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Fiscalía presenta acusación en contra del exdiputado Norman Quijano por negociaciones con pandillas
La Fiscalía General de la República presentó un requerimiento en contra del exdiputado Norman Quijano por los delitos de Agrupaciones Ilícitas y Fraude Electoral.
A principios del año pasado se hizo una solicitud de antejuicio en contra de Quijano, pero lastimosamente no tuvo eco en la Asamblea Legislativa que finalizó ayer. “Ahora ratificamos nuestro compromiso de procesar a todos aquellos que entre otros delitos han estado vinculados con negociaciones con pandillas, por eso estamos presentando el requerimiento respectivo”, dijo el fiscal general de la república, Raúl Melara.
Los indicios encontrados en la investigación de la Fiscalía señalan que el exdiputado Quijano ofreció dinero y otros beneficios a pandilleros a cambio de que votaran por él en las elecciones presidenciales de 2014.
El fiscal Melara dijo que el viernes por la tarde, mientras se hacían las órdenes de captura en contra del exdiputado Quijano, la Fiscalía tuvo conocimiento de la Dirección General de Migración y Extranjería que el señalado había salido del país vía terrestre, lo cual confirma el riesgo de fuga que existía, el cual ya se materializó, dijo el fiscal general.
«Si el exdiputado no se presenta a la Audiencia inicial que el Juez programe, se le considerará como prófugo de la justicia», aseguró el fiscal Melara.
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Hasta 397 años de prisión para líderes de la 18
La jueza dos del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso una condena de 397 años de prisión a Pedro Melara Romero, alias Caballo, por los delitos de proposición y conspiración en homicidio agravado, extorsión agravada, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, además de agrupaciones ilícitas, en perjuicio de la paz pública.
Asimismo, Wilfredo Alonso Mancía Alberto, alias Frijol, fue condenado a 180 años de cárcel por proposición y conspiración en homicidio agravado, privación de libertad, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
De igual forma, Miriam Elizabeth Gutiérrez, alias La Miriam, recibió una pena de 109 años de prisión por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
En total, otras 44 personas fueron sentenciadas con penas que van desde tres hasta 94 años de prisión.
De acuerdo con la Fiscalía, todos forman parte de la hengla Sexta Quebranta Huesos Locos Sureños, perteneciente a la pandilla 18 Sureños, que operaba en diversos sectores de San Salvador Centro.
Entre los condenados se encuentran cuatro líderes de la clica, entre ellos:
•José David Ayala Renderos, alias Morro, corredor de cancha de las canchas Modelo 2 y 3.
•Alias Caballo, como corredor de tribu.
•Hugo Armando Chávez Murcia y Jonathan Ernesto Hernández Vides, alias Yoster, ambos palabreros de la estructura.
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Pandillero de la 18 es capturado al arribar en vuelo comercial desde México
Ismael Alexander Hernández Rivera, alias Saiper, es un pandillero de la 18S que venía en un vuelo comercial desde México.
Equipos policiales fueron notificados por la oficina de atención ciudadana de la terminal aeroportuaria.
Es miembro de la clica Tiny Locos Sureños del distrito de Jiquilisco, Usulután Oeste.
Posee varios tatuajes de su pandilla.
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Condena ejemplar para pandillera de la MS por varios casos de extorsión
Una pandillera de la MS fue condenada a 245 años de cárcel por los delitos de extorsión agravada y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.
Se trata de Claudia Margarita Juárez, quien era parte de la clica Viroleños Locos Salvatruchos.
Recibió la pena por parte del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, jueza dos.
Juárez fue hallada culpable de cobrar extorsiones a empresarios del transporte público del distrito de Zacatecoluca, en el municipio de La Paz Este.
Tambien, Manuel Antonio Martínez Mena, alias ‘Yegua’, fue condenado a 240 años de prisión por el delito de extorsión agravada.
Juárez y Mena operaban como parte de la clica Viroleños Locos Salvatruchos de la MS-13.
El tribunal dio por acreditados 24 casos de extorsión, ocurridos entre 2018 y 2019, mediante los cuales las víctimas fueron obligadas a entregar sumas de dinero bajo amenazas.








