivienda por falsedad ideológica
Cuatro miembros de la junta directiva del Banco Davivienda y la contadora general de esa institución financiera, fueron demandados penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de falsedad ideológica en perjuicio de los depositantes, accionistas y de la bolsa de valores.
La demanda fue presentada la mañana de este miércoles por el empresario cafetalero José Antonio Salaverría y su apoderado legal, Luis Mario Pérez Bennett, quienes afirman que Davivienda publicó información falsa en el balance que presentaron al 30 de junio del 2020.
Salaverría, quien además en el pasado fue miembro de la junta directiva de un banco, afirmó que la acción de la junta directiva es de «irrespeto al sistema judicial», ya que es engañan a los depositantes, accionistas y bolsas de valores, ya que las cifras que publican no corresponden al valor real de los estados financieros, por lo que el hecho lo calificó de «temerario».
Los demandados son: Gerardo José Simán Siri (presidente), Moíses Castro Maseda (vicepresidente), Freddie Moisés Frech Hasbún (secretario), María Eugenia Brizuela de Ávila (primer director) y contra Ashali Julieta Baños (contador general).
Luis Mario Pérez Bennet, dijo a medios de prensa, que en el documento piden al fiscal general de la República, Raúl Melara Morán, que «secuestre» los libros de la junta directiva para corroborar la veracidad de los señalamientos que hacen en su contra y que además indaguen si existen otros hechos antijurídicos cometidos por los miembros de la junta directiva de Davivienda.
El profesional en derecho afirmó, que con esos resultados Davivienda demuestra que se adelantan a un posible fallo favorable a un recurso de amparo presentado en Sala de lo Constitucional para evitar el pago del embargo a favor de José Antonio Salaverría de $49.314,303.55 millones.
En ese sentido, Davivienda en su balance añadió la cantidad de $49,314.3 como deuda y que dista mucho al valor real de una deuda del banco y que se encuentra en orden de embargo por el Juzgado Primero de lo Mercantil de San Salvador.
En su oportunidad, el empresario José Antonio Salaverría explicó que el banco de forma arbitraria inició un proceso ejecutivo en contra de sus propiedades y que con el cese de los préstamos que tenía, inició con el embargo de propiedades, entre ellas beneficios de café.
“De manera ilegal el banco inició los embargos sin tener sustentos legales y sin tener mora. Ellos incumplieron todo lo que se ha venido ventilando en este proceso, como también, los convenios que se habían pactado con el banco en su debido momento, por ese motivo se presentaron tres demandas en el 2009 y que llegaron a su fin con la orden de embargo. El banco no ha tenido un sustento legal para decir que no puede pagar ese dinero y simplemente se han hecho los desentendidos para el no pago”, puntualizó Salaverría.
“Nos quebraron totalmente”
“Había suscrito un convenio con HSBC hoy Davivienda y luego me embargaron indebidamente. Ellos tenían un pagaré por 160 mil dólares y lo llenaron como quisieron a fin de provocar un incumplimiento. Nosotros tratamos de pagar al día siguiente todo el dinero que exigían, pero se opusieron a ello y nos quebraron totalmente”, afirmó Salaverría.
“Nosotros dábamos empleos a unas cinco mil familias y al menos teníamos 1,260 productores de café, entre ellos había tres presidentes de bancos y seis directores porque confiaban en nosotros”, indicó el cafetalero que ahora pide justicia y que se le haga efectivo el pago del embargo.
Una pareja fue detenida el pasado 23 de diciembre, cuando agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) recibieron una alerta de que, sobre la 29 calle oriente y décima avenida norte, en San Salvador, se encontraba una pareja aparentemente consumiendo droga.
Al llegar al lugar, los agentes observaron a los imputados con una actitud sospechosa y nerviosa, razón por la cual les practicaron una requisa personal, en la que se les encontraron dos porciones de material vegetal al interior de bolsas de plástico con cierre hermético.
La prueba de campo realizada arrojó resultado positivo a marihuana, con pesajes de 5.2 y 5.1 gramos.
Por estos hechos los sujetos identificados como Carlos Jefferson Jule Mulato, de 44 años, y Denisse Rubí Méndez Serrano, de 24 años, fueron acusados del delito de posesión y tenencia.
En la audiencia inicial, la jueza consideró que existe prueba indiciaria suficiente sobre la existencia del delito y la probable participación de los procesados, por lo que les decretó detención provisional y el caso continuará a la etapa de instrucción.
Una mujer resultó lesionada luego de caerse de un microbús de la ruta 42, el cual se desplazaba presuntamente a excesiva velocidad, según testigos.
El incidente se registra esta tarde sobre Calle Delgado y 14 Avenida Sur, en San Salvador, detallaron las autoridades que acudieron a la escena.
Socorristas de Comandos de Salvamento fueron alertados de la emergencia y al llegar al lugar brindaron atenciones a la víctima, quien fue identificada como Yansi Peña, de 42 años.
Luego de las evaluaciones prehospitalarias, el cuerpo de socorro informó que la víctima presentaba diferentes traumas producto de la caída.
Las personas que deseen enterrar a su mascota con dignidad, en un espacio donde pueden llegar a colocar flores y detalles, ahora lo podrán hacer en uno de los camposantos más antiguos y reconocidos de San Salvador: La Bermeja
Lo anterior se debe a que el concejo municipal de San Salvador aprobó una reforma que autoriza el entierro de mascotas en un área especial del cementerio.
La ordenanza municipal establece dos categorías para la inhumación de mascotas. Una de ellas permite el entierro mediante el pago de determinadas tarifas municipales, mientras que la otra habilita el servicio de forma gratuita; aunque la ordenanza no detalla los criterios que se utilizarán para definir cuándo un entierro será pagado o gratuito, ni tampoco especifica si existen diferencias en el tipo de servicio que se brinda en cada caso.
En el caso de pago, las tarifas dependerán del tipo de fosa —porque pueden ser de diferentes dimensiones—. La disposición contempla nichos con costos entre $40 y $70, según el tamaño de la mascota. Además, se contemplan cobros adicionales relacionados con la conservación de restos, ya sea mediante una prórroga anual en osario por $5.15 o en el mismo puesto por $14.90.
