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Denuncian ante FGR alcalde y concejo municipal de Ciudad Arce por negociaciones ilícitas y cohecho activo tras favorecer a Salume con recursos FODES
El abogado ambientalista Sergio Toruño, interpuso denuncia penal sobre hechos relacionados con una licitación de la Alcaldía de Ciudad Arce, que según el profesional de derecho, “a todas luces favoreció el botadero municipal propiedad de Salume para otorgarle un contrato de disposición final de la basura del municipio a un costo mayor en más de un 38% con las otras ofertas participantes”.
La denuncia ha sido interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR), por los delitos de negociaciones ilícitas y cohecho activo en contra del alcalde municipal, Noé Enrique Rivera Amaya, su concejo municipal, así como el representante de la empresa PUL SEM, Nicolas Salume, para que el Ministerio Público inicie investigaciones ante un manejo nada transparente de las finanzas públicas, especialmente cuando se contrata un sitio para disposición final de la basura que no cumple con los criterios técnicos para dar el servicio.
De hecho resalta el abogado que ya ha presentado diversas solicitudes al Minsterio de Medio Ambiente (MARN) para que realice una auditoría completa del botadero municipal que es propiedad de Salume, en el cual existe contaminación de los mantos acuíferos superficiales y en el subsuelo por el manejo inadecuado de los lixiviados y porque en el botadero se incumplió con la medida de la destrucción de los gases emanados del proceso natural de descomposición de la basura, lo que provoca grave riesgo de enfermedades respiratorias en las poblaciones vecinas.
A pesar de todas estas situaciones, afirma el abogado, el MARN no ha actuado y ahora la alcaldía de Ciudad Arce lo favorece a pesar que la oferta de la empresa de Salume era la más cara y el costo de llevar la basura hasta el botadero en el Puerto de La Libertad encarecerá los costos, en detrimento de las finanzas municipales y de otras obras donde podía invertirse esos recursos.
La denuncia penal presentada ante la FGR, se debe a irregularidades en el proceso de licitación para la disposición final de los derechos sólidos, sostienen que el proceso no fue transparente y que a toda costa ha sido manipulado para entregar recursos del FODES a Salume, mediante la adjudicación de la iniciativa, pese al elevado costo de su propuesta, frente a los demás ofertantes.
“Buscamos evitar que continúe licitando cuando son una empresa de funcionamiento totalmente ilegal, no deberían estar licitando y es en ese sentido que se va a presentar estas situaciones, tanto al fiscal general como a la Sala de lo Constitucional, por no resuelven nuestras denuncias, nuestros amparos“, dijo el abogado ambientalista Sergio TORUÑO.
La alcaldía avalo favorecer a Salume aún conociendo que esta acción significará un alto precio para la ciudadanía y que están mucho más lejos.
Recientemente los ofertantes pidieron públicamente realizar una exhaustiva auditoria por parte de la Corte de Cuentas para que verifiquen a lo que ellos califican un despilfarro del FODES.
“Excelentísimo Sr. presidente Nayib Bukele denunciamos públicamente al alcalde de Ciudad Arce por despilfarro de los fondos público FODES. Cuando la corrupción la tratan de disimular y de confundir con argumentos como descalificar a todos los oferentes de la licitación de desechos sólidos para favorecer al señor Salume pagando 38 % más caro , eso le llamamos corrupción, han descalificado a la Alcaldía de Sonsonate en asocio con la empresa Kali, y a otras empresas que tienen más de 25 años de operar con todas las alcaldías de El Salvado, argumentando que han sido descalificadas por no cumplir con las condiciones que ellos “fabricaron”, de tal manera que solo la empresa del señor Salume pueda cumplir a pesar de ser 38 % más caro, y más grave que el costo de traslado y transporte de los desechos serán aún más caro para los habitantes de Ciudad Arce, por estar mucho más lejos”, expresaron los ofertantes.
Al menos 3 miembros del concejo municipal de Ciudad Arce se opusieron a la adjudicación a favor de la empresa de Salume, en virtud que no se contó con los respaldos técnicos para establecer las razones de por qué se estaba contratando a mayor precio por el servicio de disposición final de la basura y subiendo los costos de transporte yendo con las unidades de recolección hasta el botadero del puerto de la libertad.
Otra de las irregularidades puestas de manifiesto por los concejales que votaron en contra fue que al momento de la votación para contratar la empresa de Salume, no tuvieron a la vista la resolución que estaba obligada a fundamenta la Comisión de Alto Nivel nombrada para resolver los recursos interpuestos y que demostraban que el botadero de La Libertad no solamente incrementa en un 38% los costos de disposición final de la basura, sino que el sitio no cumple técnicamente para brindar adecuadamente el servicio.
La recaudación de impuestos en El Salvador registró un crecimiento durante el primer mes de 2026, reflejando la continuidad en el fortalecimiento de las finanzas públicas. Según datos del Ministerio de Hacienda, los ingresos corrientes y contribuciones sumaron $767.5 millones en enero, lo que representa un incremento de $26.1 millones o un 3.5 % en comparación con el mismo mes de 2025.
Dentro de este resultado, los ingresos tributarios y contribuciones —que incluyen los principales impuestos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y elImpuesto sobre la Renta (ISR) — alcanzaron los $741.9 millones, con un aumento del 4.5 % interanual. Este desempeño evidencia una base fiscal sólida al inicio del año, en línea con las expectativas oficiales.
El IVA fue uno de los principales motores del crecimiento, con una recaudación de $376.3 millones en enero, lo que equivale a un incremento del 5.3 % respecto al mismo periodo del año anterior. De este monto, las declaraciones del impuesto aportaron $204.1 millones, mientras que el IVA por importaciones sumó $172.2 millones, reflejando un comportamiento dinámico tanto del consumo interno como del comercio exterior.
Por su parte, el ISR alcanzó los $290 millones, con un crecimiento del 2.2 %. Dentro de este rubro, las retenciones representaron $193.6 millones, mientras que el pago a cuenta sumó $90.2 millones y las declaraciones $6.2 millones, manteniendo su relevancia como uno de los pilares de la recaudación.
Otros ingresos tributarios también mostraron variaciones positivas. Los derechos arancelarios a la importación totalizaron $32.3 millones, con un aumento del 11 %, mientras que los impuestos selectivos al consumo alcanzaron $24.5 millones, con un crecimiento del 6.7 %. En este último caso, se observaron incrementos en categorías como cigarrillos y bebidas no carbonatadas.
Asimismo, los ingresos por otros impuestos y gravámenes diversos sumaron $11 millones, con un incremento del 14.6 %, destacando el aporte de la transferencia de bienes raíces y otros cargos asociados.
En el caso de las contribuciones especiales, estas alcanzaron $7.7 millones, con un crecimiento moderado del 12.8 %, impulsadas principalmente por los fondos destinados al transporte público.
Mientras que los ingresos no tributarios registraron una leve disminución, al ubicarse en $25.6 millones. No obstante, algunos componentes como las contribuciones al seguro social mostraron incrementos relevantes.
Este desempeño en la recaudación se enmarca en la estrategia fiscal del Gobierno, que ha apostado por la modernización de los procesos tributarios. Entre las principales medidas destacan la implementación de la facturación electrónica, el Plan Antievasión y Anticontrabando, y la ampliación de la base tributaria.
En este contexto, el ministro de Hacienda, Jerson Posada, ha subrayado que los principales ingresos del Estado seguirán proviniendo del IVA y del impuesto sobre la renta. Para 2026, se estima recaudar $4,060.4 millones en concepto de IVA y $3,500 millones por ISR, sin necesidad de aumentar impuestos ni crear nuevas cargas tributarias.
«Estos dos grandes tributos son los que alimentan, en su mayor proporción, el presupuesto de ingreso de la Nación para el 2026», afirmó el funcionario, quien también destacó que el presupuesto no contempla nuevos impuestos ni gravámenes a las remesas.
El Gobierno también proyecta ingresos tributarios por $8,349 millones para este año, en el marco de un presupuesto sin brecha fiscal por segundo año consecutivo. Según Hacienda, el crecimiento en la recaudación responde a una mayor eficiencia administrativa y al dinamismo económico esperado.
Con este inicio de año, El Salvador consolida una tendencia positiva en sus ingresos fiscales, lo que fortalece su capacidad para financiar programas sociales, inversión pública y proyectos estratégicos orientados al desarrollo económico del país.
Ubicado en el distrito de Ilopango, en San Salvador Este, el Parque Recreativo Apulo se encuentra en un proceso de remodelación con el busca mejorar la experiencia de los visitantes a través de la oferta de una infraestructura de primer nivel.
Sin adelantar una fecha, la presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), Eny Aguiñada, indicó que las puertas de este parque recreativo estarán listas para atender a todos los turistas que quieran visitarlo durante la Semana Santa 2026, prevista entre el 29 de marzo y 5 de abril.
«Vamos a estar listos en Semana Santa», indicó la funcionaria, al tiempo que aclaró que la inauguración prevista para este 2 de marzo se reprogramó para finalizar detalles necesarios para ofrecer un espacio de primer nivel.
Apuntó que entre las diferencias que ofrecerá el parque está la habilitación del área de restaurantes con espacios cómodos donde las arrendatarias históricas del lugar continuarán ofreciendo ricos platillos.
Además, con miras a obtener el sello de Family Friendly, el lugar contará con un espacio de lactancia, y enfermería.
«Nuestro compromiso es entregar un espacio en óptimas condiciones, seguro y listo para que todas las familias disfruten como se lo merecen», afirmó Aguiñada.
También anunció que con las nuevas condiciones de seguridad y mejoras en la iluminación se ampliará los horarios de atención, los cuales serán desde las 8 a.m. hasta las 8 p.m.
«En esta ocasión, los equipos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) están trabajando en esta renovación total del Parque Recreativo Apulo, y sin duda será un espacio digno», añadió.
Subrayó que, además de las mejoras de la infraestructura, las condiciones de seguridad con las que cuenta El Salvador fortalecen el atractivo de Apulo, antes ensombrecido por la violencia circundante que no permitía que los visitantes disfrutaran de su belleza.
«Nuestro parque Apulo siempre se vio afectado por el tema de pandillas, no era un lugar seguro para tener una sana recreación para las familias salvadoreñas, pero está es una realidad ha cambiado», refirió.
La presidenta también hizo hincapié en que el Gobierno continúa con sus esfuerzos de reforzar la infraestructura turística de El Salvador.
«El Gobierno del presidente Nayib Bukele continúa con la renovación e inversión en todos los parques nacionales administrados por el ISTU», dijo.
Muestra de ello son las recientes mejoras y espacios recreativos como la Puerta del Diablo, la Costa del Sol, la Terminal Turística de San Sebastián, entre otras.
La comisión de hacienda y especial del presupuesto de la Asamblea Legislativa emitió el lunes 2 de marzo un dictamen favorable al expediente 578-2-2026-1 que contiene la iniciativa del Ejecutivo, por medio del Ministerio de Hacienda, para que se reforme la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas.
Dicha iniciativa plantea la necesidad de adoptar medidas encaminadas al fortalecimiento de un intercambio comercial basado en el respeto de los principios y derechos en el ámbito del mercado laboral internacional en materia de trabajo forzoso, obligatorio y trabajo infantil.
En ese sentido, la comisión acordó emitir el dictamen favorable 191, el cual indica que es «oportuno» efectuar los cambios solicitados, y que fueron justificados por personal del Ministerio de Hacienda.
«En atención a lo antes expuesto esta comisión, luego del análisis correspondiente, estima que la iniciativa es procedente para que puedan cumplirse los fines previstos, por lo que se emite dictamen favorable, para lo cual, se adjunta al correspondiente proyecto de decreto», establece el dictamen emitido ayer por la comisión.
Luis Manuel Córdova, jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Aduanas, explicó que la modificación conlleva la incorporación a la normativa aduanera del artículo 27-A.
«La propuesta tiene por objeto establecer que para las importaciones de mercancías que se realizan en el país se va a requerir la presentación de una declaración jurada conforme al formato que establezca la Dirección de Aduanas en el que se consigne que los bienes que se están importando no han sido fabricados, total o parcialmente, bajo mecanismos de trabajo forzoso o que exijan trabajo infantil», dijo Córdova.
Agregó que la declaración será consignada en declaraciones de importación y que, en caso de duda de la información, el artículo faculta para exigir documentación adicional y verificar que las mercancías no hayan sido fabricadas o sometidas a cualquier tipo de operación que vulnere derechos o que no sea consecuente con la erradicación de trabajo forzoso e infantil.
