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Dirección General de Centros Penales confirma que hay 840 reos con tuberculosis
La Dirección General de Centros Penales (DGCP) confirmó que hay 840 reos enfermos de tuberculosis, cifra que según las autoridades representa una reducción en comparación con otros años.
El director de Penales, Osiris Luna, dijo que el 1 de junio de 2019 había 2,800 casos y que se han intensificado las estrategias para controlar y reducir la enfermedad.
“La logramos detener (la propagación de la tuberculosis) con un buen tratamiento, con aislamiento y una verdadera separación (entre reos)”, dijo Luna.
En octubre y noviembre de 2019, las autoridades de los ministerios de Salud y Seguridad habían confirmado repuntes de la enfermedad, por lo que desde esa fecha se intensificaron los programas de prevención.
De hecho, el repunte de los casos de esos meses cobró la vida de un reo en la prisión de máxima seguridad de Zacatecoluca, conocida como “Zacatraz”
La reducción de los contagios, explicó el titular de la DGCP, “nos está dando un gran margen para darle mayor tiempo de atención a otro tipo de enfermedades” y enfatizó que “las medidas que hemos tomado de orden, control y disciplina nos han ayudado a tener este control”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha hecho énfasis en que el combate a la tuberculosis se debe mantener en todos los centros penales a fin de evitar una propagación.
“Las cárceles funcionan como reservorios de la tuberculosis que bombean la enfermedad hacia la comunidad civil a través del personal, los visitantes y los antiguos presos inadecuadamente tratados. La tuberculosis no respeta los muros de las cárceles”, estableció la OMS en su sitio web.
141 casos de coronavirus
Otra situación que obligó a los penales a intensificar los controles sanitarios fue la pandemia del coronavirus, donde ya se han confirmado 141 casos.
Los contagios se han concentrado en tres centros: Quezaltepeque, San Vicente, La Esperanza (conocido como Mariona) y el ala de resguardo de reos del hospital Siquiátrico.
En otras cárceles como la de Ciudad Barrios se han hecho las pruebas por sospechas, pero han dado un resultado negativo.
Osiris Luna valoró que al inicio del brote de la Covid-19 en los centros penales se logró aislar a los reos a tiempo, junto con los nexos epidemiológicos y eso ha hecho que la cifra no siga creciendo.
“Sacamos los nexos y toda aquella persona sospechosa que pudiera llegar a tener esta enfermedad y son 1231 personas las que están aisladas hasta el día de ayer (domingo)”, indicó.
Los 141 que dieron positivo “prácticamente ya están recuperados” y han sido enviados a otro sector aparte en cada uno de los penales.
Solo nueve de los confirmados desarrollaron complicaciones graves, por lo que fueron tratados en los hospitales, pero ya se les ha dado el alta y han vuelto a la cárcel.
Nota de: El Salvador Times
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
