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FGR giró nueva orden de captura para expresidente Mauricio Funes, José Miguel Menéndez y un guatemalteco
Este nuevo proceso se refiere a la adjudicación, de forma fraudulenta, del proyecto de construcción de un puente en el año 2013 por un valor de US$8,487,716,94.
La Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer las nuevas órdenes de captura giradas en contra del expresidente Carlos Mauricio Funes Cartagena; el empresario, José Miguel Antonio Menéndez Avelar y el representante legal de una empresa constructora, Jaime Ramón Aparicio Mejía, de origen guatemalteco. Esta vez por un hecho de corrupción en la adjudicación de un proyecto de construcción y en el que como dádiva fue entregado un avión.
La Unidad Especializada Contra el Lavado de Activos (UECLA), confirmó que en el nuevo proceso se les atribuirán los delitos siguientes: Casos especiales de lavado de dinero y de activos para Funes Cartagena y Menéndez Avelar, mientras que Cohecho Activo para Aparicio Mejía.
Los hechos que se les atribuyen se centran a partir de la forma irregular que se otorgó el contrato para la construcción de un puente, a la sociedad guatemalteca Servicios Calificados de la Construcción, S.A. (SERDELCO S.A.), firmándose el mismo bajo la modalidad de diseño y construcción en fecha 10 de octubre de 2013.
La adjudicación fue en el proyecto “Construcción Puente San Isidro sobre Río Lempa (Km. 75.5 LIB31N) La Libertad- Chalatenango”, proceso que inició en marzo de 2013 en el Ministerio de Obras Públicas.
Dicho proyecto, el referido Ministerio lo consideró de gran relevancia para proporcionar un mejor flujo vial a la Zona Sur Occidental con la Zona Norte del país, pues conectaría el municipio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad con el municipio de Nueva Concepción en Chalatenango.
La asignación presupuestaria para el proceso de diseño y construcción del proyecto relacionado fue por la cantidad de US $8,487,716,94.
De igual manera, la investigación determinó que Aparicio Mejía, entregó a los señores Funes Cartagena y Menéndez Avelar, como dádiva el avión con registros -Beechcraft King Air 90- TG ADL- con el objetivo de ser favorecido con la adjudicación del contrato ya descrito.
Se acreditó que el uso y posesión del avión por parte de los señores Funes Cartagena y Menéndez Avelar fue compartido, pues la dádiva fue para ambos, quienes entre los años 2013 al 2016, lo usaron para viajes familiares a Los Estados Unidos de América, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y hasta lo alquilaban a $ US1,300.00 la hora.
Por incumplimiento en la ejecución de la obra el Ministerio de Obras Públicas caducó el contrato, por lo que reclamaron la devolución de esa nave, pero los imputados Funes Cartagena y Menéndez Avelar, no lo devolvieron quedando siempre bajo su custodia.
Menéndez Avelar utilizó el avión en 47 vuelos con siete destinos: El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá, Costa Rica y Los Estados Unidos, durante el periodo del 27 de junio de 2013 al 13 de septiembre de 2016.
Funes Cartagena utilizó la aeronave en 16 vuelos con seis destinos a Los Estados Unidos, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Panamá, durante el periodo del 28 de marzo de 2013 al 31 de octubre de 2014.
A esta fecha, la UECLA solicitó medida cautelar patrimonial por medio de Asistencia Jurídica Internacional a la República de Guatemala, en la que se pidió la incautación del avión, solicitud que se resolvió favorablemente y es el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Municipio y Departamento de Guatemala, el que decretó la incautación de dicha aeronave y actualmente está depositado en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
Las órdenes emitidas por la FGR, las ejecuta la Policía Nacional Civil (PNC), en el caso del señor Menéndez Avelar, fue intimado en el Centro Penal La Esperanza; sobre Funes Cartagena, se le hará del conocimiento al juez que conozca del proceso para que haga el trámite correspondiente y en cuanto al guatemalteco, Aparicio Mejía, también le corresponde hacerlo al Juzgador, dado que actualmente está en prisión en su país, al enfrentar un proceso por un caso similar.
Una pareja fue detenida el pasado 23 de diciembre, cuando agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) recibieron una alerta de que, sobre la 29 calle oriente y décima avenida norte, en San Salvador, se encontraba una pareja aparentemente consumiendo droga.
Al llegar al lugar, los agentes observaron a los imputados con una actitud sospechosa y nerviosa, razón por la cual les practicaron una requisa personal, en la que se les encontraron dos porciones de material vegetal al interior de bolsas de plástico con cierre hermético.
La prueba de campo realizada arrojó resultado positivo a marihuana, con pesajes de 5.2 y 5.1 gramos.
Por estos hechos los sujetos identificados como Carlos Jefferson Jule Mulato, de 44 años, y Denisse Rubí Méndez Serrano, de 24 años, fueron acusados del delito de posesión y tenencia.
En la audiencia inicial, la jueza consideró que existe prueba indiciaria suficiente sobre la existencia del delito y la probable participación de los procesados, por lo que les decretó detención provisional y el caso continuará a la etapa de instrucción.
Una mujer resultó lesionada luego de caerse de un microbús de la ruta 42, el cual se desplazaba presuntamente a excesiva velocidad, según testigos.
El incidente se registra esta tarde sobre Calle Delgado y 14 Avenida Sur, en San Salvador, detallaron las autoridades que acudieron a la escena.
Socorristas de Comandos de Salvamento fueron alertados de la emergencia y al llegar al lugar brindaron atenciones a la víctima, quien fue identificada como Yansi Peña, de 42 años.
Luego de las evaluaciones prehospitalarias, el cuerpo de socorro informó que la víctima presentaba diferentes traumas producto de la caída.
Las personas que deseen enterrar a su mascota con dignidad, en un espacio donde pueden llegar a colocar flores y detalles, ahora lo podrán hacer en uno de los camposantos más antiguos y reconocidos de San Salvador: La Bermeja
Lo anterior se debe a que el concejo municipal de San Salvador aprobó una reforma que autoriza el entierro de mascotas en un área especial del cementerio.
La ordenanza municipal establece dos categorías para la inhumación de mascotas. Una de ellas permite el entierro mediante el pago de determinadas tarifas municipales, mientras que la otra habilita el servicio de forma gratuita; aunque la ordenanza no detalla los criterios que se utilizarán para definir cuándo un entierro será pagado o gratuito, ni tampoco especifica si existen diferencias en el tipo de servicio que se brinda en cada caso.
En el caso de pago, las tarifas dependerán del tipo de fosa —porque pueden ser de diferentes dimensiones—. La disposición contempla nichos con costos entre $40 y $70, según el tamaño de la mascota. Además, se contemplan cobros adicionales relacionados con la conservación de restos, ya sea mediante una prórroga anual en osario por $5.15 o en el mismo puesto por $14.90.
