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FGR giró nueva orden de captura para expresidente Mauricio Funes, José Miguel Menéndez y un guatemalteco
Este nuevo proceso se refiere a la adjudicación, de forma fraudulenta, del proyecto de construcción de un puente en el año 2013 por un valor de US$8,487,716,94.
La Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer las nuevas órdenes de captura giradas en contra del expresidente Carlos Mauricio Funes Cartagena; el empresario, José Miguel Antonio Menéndez Avelar y el representante legal de una empresa constructora, Jaime Ramón Aparicio Mejía, de origen guatemalteco. Esta vez por un hecho de corrupción en la adjudicación de un proyecto de construcción y en el que como dádiva fue entregado un avión.
La Unidad Especializada Contra el Lavado de Activos (UECLA), confirmó que en el nuevo proceso se les atribuirán los delitos siguientes: Casos especiales de lavado de dinero y de activos para Funes Cartagena y Menéndez Avelar, mientras que Cohecho Activo para Aparicio Mejía.
Los hechos que se les atribuyen se centran a partir de la forma irregular que se otorgó el contrato para la construcción de un puente, a la sociedad guatemalteca Servicios Calificados de la Construcción, S.A. (SERDELCO S.A.), firmándose el mismo bajo la modalidad de diseño y construcción en fecha 10 de octubre de 2013.
La adjudicación fue en el proyecto “Construcción Puente San Isidro sobre Río Lempa (Km. 75.5 LIB31N) La Libertad- Chalatenango”, proceso que inició en marzo de 2013 en el Ministerio de Obras Públicas.
Dicho proyecto, el referido Ministerio lo consideró de gran relevancia para proporcionar un mejor flujo vial a la Zona Sur Occidental con la Zona Norte del país, pues conectaría el municipio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad con el municipio de Nueva Concepción en Chalatenango.
La asignación presupuestaria para el proceso de diseño y construcción del proyecto relacionado fue por la cantidad de US $8,487,716,94.
De igual manera, la investigación determinó que Aparicio Mejía, entregó a los señores Funes Cartagena y Menéndez Avelar, como dádiva el avión con registros -Beechcraft King Air 90- TG ADL- con el objetivo de ser favorecido con la adjudicación del contrato ya descrito.
Se acreditó que el uso y posesión del avión por parte de los señores Funes Cartagena y Menéndez Avelar fue compartido, pues la dádiva fue para ambos, quienes entre los años 2013 al 2016, lo usaron para viajes familiares a Los Estados Unidos de América, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y hasta lo alquilaban a $ US1,300.00 la hora.
Por incumplimiento en la ejecución de la obra el Ministerio de Obras Públicas caducó el contrato, por lo que reclamaron la devolución de esa nave, pero los imputados Funes Cartagena y Menéndez Avelar, no lo devolvieron quedando siempre bajo su custodia.
Menéndez Avelar utilizó el avión en 47 vuelos con siete destinos: El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá, Costa Rica y Los Estados Unidos, durante el periodo del 27 de junio de 2013 al 13 de septiembre de 2016.
Funes Cartagena utilizó la aeronave en 16 vuelos con seis destinos a Los Estados Unidos, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Panamá, durante el periodo del 28 de marzo de 2013 al 31 de octubre de 2014.
A esta fecha, la UECLA solicitó medida cautelar patrimonial por medio de Asistencia Jurídica Internacional a la República de Guatemala, en la que se pidió la incautación del avión, solicitud que se resolvió favorablemente y es el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Municipio y Departamento de Guatemala, el que decretó la incautación de dicha aeronave y actualmente está depositado en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
Las órdenes emitidas por la FGR, las ejecuta la Policía Nacional Civil (PNC), en el caso del señor Menéndez Avelar, fue intimado en el Centro Penal La Esperanza; sobre Funes Cartagena, se le hará del conocimiento al juez que conozca del proceso para que haga el trámite correspondiente y en cuanto al guatemalteco, Aparicio Mejía, también le corresponde hacerlo al Juzgador, dado que actualmente está en prisión en su país, al enfrentar un proceso por un caso similar.
El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro; el Ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy; y el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, brindaron detalles sobre la incautación de droga más grande registrada en la historia de El Salvador.
De acuerdo con la información oficial, fueron decomisadas 6.6 toneladas de cocaína, con un valor estimado de 165 millones de dólares, distribuidas en 330 bultos. La operación fue ejecutada a 380 millas náuticas al suroeste de las costas nacionales, como parte de acciones de vigilancia y control en aguas internacionales.
El ministro Villatoro destacó que, más allá del valor económico, la cantidad incautada representa aproximadamente 19.8 millones de dosis que, según explicó, estaban destinadas a ser distribuidas en distintas ciudades.
Las autoridades resaltaron el trabajo coordinado de las instituciones de seguridad y defensa, subrayando que este tipo de resultados reflejan la capacidad operativa del país en el combate al narcotráfico.
En el procedimiento fueron detenidas las siguientes personas de distintas nacionalidades:
José Martín Cerda Cea, 60 años (Nicaragua)
Roberto Adolfo Díaz, 64 años (Nicaragua)
Francisco Javier García Duval, 63 años (Nicaragua)
José Ramiro Valencia Fox, 59 años (Ecuador)
Luis Enrique Rodelo Osorio, 59 años (Colombia)
Antonio José Angulo Narváez, 59 años (Colombia)
Mario Alonso Pérez Hernández, 58 años (Colombia)
Miguel Antonio Galeano Ariza, 71 años (Colombia)
Yareth Samir Carr Garcés, 29 años (Panamá)
Vicente Ramos, 60 años (Panamá)
Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para enfrentar el proceso judicial correspondiente.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador llevó a cabo la vista pública en contra de José René Ventura Alvarado, acusado del delito de estafa agravada.
De acuerdo con la investigación, entre diciembre de 2018 y enero de 2019, el imputado se reunió con la víctima, presentándose como propietario de una sociedad importante de talleres y negoció la adquisición de una cantidad masiva de llantas.
José Ventura propuso recibir la mercadería y efectuar el pago en un tiempo estipulado. La víctima, confiando en la supuesta reputación de la sociedad, cumplió lo acordado y entregó cuatro pedidos en diversas sucursales de los talleres, cuyo valor total ascendió a $375,360.04.
Transcurrido el tiempo pactado, el imputado no realizó el pago. Tras varios intentos fallidos por recuperar el dinero y ante múltiples excusas por parte del procesado, la víctima interpuso la denuncia correspondiente.
Durante el desfile probatorio, el tribunal determinó que el imputado solicitó la entrega de las llantas haciéndose pasar por un empresario confiable y afirmando poseer dos sociedades; sin embargo, dichas sociedades ni siquiera estaban constituidas legalmente.
Asimismo, se estableció que no tenía intención de cumplir con el pago de la mercadería. Por estos hechos, el tribunal le impuso una pena de cinco años de prisión, que podrían aumentar si Ventura Alvarado no cumple con el pago de $375,360.04 en concepto de responsabilidad civil.
El Ministerio de Obras Públicas informó sobre la transformación de 8 kilómetros de la calle que conecta desde El Ceibillo hacia San José El Naranjo, en el departamento de Ahuachapán. La obra busca mejorar la conectividad y garantizar un tránsito más seguro para las comunidades de la zona.
Con la pavimentación de esta vía, niños, jóvenes y adultos podrán movilizarse en condiciones óptimas, facilitando el acceso a centros educativos, comercios y servicios básicos. La intervención forma parte de los proyectos de infraestructura impulsados para fortalecer el desarrollo local.
Más de 28,000 habitantes son beneficiados directamente con la mejora de la calle que conduce a San José El Naranjo, en Jujutla, Ahuachapán Sur, impactando positivamente en la calidad de vida y dinamizando la economía del sector.
