Internacionales
Masacre de jovencitos, al menos 8 fueron asesinados por un grupo armado
En Colombia, al menos ocho jóvenes fueron masacrados por desconocidos en el departamento colombiano de Nariño, fronterizo con Ecuador, tan solo días después de que cinco adolescentes fueran asesinados en otra matanza en Cali, principal ciudad del suroeste del país.
La denuncia la hizo este domingo el gobernador de Nariño, Jhon Rojas, quien señaló en sus redes sociales que una “incursión de hombres armados” en una zona rural del municipio de Samaniego dejó “nueve personas asesinadas y otras heridas”.
La matanza fue perpetrada en la vereda (aldea) de Santa Catalina donde, según versiones extraoficiales, los jóvenes estaban en una casa de campo.
El gobernador aseguró que la presencia de grupos armados en el departamento viola el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y “sume en el terror a comunidad”, por lo que hizo un llamado: “No al derramamiento de sangre en Nariño“.
Esta fue la finca donde desconocidos masacraron a 8 jóvenes en hechos ocurridos en zona rural de Samaniego-Nariño, dos jóvenes más que estaban desaparecidos fueron encontrados sanos y calvos, exclusivo telepacifico noticias, canal 104 Nariño tv, fm noticias 88.1 pasto pic.twitter.com/dg5rDYoZPQ
— wisfa (@viracachapava) August 16, 2020
“Nuestras condolencias a los familiares de los ocho jóvenes asesinados anoche en Samaniego, también a la familia de una adolescente ultimada en horas de la mañana. Registramos en dos meses más de 20 homicidios en Samaniego”, expresó Rojas.
El presidente colombiano, Iván Duque, condenó la masacre y aseguró que desde esta madrugada el Ejército y la Policía están en el lugar investigando lo sucedido.
Ante ello el ejército precisó que en la madrugada de este domingo el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía Judicial trasladaron los cadáveres desde el lugar de la masacre hasta la cabecera de Samaniego, donde determinarán las circunstancias de la matanza.
“La fuerza pública, en un trabajo coordinado e interinstitucional, a esta hora mantiene las operaciones militares en el sector para proteger a la comunidad y apoyar a los entes judiciales”, agregó la institución en un comunicado.
En Nariño operan distintos grupos armados ilegales, desde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC hasta numerosas bandas dedicadas al narcotráfico.
SEGUNDA MASACRE EN CINCO DIAS
La masacre perpetrada la noche del sábado en Samaniego es la segunda en menos de una semana en Colombia luego de que el pasado martes fueran asesinados cinco menores, todos de entre 14 y 15 años, en un cañaveral ubicado detrás del barrio Llano Verde, en Cali, capital del Valle del Cauca.
Para investigar ese múltiple crimen fueron designados tres fiscales especializados en homicidios, 25 funcionarios del CTI y otros cinco expertos, según la Fiscalía.
El asesinato de esos cinco jóvenes, que fueron acribillados y encontrados con signos de tortura, generó el repudio de los colombianos que exigieron justicia.
El siniestro arrasó el lunes los edificios de una agencia de decoradores y una empresa de comida rápida, detalló a la AFP el ministro del gobierno del estado de Bengala Occidental a cargo de los bomberos, Sujit Bose.
«El incendio se declaró a primera hora de la mañana y sorprendió a quienes dormían en el edificio, antes de propagarse rápidamente a otro inmueble», explicó.
El balance del siniestro sigue siendo provisional, prosiguió Bose, ya que el viernes las familias de 27 personas seguían sin noticias de sus seres queridos.
El director de los servicios locales de emergencia, Ranvir Kumar, señaló que los edificios destruidos no estaban equipados con todos los dispositivos de seguridad exigidos por la ley.
Los incendios son frecuentes en India, debido al mal estado de las infraestructuras y a normas de seguridad y evacuación que no siempre se aplican.
En el atraco, los ladrones utilizaron gas pimienta para hacerse con el dinero alrededor de las 21H30 locales (12H30 GMT) del jueves cerca de la estación de Ueno, una zona muy popular entre los turistas, dijo a la AFP una portavoz de la policía capitalina bajo anonimato.
La vocera se negó a dar más detalles, pero la prensa japonesa asegura que las víctimas fueron cinco ciudadanos chinos y japoneses que intentaban subir a un vehículo las maletas, con unos 420 millones de yenes (2,7 millones de dólares) en su interior.
Aún no está claro por qué el grupo llevaba consigo tal cantidad de dinero.
La cadena Fuji Television informó que las víctimas dijeron a los investigadores que el efectivo iba destinado a casas de cambio.
En otros hechos, un hombre con 190 millones de yenes en efectivo (1,2 millones de dólares) también fue atacado con un espray de gas pimienta por tres hombres en la madrugada del viernes en un estacionamiento del aeropuerto Haneda de Tokio, según los medios.
La policía está investigando la relación entre los dos ataques, reportó la cadena TBS
Un cierre parcial del gobierno de Estados Unidos parece inminente, después de que un proyecto presupuestario fracasara en el Senado en medio de la indignación demócrata por las muertes de manifestantes contrarios a las redadas antinmigrantes ordenadas por Donald Trump.
La oposición expresó así su indignación por el asesinato en Mineápolis de dos personas que se manifestaban contra la política migratoria del presidente.
El fracaso en la aprobación de un paquete de gasto compuesto por seis proyectos de ley destinados a financiar más de tres cuartas partes del gobierno federal hace casi imposible evitar un cierre parcial a partir del sábado.
De todos modos, los demócratas y la Casa Blanca seguían buscando frenéticamente un acuerdo de última hora.
Sería el segundo cierre o «shutdown» -cuando la financiación de todo o de diferentes áreas del gobierno estadounidense se congela temporalmente- desde que Trump asumió nuevamente la presidencia hace un año.
Los demócratas habían prometido bloquear la medida a menos que se separara y renegociara la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para incluir salvaguardas sobre la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la agencia de seguridad pública mejor financiada de Estados Unidos.
El ICE, encargado de las redadas antinmigrantes con fines de deportación, está en la picota por las muertes de manifestantes en Mineápolis.
Falta de acuerdo
La situación dejó a los 53 republicanos de la cámara cortos en votos: necesitaban 60 voluntades para que la legislación avanzara hacia su aprobación final.
Ahora Washington se prepara para otro cierre disruptivo de servicios a la medianoche del viernes.
«Lo que está haciendo ICE (…) es brutalidad avalada por el Estado y debe detenerse. Y el Congreso tiene la autoridad -y la obligación moral- de actuar», dijo el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, antes de la votación.
Una modesta rebelión republicana se unió a los demócratas.
Debido a las normas vigentes en el Senado, se necesitan 60 votos de 100 para aprobar un texto presupuestario, y los republicanos, aunque tengan la mayoría, necesitarían el apoyo de varios miembros de la oposición para poder aspirar a sacar adelante su propuesta de presupuesto. Los números no les alcanzan.
Los demócratas han explicado que están dispuestos a aprobar cinco de los seis apartados del texto, pero quieren separar el último -que concierne al DHS- para debatir las reformas que desean que se implementen.
Dado que la Cámara de Representantes había aprobado los seis apartados en un solo bloque, separar el DHS del texto implicaría de facto una paralización a medianoche del viernes al sábado, ya que la cámara baja tendría que votar de nuevo la versión aprobada por el Senado.
El «shutdown» podría ser de corta duración. En un consejo de ministros el jueves, Trump dijo a la prensa que esperaba que se encontrara un compromiso con la oposición para evitar una parálisis.
Si la financiación caduca, cientos de miles de empleados públicos podrían ser enviados a casa u obligados a trabajar sin paga.
En tanto, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió el jueves «moderación» a las autoridades hacia los manifestantes en Estados Unidos, tras las muertes de dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra redadas en Mineápolis.
