Internacionales
Los reyes vuelven a la zona devastada en Valencia tras una caótica primera visita
Felipe VI y Letizia llegaron a la localidad de Chiva, en la región de Valencia, la más afectada por las riadas del 29 de octubre, donde fueron recibidos con aplausos y algún grito de «¡Viva el rey!» por una multitud que los esperaba frente a la alcaldía, constató una periodista de la AFP.
Tras las caóticas imágenes vistas en su primer desplazamiento a la zona, esta nueva visita estuvo rodeada de la máxima discreción y de hecho la Casa Real no comunicó la agenda oficial por adelantado.
Según la prensa española, los reyes acudirán también a otras dos localidades afectadas por las inundaciones que dejaron 227 muertos y más de una decena de desaparecidos: Utiel, en la región de Valencia, y Letur, en la vecina Castilla-La Mancha.
«No me parece mal (que vengan)», pero «tenían que haber venido antes ya, si son la cabeza visible del país», dijo Javier Domínguez, un vecino de 56 años de Chiva, una localidad de 16.700 habitantes al oeste de la ciudad de Valencia que sigue mostrando la huella de la riada, con muchas casas destruidas.
Insultos y barro
El 3 de noviembre, cinco días después del desastre, una comitiva integrada por los reyes, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el jefe del Ejecutivo de Valencia, Carlos Mazón, fue recibida con ira en Paiporta, localidad valenciana considerada el epicentro de la tragedia.
El grupo fue blanco de insultos y gritos de «asesinos» y el lanzamiento de barro, palos y otros objetos, en unas imágenes que dieron la vuelta al mundo.
En medio de la tensión, Sánchez fue evacuado y Mazón se retiró poco después, pero los reyes, con la ropa y el rostro manchados de lodo, lograron dialogar con algunas personas antes de marcharse también.
Tras lo ocurrido, anularon el desplazamiento que tenían previsto para esa misma tarde a Chiva.
Lo que sufrieron los reyes el 3 de noviembre fue una «aberración», estimó María Victoria Sánchez, habitante de 75 años de Chiva, quien opinó que «ellos no tienen culpa de nada, aquí la culpa la tienen los políticos».
Volviendo a la zona del desastre los reyes buscan «cumplir con su promesa», porque «en Chiva había mucha gente que les esperaba», y «estar cerca del pueblo en unos momentos de mucha angustia», estimó a la AFP Vicente Garrido, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia.
A diferencia de hace dos semanas, «los ánimos están más calmados. En aquel momento la gente estaba muy, muy nerviosa. En este momento está la cosa más tranquila, aún con el dolor enorme» producto de la tragedia, dijo Garrido.
También ayuda que los reyes «en lugar de marcharse, se quedaron, se acercaron a la gente (…) Aguantaron el barro que les tiraron a la cara», en «un gesto que ha sido muy valorado», apuntó Garrido, para quien la pareja real «va a salir reforzada» este martes.
Críticas al Gobierno de Sánchez
Debilitado por las críticas a las autoridades regionales por haber reaccionado con lentitud al peligro de las fuertes tormentas, el presidente valenciano, el conservador Carlos Mazón, reconoció «fallos» y pidió «disculpas» el viernes pasado, pero rechazó dimitir y mantuvo las críticas al Gobierno central.
Algunos gritos de «¡Mazón, dimisión!» se escucharon este martes en Chiva, donde el dirigente regional acompañó a los reyes.
El socialista Pedro Sánchez, actualmente en Brasil para la cumbre del G20, tiene previsto informar sobre la gestión de las riadas por parte de su Gobierno el 27 de noviembre en el Congreso español.
El Gobierno central ha «dejado sola» a Valencia y Sánchez no ha dado la cara en el Parlamento desde el desastre, denunció el martes en la radio Cope Alberto Núñez Feijóo, el jefe del conservador Partido Popular, principal formación de oposición, a la que pertenece Mazón.
En España, país muy descentralizado, la gestión de las catástrofes es responsabilidad de las regiones pero el Gobierno central, a cargo por ejemplo de la agencia estatal de meteorología que alerta de posibles eventos potencialmente devastadores, puede poner medios e incluso asumir la gestión en un caso extremo.
Dos ciudadanos salvadoreños con antecedentes penales fueron arrestados recientemente en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), como parte de los operativos que la administración Trump mantiene para retirar de las calles a inmigrantes ilegales con historial violento.
En Dallas, fue detenido Edwin Sagastizado Morán, de 32 años, quien enfrenta condenas previas por robo en Houston, Texas, además de dos delitos graves por reingreso ilegal al país. Mientras tanto, en Houston, se reportó el arresto de Roberto Antonio Caballero García, de 30 años, quien posee una condena por intento de agresión sexuaI contra un menor y otra por escape durante su detención en el condado de Dallas.
El gobierno estadounidense ha señalado que, mientras algunos sectores políticos abogan por la permanencia de inmigrantes con antecedentes delictivos, se mantienen firmes en sus acciones de seguridad para proteger a la ciudadanía y garantizar el cumplimiento de la ley.
Nicaragua se halla bajo sanciones estadounidenses por la represión de las protestas de 2018 contra el mandatario Daniel Ortega, en el poder desde 2007.
Washington considera fraudulenta su reelección en 2021 y le reprocha una ola de detenciones contra opositores, muchos de los cuales se vieron obligados a exiliarse y fueron despojados de su nacionalidad.
«Al conmemorar siete años de la brutal ola de represión del régimen de Ortega y (de la copresidenta Rosario) Murillo contra los manifestantes, reflexionamos sobre el coraje y el deseo de los manifestantes de vivir en una Nicaragua libre de tiranía», afirma el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, en un comunicado.
«Estados Unidos no tolerará que Ortega y Murillo continúen atacando a Nicaragua», añade.
El secretario de Estado anuncia «restricciones de visa a más de 250 funcionarios del régimen de la dictadura nicaragüense», con lo que ya son más de 2.000 los sancionados durante los últimos años por Washington.
A inicios de abril, expertos de la ONU identificaron por primera vez a 54 funcionarios, militares, policías, magistrados y diputados de Nicaragua como responsables de graves «crímenes» de derechos humanos y «represión sistemática».
Esa lista la encabezan Ortega, Murillo, el jefe del Ejército, Julio César Avilés; de la Policía, Francisco Díaz; y líderes del Congreso, la Corte Suprema de Justicia, fiscalía, alcaldías y del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, exguerrilla).
Además el gobierno del presidente republicano Donald Trump acusa a Managua de hacer negocio con la migración.
«La administración Trump no tolerará amenazas a la seguridad de Estados Unidos por parte de un régimen que utiliza la inmigración como arma y posiciona a Nicaragua como un centro para los inmigrantes ilegales que intentan cruzar nuestra frontera», advierte Rubio en la red social X.
Los migrantes atraviesan cada vez más la región utilizando Managua como punto de desembarque para continuar el viaje hacia el norte por tierra.
En 2024, durante el mandato del presidente demócrata Joe Biden, Washington emitió una alerta para notificar a las aerolíneas, operadores de vuelos chárter, agentes de viajes y proveedores de servicios sobre las formas en que las redes de tráfico de migrantes explotan los servicios de transporte para facilitar la migración irregular.
Dos empresas del sector del oro afiliadas al gobierno nicaragüense, COMINTSA y Capital Mining, se hallan asimismo bajo sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Washington anunció este jueves nuevas tarifas portuarias sobre buques construidos y operados por China que atraquen en puertos estadounidenses, en una apuesta por impulsar la industria naval nacional y frenar el dominio del gigante asiático en el sector.
La medida, que se deriva de una investigación iniciada bajo el gobierno anterior de Joe Biden, se conoce cuando Estados Unidos y China están enzarzados en plena guerra comercial por los aranceles del presidente Donald Trump a las importaciones.
«Los buques y el transporte marítimo son vitales para la seguridad económica estadounidense y la libre circulación del comercio», declaró el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en un comunicado.
Según el funcionario, la mayoría de las tasas entrarán en vigor a mediados de octubre.
Bajo las nuevas reglas, se aplicarán tarifas por tonelada o por contenedor, y se cobrarán por cada visita a Estados Unidos, no por cada puerto en el que los buques atraquen.
Se impondrán hasta un máximo de cinco veces al año y los propietarios podrán verse eximidos si hacen un pedido de un buque construido en Estados Unidos.
La industria naviera estadounidense, dominante después de la Segunda Guerra Mundial, ha decaído gradualmente y ahora representa solo el 0,1% de la producción mundial.
Asia domina el sector en la actualidad, con China responsable por la construcción de casi la mitad de los barcos que son lanzados, por delante de Corea del Sur y Japón.
Los tres países asiáticos representan más del 95% de la construcción naval civil, según cifras de la ONU.
Las nuevas tarifas estadounidenses serán «perjudiciales para todos», reaccionó este viernes Lin Jian, un portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores.
Según el vocero, las tasas «hacen que suban los costes del transporte marítimo a escala mundial» y «acentúan la presión inflacionista en Estados Unidos», pero «no permitirán reimpulsar la industria naval estadounidense».
«Revertir el dominio chino»
Según la decisión estadounidense, habrá tarifas distintas para los buques operados por chinos y para aquellos construidos en China, y ambas aumentarán gradualmente en los años siguientes.
Para los barcos ensamblados en China, la tarifa empieza en 18 dólares por tonelada neta o 120 dólares por contenedor. Esto significa que un buque con 15.000 contenedores podría tener que pagar una tarifa de hasta 1,8 millones de dólares.
Además, todos los buques de transporte de automóviles que no hayan sido fabricados en Estados Unidos también tendrán que pagar una tasa que comenzará a aplicarse dentro de 180 días.
El anuncio introduce también nuevos recargos para los barcos de transporte de gas natural licuado, aunque no entrarán en vigor hasta dentro de tres años.
Una hoja informativa que acompaña al anuncio dice que las tasas no cubrirán «el transporte marítimo en los Grandes Lagos o el Caribe, el transporte marítimo hacia y desde los territorios de Estados Unidos, o las exportaciones de productos básicos en buques que llegan vacíos a Estados Unidos».
«Las acciones de la administración Trump comenzarán a revertir el dominio chino, abordarán las amenazas a la cadena de suministro de Estados Unidos y enviarán una señal de demanda para los buques construidos» en el país, aseguró Greer.
