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Gobierno advierte severas sanciones a quienes comercialicen y compren productos pirotécnicos prohibidos
El Gobierno a través del Cuerpo de Bomberos y la División de Armas y Explosivos (DAE) han incrementado las inspecciones y vigilancia en las zonas donde se venden y fabrican productos pirotécnicos y advierte severas sanciones a quienes comercialicen pólvora prohibida por la ley.
El director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, dijo este jueves que desde el 6 de diciembre cuando inició el Plan Fin de Año 2023, se ha reforzado una serie de acciones para garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad y prevenir incidentes como incendios y personas quemadas por la manipulación de productos pirotécnicos prohibidos.
Sostuvo que la normativa señala sanciones para quienes se dediquen a la venta o adquisición de productos pirotécnicos que estén prohibidos por la ley, ya que esto representa un peligro para la población.
«Hemos tenido incendios a causa de un producto que está prohibido, los silbadores», dijo el funcionario. Agregó que los morteros del número 5 al 10 están prohibidos porque son fabricados con una considerable cantidad de pólvora y con envoltorios de cartón o plásticos resistentes.
«Hay un producto explosivo que se llama El Destructor que está prohibido, es más pequeño que el mortero número cinco, pero tiene una detonación mayor que el número 10», manifestó Solano.
Detalló que entre los productos prohibidos se encuentran las pelotitas de fútbol, botellitas de champán, el destructor, los silbadores, buscaniguas, fulminantes, misiles chinos, mina de mar, el triángulo mortal y otros.
«La ley manda a sanciones importantes de hasta 10 salarios mínimos en contra de personas que están comercializando y comprando estos productos prohibidos», mencionó el director de Bomberos.
Como Cuerpo de Bomberos se han encontrado con casos de personas quemadas e incendios a causa de los silbadores, de ahí la importancia para que la gente tome en cuenta las recomendaciones y no compre este tipo de pirotécnicos.
«No es correcto poner estos productos con una capacidad explosiva importante en manos de las personas, incluso de niños (…). La recomendación es no permitir que los niños manipulen estos productos pirotécnicos», expresó Solano.
Hizo el llamado a la ciudadanía a reportar ante el 911 los lugares donde se esté vendiendo o produciendo producto pirotécnico prohibido por la ley y poner mucha atención para que los niños no manipulen pólvora.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
