Internacionales
La mujer condenada por matar a una embarazada y sacarle el bebé que será la primera ejecutada federal en casi 70 años
Por primera vez en casi 70 años, Estados Unidos ejecutará a una mujer convicta en el sistema penal federal.
Según anunció este sábado el Departamento de Justicia, Lisa Montgomery, quien estranguló en 2004 a una mujer embarazada en Missouri antes de cortarle la barriga, sacarle y secuestrar al bebé, recibirá una inyección letal el 8 de diciembre.
La última mujer en ser ejecutada por el gobierno de Estados Unidos fue Bonnie Heady, quien murió en una cámara de gas en Missouri en 1953, según el Centro de Información sobre Pena de Muerte.
La ejecución federal de Brandon Bernard, quien con sus cómplices asesinó a dos líderes religiosos juveniles en 1999, también está programada para diciembre.
El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, dijo que los crímenes por lo que estas personas serán sometidas a la pena capital fueron “asesinatos especialmente atroces”.
Este año, el gobierno de Trump anunció que retomaría las ejecuciones federales, que habían sido postergadas por décadas.
¿Quién es Lisa Montgomery?
En diciembre de 2004, Montgomery condujo desde Kansas hasta la casa de Bobbie Jo Stinnett, en Missouri, supuestamente para comprar un perro.
“Una vez dentro de la residencia, Montgomery atacó y estranguló a Stinnett, que estaba embarazada de ocho meses, hasta que la víctima perdió el conocimiento”, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.
“Usando un cuchillo de cocina, Montgomery cortó el abdomen de Stinnett, con lo que recuperó el conocimiento. Se produjo una lucha y Montgomery estranguló a Stinnett hasta la muerte”, agrega.
Montgomery luego sacó al bebé del cuerpo de Stinnett, se llevó al bebé con ella e intentó pasarlo fuera como si fuera suyo.
En 2007, un jurado encontró a la mujer culpable de secuestro federal y asesinato y recomendó por unanimidad la pena de muerte.
Los abogados de Montgomery, por su parte, dicen que cuando era niña sufrió daños cerebrales a causa de las palizas que recibió en su casa y que no se encuentra bien mentalmente, por lo que no debería enfrentar la pena de muerte.
¿Cuál es la diferencia entre ejecuciones federales y estatales?
Bajo el sistema de justicia de Estados Unidos, los delitos pueden ser juzgados en tribunales federales, a nivel nacional, o en tribunales estatales, a nivel regional.
Ciertos delitos, como la falsificación de moneda o el robo de correo, se juzgan automáticamente a nivel federal.
La pena de muerte fue prohibida a nivel estatal y federal por una decisión de la Corte Suprema de 1972 que canceló todos los estatutos existentes sobre la pena de muerte.
Pero otra decisión de la Corte Suprema de 1976 permitió a los estados restablecer la pena de muerte y en 1988 el gobierno aprobó una legislación que la volvió a hacer disponible a nivel federal.
Según datos recopilados por el Centro de Información sobre Pena de Muerte, 78 personas fueron condenadas a muerte en casos federales entre 1988 y 2018, pero solo tres fueron ejecutadas.
En julio pasado, el gobierno de Trump retomó las ejecuciones federales por primera vez en 17 años.
Las ejecuciones de Montgomery y Bernard serán la octava y novena que lleve a cabo el gobierno federal este año.
Una oficinista japonesa de 32 años, identificada como Kano, asegura haberse enamorado y casado con un chatbot de inteligencia artificial en el distrito de Kita, en Okayama.
Kano explicó que, tras romper su compromiso el año pasado con su pareja de más de tres años, comenzó a interactuar con ChatGPT, con quien —según dijo— encontró comprensión. La mujer nombró al chatbot como “Lune Klaus”, lo entrenó para que adoptara la personalidad y el estilo de comunicación que deseaba, e incluso creó una ilustración para representarlo.
Con el tiempo, afirmó haberse enamorado del personaje. En mayo le confesó sus sentimientos y, según su relato, la IA “le correspondió”. Un mes después, el chatbot supuestamente le propuso matrimonio y ambos “decidieron casarse”.
Un bebé fue encontrado abandonado en un basurero del sector de Rancho Guanacaste, en Costa Rica, según reportaron medios locales.
De acuerdo con la Policía, el menor habría permanecido dos días en el lugar, donde las condiciones eran insalubres. Tras ser rescatado, fue trasladado al Hospital Nacional de Niños, donde los médicos confirmaron que su estado de salud es estable.
“El niño se encuentra en el servicio de emergencias, viene en buena condición, venía un poco frío, ya se calentó, ya se alimentó y el examen físico inicial es totalmente normal”, declaró el director del hospital, Carlos Jiménez Herrera, citado por el medio CR Hoy.
El Gobierno de Perú reforzó las medidas del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao para combatir la delincuencia y el crimen organizado. El Ejecutivo estableció más restricciones penales, prohibió la circulación de dos personas a bordo de una motocicleta, creó equipos para coordinar operativos y patrullajes, y aumentó la presencia policial en las calles, según el Decreto Supremo N.º 127-2025-PCM.
La norma entró en vigencia el 22 de octubre por 30 días; sin embargo, el presidente interino José Jerí anunció, el 7 de noviembre, la ampliación de las restricciones para restaurar la seguridad en las ciudades más afectadas.
«Estamos actualizando el estado de emergencia con medidas complementarias, basadas en los resultados obtenidos y en la realidad de nuestro país. Estamos corrigiendo y mejorando lo necesario», afirmó el presidente.
Con el decreto se creó el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), que es presidido por la Policía Nacional del Perú (PNP), para restablecer y mantener el orden interno con patrullajes y operativos en la vía pública. Este cuenta con el apoyo de cuatro comités y de las fuerzas de seguridad, que contribuyen con la tecnología en el monitoreo.
Su principal objetivo es reducir los índices de criminalidad y garantizar los derechos fundamentales de la población en Lima Metropolitana y Callao.
El presidente detalló que el puesto de control, con vigilancia las 24 horas los siete días de la semana, permitirá enfrentar a la delincuencia.
Fiscalía alerta sobre homicidios y extorsiones
Perú atraviesa una de sus peores crisis por el crimen organizado.
El lunes, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público (Fiscalía) reportó que entre enero y la primera semana de noviembre de 2025 se registraron 56 homicidios de choferes y 30 mil extorsiones fueron denunciadas, en Lima Metropolitana y el Callao.
El estudio reveló que la mayoría de víctimas fueron atacadas por sicarios en motocicleta, una manera cada vez más frecuente para cometer los crímenes contra los transportistas en las zonas urbanas. Al menos ocho de cada 10 ataques se producen bajo esta modalidad, compartió la fiscalía.
Ante este contexto, el Ejecutivo ya había prohibido desde el viernes el tránsito de dos personas en una motocicleta. «Se encuentra prohibido el uso de cualquier elemento o accesorio adicional al casco que impida o limite la identificación del conductor», aclara en el decreto.
El documento señala también que habrá «intervención e internamiento de vehículos en los depósitos autorizados si exhiben documentación adulterada y/o placas ilegibles, deterioradas, adulteradas, dañadas, laminadas o con objetos que no permitan la identificación correcta del vehículo».
Más control en las prisiones
En cuanto a las cárceles, habrá apagones eléctricos en las celdas, desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas, y operativos permanentes de incautación de tarjetas SIM (chips) telefónicos, armas blancas, y demás artículos prohibidos.
Las autoridades agregaron el monitoreo aéreo con drones donde están los establecimientos penitenciarios y zonas aledañas, y se permitió el traslado a otras cárceles a los reos que pongan en riesgo la seguridad de las prisiones o atenten contra la integridad de los guardias penitenciarios.
RECOMPENSAS
Intensificarán la difusión del sistema de recompensas para realizar capturas mediante la información que compartan los ciudadanos y que permita identificar y capturar personas
de la lista de los más buscados, integrantes de organizaciones criminales, extorsionadores y sicarios.
