Cuatro miembros de la junta directiva del Banco Davivienda y la contadora general de esa institución financiera, fueron demandados penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de falsedad ideológica en perjuicio de los depositantes, accionistas y de la bolsa de valores.

La demanda fue presentada la mañana de este miércoles por el empresario cafetalero José Antonio Salaverría y su apoderado legal, Luis Mario Pérez Bennett, quienes afirman que Davivienda publicó información falsa en el balance que presentaron al 30 de junio del 2020.

Salaverría, quien además en el pasado fue miembro de la junta directiva de un banco, afirmó que la acción de la junta directiva es de «irrespeto al sistema judicial», ya que es engañan a los depositantes, accionistas y bolsas de valores, ya que las cifras que publican no corresponden al valor real de los estados financieros, por lo que el hecho lo calificó de «temerario».

Los demandados son: Gerardo José Simán Siri (presidente), Moíses Castro Maseda (vicepresidente), Freddie Moisés Frech Hasbún (secretario), María Eugenia Brizuela de Ávila (primer director) y contra Ashali Julieta Baños (contador general).

Luis Mario Pérez Bennet, dijo a medios de prensa, que en el documento piden al fiscal general de la República, Raúl Melara Morán, que «secuestre» los libros de la junta directiva para corroborar la veracidad de los señalamientos que hacen en su contra y que además indaguen si existen otros hechos antijurídicos cometidos por los miembros de la junta directiva de Davivienda.

El profesional en derecho afirmó, que con esos resultados Davivienda demuestra que se adelantan a un posible fallo favorable a un recurso de amparo presentado en Sala de lo Constitucional para evitar el pago del embargo a favor de José Antonio Salaverría de $49.314,303.55 millones.

En ese sentido, Davivienda en su balance añadió la cantidad de $49,314.3 como deuda y que dista mucho al valor real de una deuda del banco y que se encuentra en orden de embargo por el Juzgado Primero de lo Mercantil de San Salvador.

En su oportunidad, el empresario José Antonio Salaverría explicó que el banco de forma arbitraria inició un proceso ejecutivo en contra de sus propiedades y que con el cese de los préstamos que tenía, inició con el embargo de propiedades, entre ellas beneficios de café.

“De manera ilegal el banco inició los embargos sin tener sustentos legales y sin tener mora. Ellos incumplieron todo lo que se ha venido ventilando en este proceso, como también, los convenios que se habían pactado con el banco en su debido momento, por ese motivo se presentaron tres demandas en el 2009 y que llegaron a su fin con la orden de embargo. El banco no ha tenido un sustento legal para decir que no puede pagar ese dinero y simplemente se han hecho los desentendidos para el no pago”, puntualizó Salaverría.

“Nos quebraron totalmente”

“Había suscrito un convenio con HSBC hoy Davivienda y luego me embargaron indebidamente. Ellos tenían un pagaré por 160 mil dólares y lo llenaron como quisieron a fin de provocar un incumplimiento. Nosotros tratamos de pagar al día siguiente todo el dinero que exigían, pero se opusieron a ello y nos quebraron totalmente”, afirmó Salaverría.

“Nosotros dábamos empleos a unas cinco mil familias y al menos teníamos 1,260 productores de café, entre ellos había tres presidentes de bancos y seis directores porque confiaban en nosotros”, indicó el cafetalero que ahora pide justicia y que se le haga efectivo el pago del embargo.