El abogado ambientalista, Sergio Ernesto Portillo Toruño, denunció que el señor Salume ha incurrido en el delito de desobediencia a particulares al no atender la disposición de destruir los gases altamente inflamables que se producen en el botadero a cielo abierto propiedad de PULSEM, ubicado en el cantón Melara, en La Libertad.  

El profesional del derecho afirma que ha enviado varias notas a la Fiscalía General de la República (FGR), de denuncias y reiteraciones de las mismas, para que se tomen las acciones necesarias para hacer cumplir con la Ley de Medio Ambiente, ya que se pone en riesgo la vida de las comunidades cercanas al botadero.

Sergio Ernesto Portillo Toruño detalló que el señor Nicolás Adriano Salume Pacas se ha negado a cumplir las “medidas cautelares impuestas por el Juzgado Ambiental, quien certificó a Fiscalía lo pertinente y luego este servidor denunció en sede fiscal, la comisión del delito agregando en la misma copia de la remisión de fiscalía del incumplimiento he reiterado en no menos de 10 oportunidades la denuncia”.

También se ha advertido en varias oportunidades al ministerio público que el botadero del cantón Melara incumple con los permisos ambientales para su funcionamiento, pero a la fecha sus diferentes escritos no han sido respondidos de forma satisfactoria, remarca Sergio Ernesto Portillo Toruño.

“incluso ya pedí se pronunciara el fiscal del caso de acuerdo al artículo 17, del Código Procesal Penal, es decir, que luego de transcurridos cuatro meses de haberse interpuesto la denuncia, el denunciante, solicita al fiscal que se pronuncie en cuanto al requerimiento o archivo del expediente”, acotó el profesional del derecho. 

Sergio Ernesto Portillo Toruño previno que “en ese sentido, en el caso particular, prácticamente han transcurrido más de año y medio, y como el fiscal del caso no se pronunció ni el Jefe inmediato, elevé tal cual la disposición procesal penal dispone, antes relacionada al señor fiscal general de la República, de quien igualmente su resolución duerme el sueño de los justos”.

Sin embargo, el profesional del derecho cuestiona que el titular del ministerio público se apresure a atender una demanda presentada por el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, y haga con mucha diligencia una acusación contra el jefe de la delegación policial de Apopa.

En cambio, en más de un año se ha negado a aplicar la ley al señor Salume por incumplir la Ley de Medio Ambiente, pese a que el riesgo de que explote una verdadera crisis ambiental en el cantón Melara, poniendo en riesgo a los habitantes de las comunidades aledañas.   

Frente al silencio de la FGR y del Juzgado Ambiental, el abogado ambientalista anticipó que se elevará el caso a las instancias superiores, en vista de que se corre el riesgo que explote una verdadera crisis ambiental en un sector clave para el desarrollo humano, como es la zona del cantón Melara, cercano a la costa.

En el caso de la destrucción de los gases, la inobservancia de la medida prácticamente es una bomba de tiempo para los habitantes de las comunidades del botadero de Melara, pues la acumulación del metano combinado con cualquier tipo de fricción puede provocar una explosión de grandes proporciones.