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Esfuerzos articulados permiten que más de 42,800 terroristas capturados en régimen de excepción sigan en la cárcel
Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia
Los avances en proveer seguridad ciudadana requieren el trabajo coordinado de todas las instituciones, incluso aquellas que tienen autonomía en sus procesos. Esta es la eficiencia que los salvadoreños necesitan para solucionar sus necesidades.
Dentro del régimen de excepción que promovió el Presidente Nayib Bukele hay disposiciones para garantizar que los terroristas capturados permanezcan encerrados mientras el sistema de justicia resuelve sus procesos. En esta parte, el papel de Fiscalía General de la República (FGR) es fundamental, pues construye los casos para presentarlos a tribunales.
“Llegamos a más de 36 mil detenciones provisionales. Los equipos fiscales han presentado 767 requerimientos. Ganaremos esta batalla”, compartió el titular del FGR, Rodolfo Delgado, refiriéndose a los que han sido capturados en el contexto del régimen de excepción.
En otras palabras, ocho de cada 10 pandilleros que la Policía Nacional Civil (PNC) ha detenido, esperan el desarrollo de su proceso penal en la cárcel, es la ruta que seguirán todos. Esto es una muestra de la efectividad de las autoridades para encontrar a los criminales y recolectar las pruebas de los ilícitos cometidos.
Los diputados de la Asamblea Legislativa dieron sus votos para extender el régimen otros 30 días, un periodo que ampliará el margen para entregar más logros a favor de la población salvadoreña en la guerra contra las pandillas, tanto en sacarlos de las calles como en hacerlos cumplir las respectivas condenas.
La Fuerza Armada mantiene su apoyo a las tareas de seguridad pública que organiza la PNC para terminar con el flagelo de las organizaciones terroristas. El apoyo que han provisto ha facilitado llegar a sitios remotos o de difícil acceso, e incluso han posibilitado encontrar a delincuentes que habían escalado en la jerarquía de sus grupos.
En total, El Salvador continúa viviendo el periodo más seguro de la posguerra, con índices históricamente bajos en la tasa de homicidios. Las actividades gubernamentales de prevención de la violencia siguen activas en todo el territorio, para romper el ciclo vicioso y seguir transformando al país, respaldados por fondos públicos y con apoyo de la cooperación internacional.
Como ha dicho el Presidente Bukele, “digan lo que digan, hagan lo que hagan, escriban lo que escriban, ataquen una y otra vez, les digo: No nos van a detener. Tenemos a Dios, y al pueblo salvadoreño, de nuestro lado”.
Médicos especializados en oftalmología de Suecia, El Salvador y España desarrollaron una jornada quirúrgica que brindó atención a 250 pacientes con padecimientos de cataratas, estrabismo y pterigión.
Esta jornada estuvo a cargo del doctor salvadoreño, residente en Suecia, Frank Rico; la organización sueca Visión para todos y Rotary Internacional; así como médicos de los Hospitales Nacionales Zacamil y Benjamín Bloom.
El doctor Frank Rico, quien tiene una década de residir en Suecia, explicó que el proyecto nació, precisamente, en la representación diplomática de El Salvador en la nación europea, una oportunidad en la que planteó la necesidad de atender a niños y adultos con diferentes padecimientos oculares.
«Tuvimos una reunión con la viceministra Patricia Godínez, que entonces era la embajadora en Suecia, y hablamos de organizar esta campaña junto a Vision for all [Visión para todos], la cual está liderada por el salvadoreño Nelson Gómez y quien ha traído en varias ocasiones jornadas de entrega de lentes», dijo Rico.
En una de las jornadas pasadas, los especialistas llegaron a la conclusión que además de facilitar lentes para la población, era necesario realizar procedimientos quirúrgicos especializados.
«Logramos conseguir un grupo de 25 operantes, entre médicos, enfermeras que estaban operando cataratas», mencionó Rico, quien destacó, además, la incursión de colegas y compañeros en Suecia.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la ejecución de la condena de 13 años y cuatro meses de prisión impuesta a Norman Quijano, exalcalde de San Salvador y excandidato presidencial por el partido ARENA. Esta medida se hace efectiva tras su arribo al país el pasado 26 de enero, luego de ser capturado y deportado por las autoridades de los Estados Unidos, poniendo fin a un periodo de evasión de la justicia que inició en abril de 2021.
La condena fue emitida originalmente en abril de 2024 por la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, tras un juicio realizado en ausencia gracias a las reformas del Código Procesal Penal. El tribunal encontró a Quijano culpable de los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, al demostrarse que pactó con cabecillas de pandillas durante su campaña presidencial en 2014. Las investigaciones fiscales, sustentadas en pruebas del caso Operación Cuscatlán, revelaron reuniones directas donde se ofrecieron beneficios penitenciarios y sumas de dinero a cambio de apoyo en las urnas.
Tras su ingreso a territorio salvadoreño, el exfuncionario fue sometido a una evaluación médica que incluyó electrocardiogramas y radiografías de tórax. La defensa de Quijano ha manifestado que el procesado se encuentra bajo control cardiológico desde el año 2006 debido a padecimientos de hipertensión arterial y angina inestable, factores de riesgo que requieren medicación diaria constante dentro del sistema penitenciario.
A pesar de los alegatos de salud, la Cámara Segunda de lo Penal ordenó la detención provisional del imputado y su traslado inmediato al Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona. La sede judicial determinó mantener la medida cautelar más gravosa tras considerar que existe un riesgo elevado de fuga, señalando que la presencia de Quijano en El Salvador no responde a su voluntad propia, sino a la acción coercitiva y estratégica de las autoridades que lograron su captura y deportación desde Texas.
En el ámbito procesal, la audiencia de revisión de medidas programada para este 28 de enero fue cancelada debido a que aún se encuentra pendiente de resolución un recurso de apelación interpuesto ante la Sala de lo Penal en junio de 2024. Su abogado defensor, Lisandro Quintanilla, ha indicado que la sentencia aún no está en firme y que buscarán agotar las instancias correspondientes, incluyendo un posible recurso de casación, con el objetivo de solicitar medidas sustitutivas a la detención en el futuro.
Además de la pena de prisión, la condena conlleva la inhabilitación para ejercer cargos públicos y la suspensión de sus derechos ciudadanos. Las autoridades salvadoreñas han procedido a notificar formalmente al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) sobre la situación jurídica de Quijano para oficializar su inhabilitación del cargo que ostentaba.
Un niño de un año de edad falleció este día en la hacienda Atalaya, en el distrito de Acajutla, Sonsonate, luego de caer de manera accidental en una canaleta de agua, según reportes preliminares.
De acuerdo con la información inicial, el menor habría sufrido el percance dentro del sector, por causas que aún se encuentran bajo investigación. Autoridades competentes se desplazaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes y determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos.
Familiares, amigos y vecinos del menor expresaron su pesar por lo sucedido, un hecho que ha generado consternación entre los habitantes de la comunidad. Las autoridades reiteraron que será el proceso investigativo el que establezca las circunstancias del incidente.
