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«Nosotros no tenemos nada que ver con esta guerra»: Las palabras de la esposa de un líder social colombiano que fue secuestrado y asesinado
El cuerpo de un líder social colombiano asesinado fue hallado un día después de que su esposa denunciara a través de un video que había sido secuestrado por hombres armados en el municipio Tame, en el departamento de Arauca, donde la violencia se ha recrudecido desde comienzos de año.
El homicidio de Hermán Naranjo Quintero, líder social afiliado a la Junta de Acción Comunal de Corocito, fue confirmado por la Defensoría del Pueblo, que publicó en su cuenta de Twitter que el día anterior había sido «retenido por grupos armados ilegales» en una zona rural de ese municipio.
El secuestro del líder social fue informado por su esposa, Edalid Carrillo, en un video que circuló en las redes. En su angustioso relato, afirmaba que unas personas se acaban de llevar a su pareja. «Le pedimos que por favor le respeten la vida», dijo.
«Nosotros no tenemos nada que ver con esta guerra, solamente somos trabajadores y él es comerciante», agregó Castillo, quien estaba acompañada por un adolescente y una niña pequeña.
En la corta grabación, manifestó que su esposo padecía de diabetes y le pidió ayuda a la Defensoría del Pueblo y a las organizaciones de defensa de los derechos humanos «para que vuelva a casa nuevamente».
Según el registro del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que también informó sobre este asesinato en su cuenta en las redes, Naranjo Quintero es el décimo sexto líder social ultimado en lo que va de año.
La retención ilegal del luchador social también había sido anunciada por la Comisión de Paz del Senado colombiano, que se había trasladado a Arauca a principios de esta semana, donde realizó una sesión junto a la Procuraduría y la Fiscalía.
Violencia desbordada en el Arauca
Durante su visita, los senadores hablaron sobre el aumento de la violencia en la zona y los organismos públicos recogieron testimonios sobre el desplazamiento masivo en los municipios de Arauquita, Fortul, Tame y Saravena, donde desde principios de año se registran enfrentamientos de grupos armados ilegales que ya han dejado al menos 66 asesinatos y 1.200 desplazados.
Para la Defensoría, lo ocurrido en Arauca es una «crisis humanitaria» y tildó de «preocupante el panorama» que genera la confrontación armada entre el Ejército de Liberación Nacional y las facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Además, recordó que todos los municipios de ese departamento tiene «advertencia de riesgo» por la presencia de estos grupos armados.
Según su balance, 51 excombatientes en proceso de reincorporación fueron desplazados en el Arauca y fueron confinadas 130 familias de la comunidad indígena Macaguán, en el resguardo El Vigía, en Arauquita. Del mismo modo, 344 exguerrilleros de las FARC se declararon en confinamiento y hay riesgo de que a 319 familias indígenas les ocurra lo mismo.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, ratificó su «llamado vehemente» para que se aplique el Derecho Internacional Humanitario y se proteja a la población civil. «Es importante que toda la institucionalidad del Estado vuelque sus ojos y sus acciones a Arauca», agregó.
Las beneficiarias son la estadounidense Chevron, la italiana Eni, la española Repsol y las británicas BP y Shell.
«Todas las transacciones» de esas compañías que tengan que ver con el sector petrolero venezolano quedan autorizadas, así como los contratos para «nuevas inversiones en el sector del petróleo y el gas» para todas las compañías interesadas en abrir negocios en el país sudamericano.
Estas dos nuevas licencias suponen un importante paso adelante en la total apertura del sector petrolero venezolano, sometido a sanciones de Estados Unidos desde 2019.
Con el derrocamiento el 3 de enero del presidente Nicolás Maduro, que fue sacado del país por fuerzas especiales estadounidenses, Washington anunció inmediatamente que solo iba a permitir las exportaciones de crudo del país sudamericano bajo su control directo.
Estados Unidos aplicaba ya desde diciembre un bloqueo a las exportaciones que Venezuela llevaba a cabo mediante «buques fantasma», sometidos a sanciones.
El nuevo gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez se avino rápidamente a negociar con el presidente Donald Trump, y en especial con el secretario de Estado, Marco Rubio, que supervisa directamente la situación.
Caracas aprobó una nueva ley de hidrocarburos que reforma sustancialmente las limitaciones a la inversión exterior, tras años de polémicas por contratos incumplidos, demandas ante instancias internacionales y restricciones a las multinacionales.
Chevron era la única compañía estadounidense que explotaba, aunque con dificultades, el crudo venezolano mediante una licencia de Estados Unidos para contratos muy específicos con la empresa nacional venezolana, PDVSA.
Estas dos nuevas licencias se unen a otras nuevas autorizaciones para comprar equipamiento e instalarlo en Venezuela, negociar contratos con puertos y aeropuertos, y otras medidas que facilitan la inversión en el sector, muy decaído.
Internacionales
La policía dispara a un hombre que empuñaba un cuchillo en el Arco del Triunfo en París
La policía francesa disparó este viernes a un hombre que empuñaba un cuchillo bajo el Arco del Triunfo después de que amenazara a gendarmes en el famoso monumento parisino, informó una fuente policial a AFP.
El sospechoso, que amenazó a los gendarmes presentes en el lugar para la ceremonia de reencendido de la llama en la tumba del soldado desconocido, fue hospitalizado tras recibir varios disparos, añadió la fuente.
La fiscalía nacional antiterrorista anunció que se hizo cargo del caso y abrió una investigación.
El hombre, residente en un suburbio al norte de París, estaba en el radar de las autoridades, afirmó una fuente cercana al caso que pidió mantener el anonimato.
Según la gendarmería, el agresor hirió levemente con el cuchillo a uno de los oficiales que formaban parte de la guardia de honor antes de que otro gendarme abriera fuego contra él.
La fiscalía de Perú inició el viernes una investigación preliminar por el presunto «delito de tráfico de influencias agravado» al presidente interino José Jerí por su supuesta intervención en la contratación irregular de nueve mujeres en su gobierno, informó a la AFP el Ministerio Público.
La indagación es la segunda que le abre la fiscalía al gobernante y se produce cuando el Congreso recolecta firmas para debatir una moción de destitución por «inconducta funcional y falta de idoneidad» para ejercer el cargo.
«La Fiscalía de la Nación inició investigación preliminar al presidente José Jerí por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado peruano», indicaron a la AFP fuentes del Ministerio Público.
El presidente peruano, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre esta investigación, será interrogado por el fiscal general Tomás Gálvez «el 2 de marzo a las 14H30», según el documento del caso difundido por la prensa limeña y al cual accedió la AFP
La indagatoria tiene como objetivo determinar «si el mandatario ejerció influencias indebidas en estas designaciones».
Las contrataciones se realizaron entre octubre y enero, según el Ministerio Público
El caso se conoció luego de que el programa periodístico de televisión Cuarto Poder informara que cinco jóvenes fueron contratadas en el despacho presidencial y en el ministerio del Ambiente tras visitar a Jerí entre octubre y noviembre.
La presidencia peruana calificó hace una semana como un «uso malintencionado y tendencioso» la información divulgada. Denunció además que las investigaciones periodísticas atentan contra «la dignidad y el buen nombre» de las trabajadoras involucradas.
Esta nueva investigación es la segunda de la fiscalía contra Jerí luego que en enero se abrió una por el presunto delito de «patrocinio ilegal de intereses» tras una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno.
Perú celebrará elecciones generales en abril. El país sudamericano vive una prolongada crisis política en la que ha tenido siete mandatarios desde 2016.
