Nacionales
Capturan a 11 personas que intentaban reorganizar la pandilla 18S en Ahuachapán
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, informó este jueves sobre la captura de once personas —entre ellas, tres menores de edad— que presuntamente intentaban reorganizar la estructura criminal de la pandilla 18-Sureños en el departamento de Ahuachapán.
Las detenciones fueron posibles gracias a un trabajo coordinado entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada, como parte de las acciones del régimen de excepción. Entre los capturados se encuentran Rafael Antonio Vanegas Girón, Sandra Yanira Castro, María Cecilia Cuéllar, Daniel Alexander Chávez Núñez, Iván Leonel Rivera Martínez, Gabriela Beatriz Morán González, Luis Enrique Ramos Dávila, Mario Eduardo Ábrego García, así como los menores identificados únicamente como Cristopher A., Anderson V. y Brandon S.
“La guerra contra pandillas continúa hasta erradicar por completo este cáncer, y sepan que cualquier intento de reorganizarse para seguir dañando a nuestra sociedad será neutralizado”, declaró el ministro Villatoro. Agregó que “en este país ya no tienen cabida” y aseguró que el Estado continuará actuando con firmeza ante cualquier amenaza de este tipo.
De manera paralela, Villatoro también detalló que en los últimos días se realizaron otras 48 capturas, entre ellas 14 menores de edad, vinculados a la estructura criminal conocida como “La Raza Estudiantil”, una organización que, según las autoridades, buscaba reactivarse con jerarquías y planes criminales definidos.
Los jóvenes detenidos eran estudiantes activos del Instituto General Francisco Menéndez (Inframen), el Instituto Nacional Albert Camus y el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI). La investigación reveló que algunos ya ostentaban cargos dentro de la estructura y coordinaban actividades delictivas entre compañeros.
El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, afirmó que este tipo de fenómenos serán enfrentados con toda la rigurosidad de la ley. “Nadie, sin importar su edad, condición social o nivel educativo, está por encima de la ley”, subrayó.
Delgado reiteró que la Fiscalía continuará actuando con contundencia frente a cualquier forma de criminalidad, especialmente aquellas que buscan corromper a la juventud salvadoreña. “No podemos cometer los errores de administraciones pasadas”, enfatizó.
Principal
Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín
El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.
El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.
Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.
Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.
Principal
Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, no ha tardado en expresarse de las nuevas reformas aprobada en la Asamblea Legislativa en la que se permite cadena perpetua a pandilleros, asesinos y violadores.
Ortiz reiteró que el aumento de años a una condena no da justicia a las víctimas.
Además cree que está reforma puede traer «problemas» para las personas que son procesadas por tres delitos mencionados anteriormente.
Claudia Ortiz fue la única que votó en contra de la reforma al artículo 27 para condenar a cadena perpetua a pandilleros, violadores y asesinos.
