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Gobierno habilita aplicación para que consumidores denuncien a proveedores por incrementos injustificados en precios de alimentos
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele continúa velando por los derechos de los consumidores y para evitar prácticas abusivas que afecten los bolsillos de los salvadoreños se mantiene cumpliendo, a través de la Defensoría del Consumidor, inspecciones en los diferentes establecimientos comerciales del país.
Como parte de las acciones para hacer prevalecer los derechos de los consumidores, este lunes la Defensoría del Consumidor presentó la aplicación “Ponele el dedo al especulador”, por medio de la cual los usuarios pueden reportar a proveedores y establecimientos comerciales, de bienes y servicios, que estén incrementando injustificadamente los precios de alimentos, insumos de primera necesidad y servicios esenciales.
“Es un mecanismo, en el cual la población podrá detallar las características del producto, la información del proveedor, que a su juicio, esté especulando con el precio o tema de acaparamiento. Esta información será utilizada para iniciar acciones y deducir las responsabilidades administrativas o penales si las hubiera”, explicó el titular de la Defensoría, Ricardo Salazar.
El funcionario añadió que, en caso que fuera necesario, harán las coordinaciones necesarias con la Fiscalía General de la República (FGR), cuando se detecten faltas relativas a delitos al mercado, la libre competencia y la protección al consumidor, en relación al acaparamiento, agiotaje y la propalación falsa, según los artículos 233, 236 y 237 del Código Penal.
Salazar dijo que la Dirección de Vigilancia de Mercado mantendrá el monitoreo de los precios de los productos alimenticios y de primera necesidad para evitar prácticas abusivas, “como la utilización de cualquier maniobra o artificio tendiente al incremento o injustificado de los precios de bienes y servicios”. Advirtió que de detectar un incremento abrupto, se procederá a actuar de acuerdo a lo establecido en el artículo 18, literal h, y en el artículo 44, literal e, de la Ley de Protección al Consumidor.
Una infracción muy grave puede ser sancionada hasta con 500 salarios mínimos, detalló.
El funcionario instó a la población a hacer uso de la aplicación, disponible en el sitio web de la institución: www.defensoria.gob.sv. Esta es fácil de utilizar, las personas tendrán la opción de brindar sus datos personales o presentar su denuncia de forma anónima; posteriormente deberá brindar los datos del producto y proveedor que, a su juicio, esté especulando con los precios; y por último la información a detalle del caso.
“Hoy, más que nunca, es bien importante el tema de la denuncia, los mercados de bienes y servicios son bastantes amplios. En la medida que tengamos toda la información, permitirá enfocar esfuerzos de verificación e investigación, para hacer prevalecer los derechos de los consumidores”, declaró Salazar.
El Gobierno del Presidente Bukele destaca la importancia de brindar nuevas herramientas para que la ciudadanía pueda presentar sus denuncias y así defender sus derechos e intereses ante cualquier abuso.
La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) anunció la realización de un webinar enfocado en estrategias para financiar el crecimiento empresarial, dirigido a micro y pequeñas empresas (MYPE) interesadas en fortalecer su estructura financiera.
Bajo el lema «Crecer no es vender más. Es financiar bien el siguiente paso», la institución destacó que el objetivo es brindar herramientas prácticas para que los emprendedores puedan escalar sus negocios sin poner en riesgo su estabilidad operativa.
El tema central del seminario virtual será «Estrategias para financiar el crecimiento» y se desarrollará el jueves 5 de marzo a las 9:00 de la mañana. De acuerdo con la entidad, el crecimiento de una MYPE requiere no solo visión, sino también una estructura de capital adecuada que respalde la expansión de sus operaciones.
Las personas interesadas pueden inscribirse a través del enlace habilitado por la institución. Con este tipo de iniciativas, CONAMYPE busca fortalecer las capacidades financieras del sector y promover un desarrollo empresarial sostenible.
Por extorsión agravada, Douglas Alexander Gutiérrez, deberá pagar con 12 años de prisión, así lo resolvió el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla. Asimismo, le impuso el pago de $1,500 en concepto de responsabilidad civil y lo declaró en rebeldía, por lo que giró orden de captura inmediata en su contra.
Los hechos se remontan a noviembre de 2014, en el distrito de Aguilares, municipio de San Salvador Norte. Según el expediente judicial, dos imputados con apariencia de pandilleros interceptaron al administrador de una empresa mientras inspeccionaba un inmueble y lo amenazaron con atentar contra la vida de los empleados si la sociedad si no entregaba la suma de $10,000.
Tras la denuncia interpuesta el 8 de diciembre de 2014, las autoridades coordinaron dos entregas controladas de dinero con billetes previamente seriados. Este procedimiento permitió identificar a Gutiérrez y establecer su participación directa en el cobro del dinero exigido, elementos probatorios que resultaron determinantes para que el juzgador estableciera su responsabilidad penal. El otro implicado no forma parte de este proceso judicial.
En otro caso, José Ricardo Salvador Fuentes fue sentenciado a 10 años de prisión por extorsionar a un comerciante migueleño.
La víctima recibió una llamada telefónica, en noviembre de 2011, donde le decían que tenía que pagar quincenalmente la extorsión a la pandilla a cambio de no asesinar a su familia. Por miedo a las amenazas, el comerciante llegó a un acuerdo con los pandilleros y denunció el crimen a la Policía Nacional Civil (PNC) el 21 de noviembre del mismo año.
La PNC realizó seis entregas de dinero controladas, logrando individualizar al procesado el 23 de enero de 2012, cuando recogía la extorsión.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), Linda Amaya, informó en La Entrevista de Noticiero El Salvador que en el 100 % de los casos que han atendido por vulneración a los derechos de la niñez, han buscado la permanencia de los menores de edad en el sistema educativo.
«Durante estos tres años, el 100 % de los casos se ha buscado la restitución de sus derechos, además tienen un seguimiento porque la idea es que deje de haber deserción escolar, no solo es el tema de reincorporar a la educación, sino asegurarnos de que se mantengan dentro del sistema educativo», expresó.
De acuerdo con Amaya, trabajan de manera articulada con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) para dar un seguimiento a los casos de los niños que han sufrido vulneraciones para garantizar su permanencia en las escuelas.
«Es un trabajo que también el Ministerio de Educación lo ha retomado con mucha fuerza y trabajar de manera articulada nos ha permitido ir asegurando seguimientos en esta población», afirmó la titular del Conapina.
Por otra parte, Amaya afirmó que los equipos de la institución han recibido actualizaciones en su formación para fortalecer sus capacidades y dotarlos de herramientas modernas para abordar óptimamente cada caso en el que la niñez salvadoreña se encuentre en riesgo.
«Los equipos del Conapina se han actualizado, hemos contado con el apoyo de organismos que nos han dado herramientas modernas y actuales para poder hacer valoraciones de carácter forense donde ya no te pregunto a ti, pero puedo observar qué es lo que jugás y cómo te expresás para ir determinando si has sido vulnerado», explicó la directora del Conapina.
Amaya recordó que la institución cuenta con 16 juntas de protección a escala nacional y con la línea telefónica gratuita 119 para que los ciudadanos den avisos o denuncien casos de maltratos o abusos a la primera infancia, niñez y adolescencia.
