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Gobierno advierte severas sanciones a quienes comercialicen y compren productos pirotécnicos prohibidos
El Gobierno a través del Cuerpo de Bomberos y la División de Armas y Explosivos (DAE) han incrementado las inspecciones y vigilancia en las zonas donde se venden y fabrican productos pirotécnicos y advierte severas sanciones a quienes comercialicen pólvora prohibida por la ley.
El director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, dijo este jueves que desde el 6 de diciembre cuando inició el Plan Fin de Año 2023, se ha reforzado una serie de acciones para garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad y prevenir incidentes como incendios y personas quemadas por la manipulación de productos pirotécnicos prohibidos.
Sostuvo que la normativa señala sanciones para quienes se dediquen a la venta o adquisición de productos pirotécnicos que estén prohibidos por la ley, ya que esto representa un peligro para la población.
«Hemos tenido incendios a causa de un producto que está prohibido, los silbadores», dijo el funcionario. Agregó que los morteros del número 5 al 10 están prohibidos porque son fabricados con una considerable cantidad de pólvora y con envoltorios de cartón o plásticos resistentes.
«Hay un producto explosivo que se llama El Destructor que está prohibido, es más pequeño que el mortero número cinco, pero tiene una detonación mayor que el número 10», manifestó Solano.
Detalló que entre los productos prohibidos se encuentran las pelotitas de fútbol, botellitas de champán, el destructor, los silbadores, buscaniguas, fulminantes, misiles chinos, mina de mar, el triángulo mortal y otros.
«La ley manda a sanciones importantes de hasta 10 salarios mínimos en contra de personas que están comercializando y comprando estos productos prohibidos», mencionó el director de Bomberos.
Como Cuerpo de Bomberos se han encontrado con casos de personas quemadas e incendios a causa de los silbadores, de ahí la importancia para que la gente tome en cuenta las recomendaciones y no compre este tipo de pirotécnicos.
«No es correcto poner estos productos con una capacidad explosiva importante en manos de las personas, incluso de niños (…). La recomendación es no permitir que los niños manipulen estos productos pirotécnicos», expresó Solano.
Hizo el llamado a la ciudadanía a reportar ante el 911 los lugares donde se esté vendiendo o produciendo producto pirotécnico prohibido por la ley y poner mucha atención para que los niños no manipulen pólvora.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a cinco años de prisión a Ernesto Bladimir Franco Rodríguez y Luis Alberto Franco Rodríguez por el delito de lesiones muy graves en perjuicio de un hombre.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 26 de noviembre de 2025 en el distrito de El Paisnal, municipio de San Salvador Norte, cuando la víctima fue citada por una mujer para departir en una zona apartada.
Al llegar al lugar, el hombre fue interceptado por los condenados, quienes lo atacaron con armas blancas, causándole diversas lesiones de gravedad. La víctima logró escapar y posteriormente interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
Las investigaciones desarrolladas por las autoridades permitieron identificar, capturar y procesar judicialmente a los imputados.
En otro caso, el pandillero de la MS, Rafael Enrique Álvarez fue condenado a ocho años de prisión por lesionar con un arma blanca a un hombre en San Alejo, La Unión.
El hecho ocurrió, aproximadamente, a las 5 de la tarde del 12 de diciembre de 2021, cuando la víctima estaba viendo un encuentro deportivo en la cancha de fútbol del cantón Santa Cruz, del distrito de San Alejo, en La Unión.
Según la acusación fiscal, el procesado llegó hasta donde estaba la víctima y lo hirió con un machete en el codo izquierdo. Tras la agresión, la víctima corrió y fue alcanzada por el procesado y dos pandilleros más.
La alcaldía de San Salvador Centro informó que más de 250 estructuras fueron desmontadas como parte de la fase 6, Etapa 2 del reordenamiento y recuperación de espacios públicos.
Los puntos intervenidos fueron la primera calle poniente, 11a y 7a avenida Norte, avenida Peralta, la décima avenida San Jacinto, así como la calle San Juan y estación Fenadesal.
De acuerdo con el alcalde capitalino, Mario Durán, más de 800 empleados municipales participaron en jornadas de limpieza y desmontaje estructuras improvisadas utilizadas para el comercio informal.
«Ha sido un trabajo titánico. Estamos en una etapa bastante avanzada. El uso de las calles y aceras es para las personas y las familias y no para el comercio, debemos mantener el orden», dijo el funcionario en conferencia de prensa.
La alcaldía señala que este es un esfuerzo articulado entre comerciantes por cuenta propia y equipos municipales que durante días trabajaron para seguir avanzando en la revitalización del Centro Histórico de San Salvador.
«Agradezco a los equipos operativos quienes trabajaron arduamente por este importante proyecto; a los comerciantes por cuenta propia y a todos los salvadoreños que se suman por recuperar el corazón de El Salvador», añadió.
La comisión de infraestructura y desarrollo territorial emitió dictamen a favor de legalizar los terrenos donde residen 174 familias de la comunidad 2 de Noviembre, en el distrito de Tonacatepeque, en San Salvador Este.
El grupo de legisladores recomienda al pleno reformar la Ley especial para la legalización de las calles, tramos declarados en desuso y afectados como de uso público para ser transferidas en propiedad, a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo), a las familias de escasos recursos económicos que las habitan.
El propósito es que la comunidad en mención se agregue a los 14 asentamientos beneficiados con dicha normativa, que fue creada en junio de 2019.
La iniciativa de apoyar a las familias de Tonacatepeque proviene del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, la cual fue ingresada en la sesión plenaria ordinaria 109.
Para estudiar la propuesta, la comisión de infraestructura recibió a representantes de la comunidad, quienes explicaron su situación y lo que significaría reformar la ley.
«La comunidad estuvo desamparada. Entre el 2000 al 2001 llegamos a esas tierras, y todos somos de escasos recursos económicos.
Hoy estamos viendo que las cosas van a mejorar», expresó la presidenta de la directiva de la comunidad 2 de Noviembre, Marielos Cruz.
