Internacionales
La mujer condenada por matar a una embarazada y sacarle el bebé que será la primera ejecutada federal en casi 70 años
Por primera vez en casi 70 años, Estados Unidos ejecutará a una mujer convicta en el sistema penal federal.
Según anunció este sábado el Departamento de Justicia, Lisa Montgomery, quien estranguló en 2004 a una mujer embarazada en Missouri antes de cortarle la barriga, sacarle y secuestrar al bebé, recibirá una inyección letal el 8 de diciembre.
La última mujer en ser ejecutada por el gobierno de Estados Unidos fue Bonnie Heady, quien murió en una cámara de gas en Missouri en 1953, según el Centro de Información sobre Pena de Muerte.
La ejecución federal de Brandon Bernard, quien con sus cómplices asesinó a dos líderes religiosos juveniles en 1999, también está programada para diciembre.
El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, dijo que los crímenes por lo que estas personas serán sometidas a la pena capital fueron “asesinatos especialmente atroces”.
Este año, el gobierno de Trump anunció que retomaría las ejecuciones federales, que habían sido postergadas por décadas.
¿Quién es Lisa Montgomery?
En diciembre de 2004, Montgomery condujo desde Kansas hasta la casa de Bobbie Jo Stinnett, en Missouri, supuestamente para comprar un perro.
“Una vez dentro de la residencia, Montgomery atacó y estranguló a Stinnett, que estaba embarazada de ocho meses, hasta que la víctima perdió el conocimiento”, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.
“Usando un cuchillo de cocina, Montgomery cortó el abdomen de Stinnett, con lo que recuperó el conocimiento. Se produjo una lucha y Montgomery estranguló a Stinnett hasta la muerte”, agrega.
Montgomery luego sacó al bebé del cuerpo de Stinnett, se llevó al bebé con ella e intentó pasarlo fuera como si fuera suyo.
En 2007, un jurado encontró a la mujer culpable de secuestro federal y asesinato y recomendó por unanimidad la pena de muerte.
Los abogados de Montgomery, por su parte, dicen que cuando era niña sufrió daños cerebrales a causa de las palizas que recibió en su casa y que no se encuentra bien mentalmente, por lo que no debería enfrentar la pena de muerte.
¿Cuál es la diferencia entre ejecuciones federales y estatales?
Bajo el sistema de justicia de Estados Unidos, los delitos pueden ser juzgados en tribunales federales, a nivel nacional, o en tribunales estatales, a nivel regional.
Ciertos delitos, como la falsificación de moneda o el robo de correo, se juzgan automáticamente a nivel federal.
La pena de muerte fue prohibida a nivel estatal y federal por una decisión de la Corte Suprema de 1972 que canceló todos los estatutos existentes sobre la pena de muerte.
Pero otra decisión de la Corte Suprema de 1976 permitió a los estados restablecer la pena de muerte y en 1988 el gobierno aprobó una legislación que la volvió a hacer disponible a nivel federal.
Según datos recopilados por el Centro de Información sobre Pena de Muerte, 78 personas fueron condenadas a muerte en casos federales entre 1988 y 2018, pero solo tres fueron ejecutadas.
En julio pasado, el gobierno de Trump retomó las ejecuciones federales por primera vez en 17 años.
Las ejecuciones de Montgomery y Bernard serán la octava y novena que lleve a cabo el gobierno federal este año.
Internacionales
¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
Internacionales
Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».
