Internacionales
Maryland y Missouri aprueban legalizar la marihuana
Maryland y Missouri votaron el martes a favor de aprobar el uso recreativo de marihuana, mientras que Arkansas y Dakota del Norte lo rechazaron. Los resultados mostraron un apoyo gradual a la legalización incluso en partes conservadoras de los Estados Unidos.
Tras las votaciones, 21 estados han autorizado el consumo recreativo del cannabis. Los votantes en Dakota del Sur también se pronunciaron sobre el asunto, aunque el resultado aún no estaba claro el miércoles por la mañana.
Los defensores de las medidas dijeron que los referendos enviaban un mensaje a los legisladores en Washington sobre el apoyo a la legalización en todo el país.
«Un creciente número de votantes reconoce que la reforma legal del cannabis va en interés de la salud pública y la seguridad, la reforma de la justicia penal, la igualdad social y la libertad personal», afirmó en un comunicado Toi Hutchinson, presidente y director general del Marijuana Policy Project. «Las victorias de la legalización en el nivel estatal son lo necesario para avanzar en el nivel federal».
Las propuestas seguían a las acciones emprendidas por el presidente, Joe Biden, para despenalizar la marihuana. El mes pasado, Biden anunció que indultaría a miles de estadounidenses condenados por posesión simple de marihuana según la ley federal.
Los partidarios de la legalización han dicho que los anuncios de Biden podrían ser un espaldarazo para sus esfuerzos.
Missouri aprobó medidas que legalizaban el consumo a partir de los 21 años y eliminaban la mayoría de antecedentes por detenciones y condenas por delitos no violentos relacionados con la marihuana, salvo la venta a menores y manejar bajo sus efectos.
«Esto demuestra que no es un asunto de partido», dijo John Payne, que lideró la campaña en Missouri a favor de la legalización. «Es algo que trasciende las divisiones partidistas».
Payne dijo que estimaba que las ventas con fines recreativos comenzarían a principios del próximo año en el estado.
Los que se oponían dijeron que trabajarían para limitar la aplicación de la norma en Missouri, por ejemplo colaborando con ciudades y pueblos para que no autorizaran los dispensarios.
«El diablo está en los detalles, y seguiremos muy implicados en la aplicación en Missouri porque no necesitamos otra gran industria del tabaco que perjudique a los niños en Missouri», dijo Kevin Sabet, presidente de SAM Action, un grupo contrario a la legalización.
Maryland también hará cambios en su código penal y eliminará de forma automática los antecedentes pasados por posesión de marihuana.
Hasta el martes, la marihuana con fines recreativos era legal en 19 estados y las encuestas han mostrado una oposición a que se relaje su legalización. Todos los estados que incluyeron la propuesta de legalizar la marihuana para uso recreativo en sus papeletas, salvo Maryland, votaron por Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2020.
Unos 6 de cada 10 votantes están a favor de legalizar el uso recreativo de marihuana en todo el país, según VoteCast, un amplio sondeo a más de 90.000 votantes en todo el país realizado para The Associated Press por NORC en la Universidad de Chicago.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
