Judicial
Denuncian al «Monstruo de Soyapango»por agredir a una niña de 5 años
Policía detiene a hombre que agredió sexualmente a niña de 5 años
En el municipio de Soyapango, policías de la Sección de Emergencia 911, detuvieron a un hombre a quien se le acusa de haber agredido sexualmente a una menorcita de 5 años, según el relato hecho por la niña a su madre, luego de que esta encontrara evidencias en aquel frágil cuerpo.
El hombre ha sido identificado por las autoridades como Gumercindo Antonio Centeno Delgado de 30 años, quien es acusado del delito de agresión sexual en menor e incapaz, en perjuicio de la niña, quien es representada legalmente por su madre.
De acuerdo al informe de las autoridades, fue la madre de la niña quien descubrió la agresión sexual de la que había sido víctima su hija, por lo que decidió llevarla a la unidad comunitaria de Salud Familiar del municipio de Soyapango; lugar donde fue detenido el agresor.
Los policías del 911 llegaron hasta dicho centro de salud para verificar el problema de agresión en contra de la infante, donde de forma inmediata detuvieron a Centeno Delgado y será acusado de ese delito, previsto y sancionado en el artículo 161 del Código Penal.
Tanto la niña como su madre fueron trasladadas por el personal policial al Centro de Atención a la Niñez Victima en Crisis (CENI) de la PNC, donde se les brinda la atención adecuada, de acuerdo al protocolo a seguir en estos casos, según las autoridades.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
