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Fiscalía acusa a jefe policial, pero hace caso omiso a denuncias contra el señor Salume por incumplir orden judicial
El abogado ambientalista, Sergio Ernesto Portillo Toruño, denunció que el señor Salume ha incurrido en el delito de desobediencia a particulares al no atender la disposición de destruir los gases altamente inflamables que se producen en el botadero a cielo abierto propiedad de PULSEM, ubicado en el cantón Melara, en La Libertad.
El profesional del derecho afirma que ha enviado varias notas a la Fiscalía General de la República (FGR), de denuncias y reiteraciones de las mismas, para que se tomen las acciones necesarias para hacer cumplir con la Ley de Medio Ambiente, ya que se pone en riesgo la vida de las comunidades cercanas al botadero.
Sergio Ernesto Portillo Toruño detalló que el señor Nicolás Adriano Salume Pacas se ha negado a cumplir las “medidas cautelares impuestas por el Juzgado Ambiental, quien certificó a Fiscalía lo pertinente y luego este servidor denunció en sede fiscal, la comisión del delito agregando en la misma copia de la remisión de fiscalía del incumplimiento he reiterado en no menos de 10 oportunidades la denuncia”.
También se ha advertido en varias oportunidades al ministerio público que el botadero del cantón Melara incumple con los permisos ambientales para su funcionamiento, pero a la fecha sus diferentes escritos no han sido respondidos de forma satisfactoria, remarca Sergio Ernesto Portillo Toruño.
“incluso ya pedí se pronunciara el fiscal del caso de acuerdo al artículo 17, del Código Procesal Penal, es decir, que luego de transcurridos cuatro meses de haberse interpuesto la denuncia, el denunciante, solicita al fiscal que se pronuncie en cuanto al requerimiento o archivo del expediente”, acotó el profesional del derecho.
Sergio Ernesto Portillo Toruño previno que “en ese sentido, en el caso particular, prácticamente han transcurrido más de año y medio, y como el fiscal del caso no se pronunció ni el Jefe inmediato, elevé tal cual la disposición procesal penal dispone, antes relacionada al señor fiscal general de la República, de quien igualmente su resolución duerme el sueño de los justos”.
Sin embargo, el profesional del derecho cuestiona que el titular del ministerio público se apresure a atender una demanda presentada por el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, y haga con mucha diligencia una acusación contra el jefe de la delegación policial de Apopa.
En cambio, en más de un año se ha negado a aplicar la ley al señor Salume por incumplir la Ley de Medio Ambiente, pese a que el riesgo de que explote una verdadera crisis ambiental en el cantón Melara, poniendo en riesgo a los habitantes de las comunidades aledañas.
Frente al silencio de la FGR y del Juzgado Ambiental, el abogado ambientalista anticipó que se elevará el caso a las instancias superiores, en vista de que se corre el riesgo que explote una verdadera crisis ambiental en un sector clave para el desarrollo humano, como es la zona del cantón Melara, cercano a la costa.
En el caso de la destrucción de los gases, la inobservancia de la medida prácticamente es una bomba de tiempo para los habitantes de las comunidades del botadero de Melara, pues la acumulación del metano combinado con cualquier tipo de fricción puede provocar una explosión de grandes proporciones.
El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro; el Ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy; y el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, brindaron detalles sobre la incautación de droga más grande registrada en la historia de El Salvador.
De acuerdo con la información oficial, fueron decomisadas 6.6 toneladas de cocaína, con un valor estimado de 165 millones de dólares, distribuidas en 330 bultos. La operación fue ejecutada a 380 millas náuticas al suroeste de las costas nacionales, como parte de acciones de vigilancia y control en aguas internacionales.
El ministro Villatoro destacó que, más allá del valor económico, la cantidad incautada representa aproximadamente 19.8 millones de dosis que, según explicó, estaban destinadas a ser distribuidas en distintas ciudades.
Las autoridades resaltaron el trabajo coordinado de las instituciones de seguridad y defensa, subrayando que este tipo de resultados reflejan la capacidad operativa del país en el combate al narcotráfico.
En el procedimiento fueron detenidas las siguientes personas de distintas nacionalidades:
José Martín Cerda Cea, 60 años (Nicaragua)
Roberto Adolfo Díaz, 64 años (Nicaragua)
Francisco Javier García Duval, 63 años (Nicaragua)
José Ramiro Valencia Fox, 59 años (Ecuador)
Luis Enrique Rodelo Osorio, 59 años (Colombia)
Antonio José Angulo Narváez, 59 años (Colombia)
Mario Alonso Pérez Hernández, 58 años (Colombia)
Miguel Antonio Galeano Ariza, 71 años (Colombia)
Yareth Samir Carr Garcés, 29 años (Panamá)
Vicente Ramos, 60 años (Panamá)
Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para enfrentar el proceso judicial correspondiente.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador llevó a cabo la vista pública en contra de José René Ventura Alvarado, acusado del delito de estafa agravada.
De acuerdo con la investigación, entre diciembre de 2018 y enero de 2019, el imputado se reunió con la víctima, presentándose como propietario de una sociedad importante de talleres y negoció la adquisición de una cantidad masiva de llantas.
José Ventura propuso recibir la mercadería y efectuar el pago en un tiempo estipulado. La víctima, confiando en la supuesta reputación de la sociedad, cumplió lo acordado y entregó cuatro pedidos en diversas sucursales de los talleres, cuyo valor total ascendió a $375,360.04.
Transcurrido el tiempo pactado, el imputado no realizó el pago. Tras varios intentos fallidos por recuperar el dinero y ante múltiples excusas por parte del procesado, la víctima interpuso la denuncia correspondiente.
Durante el desfile probatorio, el tribunal determinó que el imputado solicitó la entrega de las llantas haciéndose pasar por un empresario confiable y afirmando poseer dos sociedades; sin embargo, dichas sociedades ni siquiera estaban constituidas legalmente.
Asimismo, se estableció que no tenía intención de cumplir con el pago de la mercadería. Por estos hechos, el tribunal le impuso una pena de cinco años de prisión, que podrían aumentar si Ventura Alvarado no cumple con el pago de $375,360.04 en concepto de responsabilidad civil.
El Ministerio de Obras Públicas informó sobre la transformación de 8 kilómetros de la calle que conecta desde El Ceibillo hacia San José El Naranjo, en el departamento de Ahuachapán. La obra busca mejorar la conectividad y garantizar un tránsito más seguro para las comunidades de la zona.
Con la pavimentación de esta vía, niños, jóvenes y adultos podrán movilizarse en condiciones óptimas, facilitando el acceso a centros educativos, comercios y servicios básicos. La intervención forma parte de los proyectos de infraestructura impulsados para fortalecer el desarrollo local.
Más de 28,000 habitantes son beneficiados directamente con la mejora de la calle que conduce a San José El Naranjo, en Jujutla, Ahuachapán Sur, impactando positivamente en la calidad de vida y dinamizando la economía del sector.
