Internacionales
La mujer condenada por matar a una embarazada y sacarle el bebé que será la primera ejecutada federal en casi 70 años
Por primera vez en casi 70 años, Estados Unidos ejecutará a una mujer convicta en el sistema penal federal.
Según anunció este sábado el Departamento de Justicia, Lisa Montgomery, quien estranguló en 2004 a una mujer embarazada en Missouri antes de cortarle la barriga, sacarle y secuestrar al bebé, recibirá una inyección letal el 8 de diciembre.
La última mujer en ser ejecutada por el gobierno de Estados Unidos fue Bonnie Heady, quien murió en una cámara de gas en Missouri en 1953, según el Centro de Información sobre Pena de Muerte.
La ejecución federal de Brandon Bernard, quien con sus cómplices asesinó a dos líderes religiosos juveniles en 1999, también está programada para diciembre.
El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, dijo que los crímenes por lo que estas personas serán sometidas a la pena capital fueron “asesinatos especialmente atroces”.
Este año, el gobierno de Trump anunció que retomaría las ejecuciones federales, que habían sido postergadas por décadas.
¿Quién es Lisa Montgomery?
En diciembre de 2004, Montgomery condujo desde Kansas hasta la casa de Bobbie Jo Stinnett, en Missouri, supuestamente para comprar un perro.
“Una vez dentro de la residencia, Montgomery atacó y estranguló a Stinnett, que estaba embarazada de ocho meses, hasta que la víctima perdió el conocimiento”, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.
“Usando un cuchillo de cocina, Montgomery cortó el abdomen de Stinnett, con lo que recuperó el conocimiento. Se produjo una lucha y Montgomery estranguló a Stinnett hasta la muerte”, agrega.
Montgomery luego sacó al bebé del cuerpo de Stinnett, se llevó al bebé con ella e intentó pasarlo fuera como si fuera suyo.
En 2007, un jurado encontró a la mujer culpable de secuestro federal y asesinato y recomendó por unanimidad la pena de muerte.
Los abogados de Montgomery, por su parte, dicen que cuando era niña sufrió daños cerebrales a causa de las palizas que recibió en su casa y que no se encuentra bien mentalmente, por lo que no debería enfrentar la pena de muerte.
¿Cuál es la diferencia entre ejecuciones federales y estatales?
Bajo el sistema de justicia de Estados Unidos, los delitos pueden ser juzgados en tribunales federales, a nivel nacional, o en tribunales estatales, a nivel regional.
Ciertos delitos, como la falsificación de moneda o el robo de correo, se juzgan automáticamente a nivel federal.
La pena de muerte fue prohibida a nivel estatal y federal por una decisión de la Corte Suprema de 1972 que canceló todos los estatutos existentes sobre la pena de muerte.
Pero otra decisión de la Corte Suprema de 1976 permitió a los estados restablecer la pena de muerte y en 1988 el gobierno aprobó una legislación que la volvió a hacer disponible a nivel federal.
Según datos recopilados por el Centro de Información sobre Pena de Muerte, 78 personas fueron condenadas a muerte en casos federales entre 1988 y 2018, pero solo tres fueron ejecutadas.
En julio pasado, el gobierno de Trump retomó las ejecuciones federales por primera vez en 17 años.
Las ejecuciones de Montgomery y Bernard serán la octava y novena que lleve a cabo el gobierno federal este año.
El Ejército mexicano desplegó 2,500 efectivos en el oeste de México como medida disuasiva tras la muerte del capo narco Nemesio «El Mencho» Oseguera el domingo en un operativo militar, informó este lunes el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla.
«Se encontraban destacamentados en Jalisco alrededor de 7.000 efectivos, entonces se va a reforzar» la presencia militar en la zona de operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Oseguera, dijo Trevilla en rueda de prensa.
«La intención es, más que nada, tener un efecto disuasivo», añadió el secretario de Defensa, tras cientos de bloqueos el domingo en 20 estados del país.
La Fuerza Aérea de Perú (FAP) halló 15 personas muertas este lunes tras el accidente de un helicóptero militar desaparecido el domingo en la región Arequipa, al sur del país, informó la autoridad militar.
La FAP precisó que el helicóptero realizaba labores rescate de víctimas de las inundaciones registradas en Arequipa.
«El personal de rescate ha confirmado el fallecimiento de los cuatro tripulantes (..), así como los 11 pasajeros que se encontraban a bordo», señaló la FAP.
«Tras la intensificación de las labores de búsqueda, las patrullas de fuerzas especiales y la policía han logrado localizar el helicóptero Mi-17 que perdió contacto radial la tarde de ayer», indicó la fuerza aérea en un comunicado.
El helicóptero siniestrado, un Mil Mi-17 de fabricación rusa, había despegado de la ciudad de Pisco, en la región de Ica. Los rescatistas localizaron la aeronave en la localidad de Chala, en Arequipa, a poco más de 300 kilómetros del lugar de partida.
Internacionales
Concluye proceso legal que anula la concesión de Hutchison en puertos del canal de Panamá
La justicia panameña dio por concluido el proceso legal que anuló la concesión a la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings para operar dos puertos en el canal, al publicar este lunes el fallo.
La Corte Suprema panameña declaró en enero «inconstitucional» el contrato que ha permitido a la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de Hutchison, administrar desde 1997 los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico.
Sin embargo, para que la sentencia, que no admite apelación, quedara en firme aún faltaban unos trámites que han concluido este lunes con la publicación del fallo en la gaceta oficial.
El viernes, el vocero de PPC, Alejandro Kouruklis, reconoció que la publicación del fallo en la gaceta oficial supondría que «la concesión deja de existir», por lo que pidió al gobierno panameño «negociar» con la firma hongkonesa el futuro de los puertos para «evitar el caos».
Tras ese fallo judicial, que se produjo en medio de las presiones de Estados Unidos por la presencia china en el canal, el presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció que la danesa Maersk operaría temporalmente esas terminales.
La decisión ha traído incertidumbre en los puertos, ubicados en sendas entradas de la vía interoceánica, por los que en 2025 pasó el 38 % de los contenedores que transitaron por Panamá.
«El camino que se está siguiendo puede causar un caos» porque «no va a haber un orden ni marco legal» en que puedan confiar los proveedores, trabajadores y las líneas navieras, había declarado el viernes Kouruklis al canal panameño TVN-2.
«Nuestro plan no es salir, es conversar con el Estado a ver qué solución se le puede dar a esto» y «no tomar decisiones abruptas» para que un tercero entre en las instalaciones «a tomar bienes que no le pertenecen», añadió.
Hutchison amenazó hace días a Maersk con «acciones legales» si asume la administración de las terminales sin su consentimiento y anunció que impugnará la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París, por causarle «graves daños».
Pero la Corte panameña asegura que la concesión, renovada por otros 25 años en 2021 es «inconstitucional» y tenía «una inclinación desproporcionada a favor de la empresa» que perjudicaba al Estado.
El fallo también llegó en momentos donde Hutchison Holdings quiere ceder sus puertos, entre ellos los de Panamá, a un grupo de empresas liderado por la estadounidense BlackRock por 22,800 millones de dólares.
