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COVID-19 afecta a 82 periodistas salvadoreños
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), informó que un total de 82 periodistas se han contagiado de covid-19 mientras cubren conferencias de prensa y sucesos durante la pandemia.
Por ello, la asociación periodística hizo un llamado a las empresas a proteger de su personal, e instó a los periodistas a modificar la dinámica y protegerse durante sus coberturas, además de denunciar en caso de que no se les brinden los insumos necesarios.
Los datos recopilados entre el pasado 20 de junio y el 13 de julio, revelan que al menos cuatro departamentos concentran los contagios de covid-19 en el gremio periodístico. San Salvador reporta 49 casos; San Miguel registró 31 profesionales contagiados; y Santa Ana y La Libertad con un caso cada uno.
La presidenta de la gremial, Angélica Cárcamo, expresó a través de su cuenta “Desde el inicio de la pandemia hemos realizado campañas educativas en redes sociales, talleres de bioseguridad y entrega de mascarillas a periodistas de diversos medios a nivel nacional. Lamentablemente son algunas empresas que no desean actuar 1/2”
Al mismo tiempo dijo “Por más llamados de atención, hay medios que apenas dan una mascarilla a sus empleados para la semana, hay otros a los que no les han dado. Ya hemos denunciado el hecho pero el Ministerio de Trabajo no está verificando, presentadores de televisión son los que menos cumplen”.
Hasta el momento se registran tres muertes de periodistas.
- El 21 de junio se registró la primera víctima mortal en el gremio, el productor ejecutivo del Noticiero Hechos, Eduardo Navas.
- El 23 de junio murió Ronald Cardoza, encargado de Comunicaciones y Publicaciones del Centro Monseñor Romero (CMR) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
- El 1 de julio falleció el fotoperiodista Franklin Américo Rivera Martínez, de 52 años de edad, luego de sufrir complicaciones debido a la infección del nuevo coronavirus
Según datos oficiales del Gobierno, en los últimos 13 días se han registrado más de 200 contagios diarios, siendo el lunes 13 el día de más registros, con un total de 325 casos positivos y 11 muertes.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
