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15 y 20 años de cárcel para pandilleros acusados de homicidio agravado
El Tribunal 2º de Sentencia de Santa Ana emitió un veredicto de carácter condenatorio contra Nelson Vladimir Guerrero Galán, de 42 años, y Jonathan David Sandoval Ortiz, de 22, por el delito de homicidio agravado, regulado en el Artículo 128 en relación con los Artículos 129, numeral 3, del Código Penal, en perjuicio de la vida del señor Miguel Ángel Soriano, relacionado como Miguel Ángel Serrano, de 64 años de edad, un jornalero oriundo del cantón Planes de la Laguna, en Santa Ana.
Durante el fallo, la jueza declaró responsables penalmente a los imputados, luego de haber realizado una valoración conjunta de la prueba desfilada en el juicio, por lo que a Guerrero Galán le impuso la pena de 20 años de prisión como autor directo del crimen; y a Sandoval Ortiz por ser cómplice no necesario lo condenó a cumplir 15 años de prisión. A ambos también se les aplicó la pena accesoria de la inhabilitación absoluta de pérdida de los derechos de ciudadano por igual período que la pena principal impuesta a cada imputado.
El hecho ocurrió el 24 de abril del año 2017, en horas del mediodía, según consignó el testigo bajo régimen de protección con clave “Miriam”, quien testificó que el día del asesinato iba caminando por una vereda al interior de la finca La Bendición, en el cantón Planes de la Laguna, en Santa Ana, cuando observó a los incoados, escuchando que discutían con la víctima. Esta última les pedía que se calmaran, puesto que Guerrero Galán le apuntaba con un arma de fuego, mientras Sandoval Ortiz brindaba vigilancia en el lugar.
Posteriormente, el incoado que portaba el arma de fuego le disparó a la víctima entre seis y ocho veces en diferentes partes del cuerpo y luego ambos sujetos huyeron.
Durante la vista pública, la Fiscalía presentó prueba testimonial, pericial y documental que a la jueza le merecieron total credibilidad y certeza positiva de que ambos sujetos participaron en el homicidio de la víctima, quien según autopsia falleció a consecuencia de un trauma cráneo encefálico severo, producido por proyectil disparado por arma de fuego.
La alcaldía de La Libertad Norte se encuentra desarrollando diversos proyectos sociales en beneficio de la población, aseguró el jefe municipal Jorge Escamilla.
Explicó que algunos de esos proyectos son destinados a las personas de la tercera edad, así como a jóvenes y niños a través de actividades en educación musical y baile. Además, sigue el otorgamiento de becas.
«Uno de los programas sociales es el programa municipal de becas, en el que tengo a cerca de 120 chicos becados, entre jóvenes de bachillerato y universidades privadas. También podemos destacar está la creación de la banda municipal, en donde tenemos un semillero de talentos, y la escuela de ballet que tiene un poco más de 100 niñas formándose. Y las atenciones médicas a domicilio a personas de la tercera edad», detalló Escamilla.
En cuanto al otorgamiento de becas, señaló que muchos jóvenes de bachillerato que son beneficiarios viven en zonas alejadas, por lo que se les brinda apoyo que cubre los pasajes, documentos y alimentación.
Respecto a la escuela de música, explicó que los niños y jóvenes que la integran posteriormente pasan a ser miembros de la banda municipal, en la que «no solamente les enseñamos a hacer sonar un instrumento, sino que les enseñamos solfeo, leer notas musicales».
Con el programa del médico a domicilio se brinda atención a aquellos residentes de La Libertad Norte que ya no pueden salir de casa.
«Tenemos comités de adulto mayor en cada comunidad; ellos identifican casos de vulneración de derechos, que necesitan víveres o que necesitan atención médica», indicó.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
