Internacionales
Investigan denuncia de esclavitud de más de 200 trabajadores inmigrantes en Nueva Jersey
Cientos de trabajadores traídos de India fueron supuestamente obligados a trabajar por unos pocos dólares al día y sin libertad de movimiento para ayudar a construir un enorme templo hindú en Nueva Jersey, según una demanda judicial.
La demanda federal, presentada por los trabajadores, acusa a la prominente secta hindú conocida como Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS), de tráfico de personas y violaciones de la ley salarial.
Agentes del FBI llegaron el martes al complejo en expansión ubicado en Robbinsville, cerca de Trenton (capital estatal), en “actividad policial autorizada por la corte”, dijo un portavoz de la agencia federal, sin dar más detalles.
La demanda busca salarios impagos y daños compensatorios y punitivos no especificados. La organización mundial BAPS está acusada de traer al país a más de 200 hombres de casta inferior de India que no hablan inglés, afirmando que eran voluntarios religiosos. Pero cuando llegaban a Nueva Jersey supuestamente les confiscaron los pasaportes.
Fueron obligados a trabajar en el templo 13 horas diarias, de 6:30 a.m. a 7:30 p.m., por alrededor de $1.20 dólares la hora, alegan los documentos judiciales. En la práctica, supuestamente solo recibían $50 en efectivo por mes, y el resto se depositaba en sus cuentas en India.
El templo ornamentado, hecho de mármol italiano e indio, se encuentra en un sitio de 162 acres, detalló New York Post. Según la demanda, los trabajadores explotados fueron mantenidos en un recinto con rejas en la propiedad, monitoreados con cámaras y guardias.
Se les dijo que si intentaban irse, la policía los arrestaría porque no tenían sus pasaportes, alega la demanda. Daniel Werner, abogado que representa a varios de los trabajadores, calificó de “impactante que esto suceda en nuestro patio trasero”.
“Es aún más perturbador que haya sucedido durante años en Nueva Jersey detrás de los muros del templo”, dijo Werner. Algunos de los trabajadores habrían estado en el lugar durante años y no se les permitió salir a menos que estuvieran acompañados por alguien de BAPS, afirmó el abogado.
Un portavoz de BAPS dijo a Associated Press que la organización fue informada por primera vez de las acusaciones el martes temprano. “Los estamos tomando muy en serio y revisamos a fondo los problemas planteados”, afirmó Matthew Frankel.
Una violenta tormenta de piedras de hielo de tamaño extraordinario azotó el sur de Brasil y provocó daños severos en quince ciudades del sur del país. Según las autoridades, en algunas, cerca del 80 % de las viviendas han quedado afectadas, además, dejó el saldo de 150 personas heridas y más de 25,000 afectados.
El estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, ha sufrido las consecuencias de un fenómeno meteorológico extraordinario: una precipitación de granizo gigante que ha provocado un caos generalizado, con daños severos en los vehículos, viviendas, infraestructuras y cultivos de varias ciudades.
El episodio se ha producido en un contexto de inestabilidad meteorológica en la región, por el que el Instituto Nacional de Meteorología había emitido alertas, precisamente, por posibilidad de granizo y ráfagas de viento de hasta 100 km/h en varias zonas del sur del país.
Las imágenes de vídeo compartidas en la red muestran enormes bolas de hielo cayendo con una violencia inusitada, acumulándose en calles y campos, interrumpiendo carreteras y generando alarma entre la población.
Según los primeros informes de la Defensa Civil del estado, al menos 15 municipios han resultado afectados por el fenómeno. En localidades como Amaral Ferrador, Dom Feliciano, Montenegro o Canudos do Vale, se han registrado daños en los tejados de centenares de viviendas y árboles y postes de luz derribados por la fuerza de las piedras.
Un nuevo informe señala que en 2024 se registraron 2,967 ataques contra la Policía, la cifra más alta en la historia del país.
Es decir, más de 8 ataques diarios, dejando a 804 agentes heridos. El 53 % de estas agresiones fueron cometidas por inmigrantes ilegales, en su mayoría bajo influencia del alcohol o las drogas.
Asimismo, en 5,700 estaciones de tren se cometieron 381,894 delitos, un incremento del 51 % en comparación a 2019.
Los abusos o aprovechamiento hacia mujeres fue uno de los delitos más frecuentes en 2024 con 2,262 un 19.2 % más que el año anterior.
Internacionales
Denuncian al presidente Petro ante la Comisión de Acusaciones por presunto lavado de activos
La denuncia más reciente fue presentada por Juan Carlos Portilla, profesor y experto en anticrimen financiero. Señala al mandatario y a su exesposa Verónica Alcocer de presunto lavado de activos. La acusación fue radicada tanto en la comisión como en la Fiscalía.
Presunto lavado de activos tras estar en la lista Clinton
Portilla fundamenta su denuncia en supuestas irregularidades relacionadas tras su inclusión en la lista Clinton, en la que también están Alcocer, el ministro del Interior Armando Benedetti y el hijo del mandatario, Nicolás Petro Burgos. El denunciante le solicitó al órgano legislativo acceder a información financiera sensible.
Pruebas de reportes de inteligencia financiera y de actividades sospechosas de las cuentas del presidente, no solo en Colombia, sino las que podría llegar a tener en Italia, en paraísos fiscales de Europa y de América Latina, Caribe y Estados Unidos.
La segunda que pasó formalmente a investigación preliminar está relacionada con el escándalo de los pasaportes. Surgió tras una denuncia del abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien pidió pruebas documentales y actos de verificación por un presunto abuso de función pública.
La primera denuncia sobre el tema de los pasaportes
Según el denunciante, el presidente habría intervenido como determinador en la decisión de declarar desierta la licitación que había ganado Thomas Greg & Sons para la expedición de pasaportes. Esta situación llevó a la creación de un nuevo modelo en alianza con Portugal, lo cual generó cuestionamientos sobre la legalidad del proceso.
La comisión ordenó una diligencia específica en el marco de estas investigaciones: “Para que dentro de los 20 días siguientes practique inspección administrativa en la Procuraduría”. El objetivo es verificar si existen elementos que permitan avanzar hacia una eventual imputación formal.
