Internacionales
Hombre con síndrome de enanismo asesina cruelmente a sus padres por robarles $200
Fue cerca de la medianoche del 17 de noviembre. Los dos asesinos primero desconectaron las cámaras de seguridad, luego golpearon a los ancianos con un tubo metálico en la cabeza, los apuñalaron con navaja, asfixiaron con almohadas y finalmente metieron los cadáveres en bolsas plásticas y los escondieron en un ropero.
El nicaragüense Adrián José Guerrero Echeverri, de 38 años y quien padece de trastorno óseo, conocido popularmente como enanismo, se declaró este viernes culpable de haber asesinado, junto a su pareja, a sus ancianos padres.
Guerrero Echeverri, junto a su pareja Nidia Patricia Quintana, se declararon culpables ante una jueza en Managua por los delitos de parricidio, asesinato agravado y robo con intimidación agravado en perjuicio de la pareja, un anciano de 73 años y su mujer, de 72.
Según el Ministerio Público y la Policía Nacional, el hombre, que se moviliza en silla de ruedas, y su pareja, de 26 años, son los autores del crimen contra Guillermo Adrián Guerrero Espinoza, y Sonia Marlen Echeverry Mendieta.
El parricida, ante la presencia de sus dos hermanos, quienes estaban en la sala de juicio, aceptó haber pedido a su mujer que llegara hasta la casa donde él vivía junto con sus padres, y en común acuerdo procedieron a desconectar todo el dispositivo de cámaras de seguridad que había en la vivienda, para luego asesinarlos.
La pareja de septuagenarios fue acuchillada cerca de la medianoche del pasado 17 de noviembre en su casa de habitación en residencial Altamira, ubicado cerca del nuevo centro de Managua.
Los cuerpos de la pareja de ancianos fueron encontrados en bolsos que dejaron escondidos dentro de dos roperos, según sus vecinos.
El doble crimen fue reportado mediante una llamada telefónica al centro de emergencia 118 por una persona de iniciales J.G.
Como parte de las pruebas en el juicio, la Fiscalía presentó testigos, videos de la escena del hecho, y las compras que hicieron con las tarjetas de créditos y de débitos de las víctimas.
Las autoridades detuvieron a los dos sospechosos en un hotel de Managua, donde habían hecho uso de una de las tarjetas de crédito de las víctimas que tenían un límite de 10.000 dólares.
Según la Policía, para cometer el crimen, los dos sospechosos golpearon a la pareja de ancianos con un tubo metálico en la cabeza, posteriormente los apuñalaron con navajas, luego los asfixiaron con una almohada, y finalmente los cubrieron con plástico negro y los metieron en un ropero.
Tras cometer el crimen, la pareja sospechosa robó las tarjetas de crédito, joyas, cerca de 200 dólares y huyó en un automóvil propiedad de las víctimas que tenían estacionado en el hotel en el que se alojaron.
La Policía decomisó, además del vehículo, joyas y las tarjetas de créditos, diversos artículos de línea blanca que habían comprado con las tarjetas hurtadas.
También decomisó el tubo metálico y una navaja que tenían manchas de sangre de las víctimas, y la ropa con la que andaban vestidos el día de los hechos.
En el debate de pena, el Ministerio Público solicitó para el acusado la pena de 25 años de prisión por cada uno de los asesinatos, más 7 años por el delito de robo; y para la mujer, pidió la pena de 30 años por cada asesinato, y 7 años por robo, para un total de 67 años.
La jueza Adela Cardoza, del Juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio de Managua, resolvió que la notificación de sentencia será el 21 de febrero.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la prohibición de ingreso al país para la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, en respuesta a las órdenes de captura emitidas contra la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, y el exministro de Defensa, Iván Velásquez.
“Se prohíbe su entrada por denostar gente honesta colombiana y por burlarse de la dignidad colombiana”, expresó Petro durante un consejo de ministros televisado, en el que instruyó a la canciller Laura Sarabia a emitir el acto administrativo correspondiente.
Las capturas fueron ordenadas por el fiscal Rafael Curruchiche, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, bajo acusaciones de asociación ilícita, obstrucción de la justicia, tráfico de influencias y colusión, vinculadas al caso Odebrecht.
El fiscal guatemalteco acusa a Camargo y Velásquez, excomisionado de la CICIG —entidad respaldada por la ONU— de integrar una estructura criminal que habría favorecido a Odebrecht, ocasionando pérdidas al Estado guatemalteco por más de $400 millones.
En respuesta, el secretario general de la ONU, António Guterres, recordó que ambos funcionarios gozan de inmunidad judicial por sus funciones en la CICIG, una protección que sigue vigente incluso después de finalizado su mandato.
La medida del gobierno colombiano profundiza las tensiones diplomáticas entre ambos países en torno al legado de la lucha contra la corrupción en Centroamérica.
Autoridades penitenciarias de Honduras descubrieron un arsenal en la Penitenciaría Nacional de Támara, ubicada a unos 20 kilómetros al norte de Tegucigalpa, donde pandilleros ocultaban armamento de guerra y equipo de vigilancia.
El hallazgo se realizó en una cocina del pabellón que era ocupado por miembros de pandillas, días después de que más de 160 reclusos de las estructuras criminales Barrio 18 y Mara Salvatrucha fueran trasladados a cárceles de máxima seguridad.
Entre los objetos decomisados figuran un lanzacohetes RPG-7, dos fusiles AK-47, un fusil lanzagranadas, una pistola 9 milímetros, municiones, chalecos antibalas, gorros pasamontañas, cinco cámaras de seguridad, 40 enrutadores de internet, dinero en efectivo y drogas.
“¿Contra quién iban a pelear?”, cuestionó el coronel Ramiro Muñoz, director del Instituto Penitenciario, durante la presentación del material incautado.
Las cárceles hondureñas han sido calificadas por las propias autoridades como “bombas de tiempo”, debido al hacinamiento y su función como centros de operaciones del crimen organizado y las pandillas.
Internacionales
Brasil suspende producción en planta embotelladora de Coca-Cola por posible contaminación
El gobierno de Brasil suspendió de forma preventiva la producción y embotellamiento en una planta de la empresa Solar, segunda mayor fabricante de bebidas de Coca-Cola en el país, ubicada en el estado de Ceará (noreste), tras detectar una posible contaminación en el proceso industrial.
La medida fue anunciada por el ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, quien detalló que unos nueve millones de litros de bebidas permanecen retenidos en la planta mientras se realizan análisis para determinar si hubo contacto del producto con un líquido utilizado en el sistema de refrigeración.
Fávaro aseguró que, pese a la suspensión, “no hay riesgo para la población”, ya que la refrigeración en dicha planta se realiza con etanol alimenticio y agua. No obstante, destacó que la decisión fue tomada con carácter preventivo para garantizar la seguridad del consumo.
La paralización fue ordenada la noche del martes, luego de identificarse una posible falla en el sistema que podría haber provocado una mezcla del refrigerante con el producto.
En un comunicado conjunto, Solar y Coca-Cola Brasil confirmaron la suspensión temporal de la producción y señalaron que están realizando exámenes rigurosos para garantizar la seguridad de sus bebidas.
Una vez concluidos los análisis, si se descarta la presencia de contaminantes, la empresa podrá reanudar sus operaciones y distribuir los productos retenidos, añadió el titular de Agricultura.
