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Mujer indigente fue quemada viva en Jalisco tras intento de abuso sexual
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Nuevamente una mujer fue quemada viva en Jalisco, convirtiéndose en la tercera en sufrir este tipo de agresión en las últimas semanas. En el más reciente caso la víctima vivía en situación de calle y su agresor también intentó abusar sexualmente de ella.
Según la Fiscalía del Estado (FE) el suceso ocurrió la noche del domingo 7 de agosto en Guadalajara, y es investigado por la Unidad Especializada en Investigación de delitos contra de Mujeres y delitos en razón de Género, bajo el protocolo establecido de perspectiva de género.
La dependencia detalló que el agresor se acercó a la víctima y tocó sus partes íntimas, por lo que la mujer reaccionó negándose a ello, lo que provocó que el sujeto le arrebatara un solvente que traía, se lo rociara en el cuerpo y le prendiera fuego.
Una vez cometida la terrible agresión, el sujeto se marchó del lugar dejando a la víctima en llamas.
Al lugar arribaron Servicios Médicos Municipales, quienes trasladaron a la mujer al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde para su atención médica. De acuerdo con información de la Comisaría local, la víctima de aproximadamente 24 años, resultó con quemaduras de segundo grado en el cuello, la espalda y las vías respiratorias.
Mediante un comunicado la Fiscalía estatal informó que ya hay una persona detenida por estos hechos, como presunto responsable de la agresión a la mujer.
Cabe señalar que se trata del tercer ataque de este tipo en un mes. La primera agresión fue contra Luz Raquel Padilla, mujer que fue quemada viva en un parque de Zapopan, cuyo caso destapó la omisión de las autoridades ante las denuncias que realizó de amenazas y ataques por parte de un vecino, quien se molestaba por el ruido que hacía el hijo autista de la víctima.
El segundo caso ocurrió en un albergue en Tonalá, donde una niña de 11 años fue rociada con alcohol y después quemada. Además, en todo el país se registraron 47 casos de mujeres quemadas vivas en el primer semestre de 2022.
Cuatro personas con «experiencia operativa» están involucradas en el doble asesinato de funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, confirmaron la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). El ataque fue planificado, aseguraron las autoridades.
La investigación apunta a que el tirador, captado en las cámaras de videovigilancia, esperó a que los servidores públicos Ximena Guzmán y José Muñoz estuvieran juntos para cometer el delito el 20 de mayo sobre la Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez.
Una vez que las víctimas abordaron el vehículo con el que se disponían a realizar su jornada laboral, el agresor se colocó de frente y disparó con un arma de fuego contra ellas. Las heridas de bala en sus cráneos y tórax les causaron la muerte de inmediato.
Ocho casquillos calibre 9 mm fueron encontrados en la zona del ataque, y de acuerdo con la Fiscalía, el arma no está vinculada a otros delitos. Con apoyo de otras tres personas, el pistolero logró darse a la fuga en una motocicleta.
Además, los involucrados cambiaron de vehículo en dos ocasiones para abandonar el perímetro de la ciudad. Los números de serie fueron alterados y tienen reporte de robo, detalló la Fiscalía. «Los indicios confirman que el ataque fue directo, ejecutado con un alto grado de planeación y experiencia operativa», destacaron.
Sin embargo, las autoridades todavía no tienen una «hipótesis concluyente sobre el móvil del crimen ni sobre posibles autores intelectuales». Por ello, se mantienen abiertas «todas las líneas de investigación», explicaron.
«Puedo asegurarles que estamos agotando todos los recursos y las líneas de investigación para que estos hechos […] no queden impunes», detalló la fiscal general, Bertha Alcalde Luján. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada si incrementará sus medidas de seguridad en actos públicos ante estos crímenes.
«No, no tenemos pensado», respondió en su conferencia matutina de ayer. La mandataria también negó que haya recibido denuncias de amenazas de algún funcionario.
De enero a abril, en la Ciudad de México hubo 316 víctimas de homicidio doloso, detalla el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Rusia anunció el viernes que canjeó 270 militares y 120 civiles capturados con Ucrania, en un intercambio acordado con Kiev en las conversaciones de Estambul la semana pasada.
«270 militares rusos y 120 civiles (…) fueron devueltos. A cambio, fueron entregados 270 prisioneros de guerra del ejército ucraniano y 120 civiles», informó el Ministerio de Defensa ruso en Telegram.
Por otra parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmó el viernes que su país repatrió a 390 personas en la primera fase de un intercambio de prisioneros a gran escala con Rusia, que durará varios días.
«La primera fase del acuerdo de intercambio ‘1.000 por 1.000’ concluyó» con la repatriación de «390 personas», declaró en X. «Esperamos que el intercambio continúe el sábado y el domingo», añadió Zelenski.
Se trata de la segunda condena contra el exfuncionario en ese país, luego de que en octubre pasado fuera sentenciado a 39 años de cárcel por proteger al cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos, tras un juicio en el que testificaron antiguos miembros del grupo criminal.
El nuevo fallo corresponde a una demanda civil que presentó México en septiembre de 2021 contra García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra, a quienes acusa de conformar una «red de corrupción y lavado de dinero» que abarcó decenas de contratos públicos. Las operaciones de blanqueo se ejecutaron en Estados Unidos.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), brazo antilavado del gobierno, dijo en un comunicado que «la sentencia equivale a tres veces la cantidad de dinero por la que el gobierno de México los demandó originalmente», conforme a la ley de Florida, donde se llevó el caso.
García Luna, de 56 años, fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno del presidente conservador Felipe Calderón (2006-2012).
El exfuncionario fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas. Vivía desde 2012 en Estados Unidos.
El gobierno mexicano ha dicho que un conglomerado empresarial familiar de García Luna obtuvo 30 contratos con varios organismos de seguridad pública, a partir de los cuales se extrajeron recursos por un monto de 745,9 millones de dólares.
En marzo de 2023, la UIF señaló que los fondos «fueron transferidos al extranjer» mediante la utilización de paraísos fiscales y la adquisición de bienes y otros activos en el estado de Florida.
