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Gobierno advierte severas sanciones a quienes comercialicen y compren productos pirotécnicos prohibidos
El Gobierno a través del Cuerpo de Bomberos y la División de Armas y Explosivos (DAE) han incrementado las inspecciones y vigilancia en las zonas donde se venden y fabrican productos pirotécnicos y advierte severas sanciones a quienes comercialicen pólvora prohibida por la ley.
El director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, dijo este jueves que desde el 6 de diciembre cuando inició el Plan Fin de Año 2023, se ha reforzado una serie de acciones para garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad y prevenir incidentes como incendios y personas quemadas por la manipulación de productos pirotécnicos prohibidos.
Sostuvo que la normativa señala sanciones para quienes se dediquen a la venta o adquisición de productos pirotécnicos que estén prohibidos por la ley, ya que esto representa un peligro para la población.
«Hemos tenido incendios a causa de un producto que está prohibido, los silbadores», dijo el funcionario. Agregó que los morteros del número 5 al 10 están prohibidos porque son fabricados con una considerable cantidad de pólvora y con envoltorios de cartón o plásticos resistentes.
«Hay un producto explosivo que se llama El Destructor que está prohibido, es más pequeño que el mortero número cinco, pero tiene una detonación mayor que el número 10», manifestó Solano.
Detalló que entre los productos prohibidos se encuentran las pelotitas de fútbol, botellitas de champán, el destructor, los silbadores, buscaniguas, fulminantes, misiles chinos, mina de mar, el triángulo mortal y otros.
«La ley manda a sanciones importantes de hasta 10 salarios mínimos en contra de personas que están comercializando y comprando estos productos prohibidos», mencionó el director de Bomberos.
Como Cuerpo de Bomberos se han encontrado con casos de personas quemadas e incendios a causa de los silbadores, de ahí la importancia para que la gente tome en cuenta las recomendaciones y no compre este tipo de pirotécnicos.
«No es correcto poner estos productos con una capacidad explosiva importante en manos de las personas, incluso de niños (…). La recomendación es no permitir que los niños manipulen estos productos pirotécnicos», expresó Solano.
Hizo el llamado a la ciudadanía a reportar ante el 911 los lugares donde se esté vendiendo o produciendo producto pirotécnico prohibido por la ley y poner mucha atención para que los niños no manipulen pólvora.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
