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José Antonio Salaverría demandan a miembros de junta directiva de Davivienda por falsedad ideológica
Cuatro miembros de la junta directiva del Banco Davivienda y la contadora general de esa institución financiera, fueron demandados penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de falsedad ideológica en perjuicio de los depositantes, accionistas y de la bolsa de valores.
La demanda fue presentada la mañana de este miércoles por el empresario cafetalero José Antonio Salaverría y su apoderado legal, Luis Mario Pérez Bennett, quienes afirman que Davivienda publicó información falsa en el balance que presentaron al 30 de junio del 2020.
Salaverría, quien además en el pasado fue miembro de la junta directiva de un banco, afirmó que la acción de la junta directiva es de «irrespeto al sistema judicial», ya que es engañan a los depositantes, accionistas y bolsas de valores, ya que las cifras que publican no corresponden al valor real de los estados financieros, por lo que el hecho lo calificó de «temerario».
Los demandados son: Gerardo José Simán Siri (presidente), Moíses Castro Maseda (vicepresidente), Freddie Moisés Frech Hasbún (secretario), María Eugenia Brizuela de Ávila (primer director) y contra Ashali Julieta Baños (contador general).
Luis Mario Pérez Bennet, dijo a medios de prensa, que en el documento piden al fiscal general de la República, Raúl Melara Morán, que «secuestre» los libros de la junta directiva para corroborar la veracidad de los señalamientos que hacen en su contra y que además indaguen si existen otros hechos antijurídicos cometidos por los miembros de la junta directiva de Davivienda.
El profesional en derecho afirmó, que con esos resultados Davivienda demuestra que se adelantan a un posible fallo favorable a un recurso de amparo presentado en Sala de lo Constitucional para evitar el pago del embargo a favor de José Antonio Salaverría de $49.314,303.55 millones.
En ese sentido, Davivienda en su balance añadió la cantidad de $49,314.3 como deuda y que dista mucho al valor real de una deuda del banco y que se encuentra en orden de embargo por el Juzgado Primero de lo Mercantil de San Salvador.
En su oportunidad, el empresario José Antonio Salaverría explicó que el banco de forma arbitraria inició un proceso ejecutivo en contra de sus propiedades y que con el cese de los préstamos que tenía, inició con el embargo de propiedades, entre ellas beneficios de café.
“De manera ilegal el banco inició los embargos sin tener sustentos legales y sin tener mora. Ellos incumplieron todo lo que se ha venido ventilando en este proceso, como también, los convenios que se habían pactado con el banco en su debido momento, por ese motivo se presentaron tres demandas en el 2009 y que llegaron a su fin con la orden de embargo. El banco no ha tenido un sustento legal para decir que no puede pagar ese dinero y simplemente se han hecho los desentendidos para el no pago”, puntualizó Salaverría.
“Nos quebraron totalmente”
“Había suscrito un convenio con HSBC hoy Davivienda y luego me embargaron indebidamente. Ellos tenían un pagaré por 160 mil dólares y lo llenaron como quisieron a fin de provocar un incumplimiento. Nosotros tratamos de pagar al día siguiente todo el dinero que exigían, pero se opusieron a ello y nos quebraron totalmente”, afirmó Salaverría.
“Nosotros dábamos empleos a unas cinco mil familias y al menos teníamos 1,260 productores de café, entre ellos había tres presidentes de bancos y seis directores porque confiaban en nosotros”, indicó el cafetalero que ahora pide justicia y que se le haga efectivo el pago del embargo.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en el distrito de San Miguel, cuando un microbús que circulaba a excesiva velocidad se estrelló contra el muro perimetral de una vivienda en la zona de Chirilagua.
El siniestro fue captado por la cámara de seguridad de la propiedad afectada, y en las imágenes se observa cómo el vehículo se aproxima a gran velocidad antes de impactar violentamente contra la estructura.
Según testigos, el microbús trasladaba a varios maestros que se dirigían hacia el centro escolar donde laboran. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, pero las autoridades investigan las causas del accidente y si hubo personas lesionadas.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
