Internacionales
Guatemala sigue bajo amenaza por la erupción del volcán Fuego
El volcán de Fuego en Guatemala, que hace tres días desató su furia en una erupción que dejó al menos 75 muertos y 192 desaparecidos, sigue sin dar tregua a las comunidades del sur del país con nuevas explosiones y deslaves.
El Instituto de Vulcanología (Insivumeh) aseguró que el coloso registra este miércoles varias explosiones débiles, en un rango de 4 a 5 por hora, que generan una columna gris de ceniza a 4.700 metros de altura.
“Las explosiones generan avalanchas moderadas que tienen un recorrido aproximado de 800 a 1.000 metros y en su trayecto levantan material fino a una altura de unos 100 metros”, agregó la institución en un reporte.
“Persiste la ceniza en el ambiente”, sentenció.
El pasado domingo, el volcán registró la erupción más fuerte en los últimas cuatro décadas, que ya se cobró la vida de 75 personas mientras que 192 están desaparecidas tras desatar una avalancha de material volcánico que sepultó a comunidades del poblado sureño de Escuintla.
También dejó 44 personas heridas, 12.089 evacuadas de las cuales 3.319 fueron llevadas a albergues, según precisa un balance dado este miércoles por la Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred), ente a cargo de la protección civil.
A pesar de la condiciones adversas, cientos de rescatistas, policías y militares ingresaron a la ahora llamada “zona 0” para reanudar las tareas de búsqueda de desaparecidos.
Un grupo de agentes de policía fue designado para marcar con tinta roja las viviendas que ya fueron revisadas en medio de la búsqueda de desaparecidos.
Un nuevo deslave del coloso, de 3.763 metros de altura y situado 35 km al suroeste de la capital, obligó la tarde del martes a suspender las labores de rescate de víctimas y siete comunidades de Escuintla fueron evacuadas.
Casi 200 desaparecidos
“Ya tenemos un dato con nombres y de las localidades donde hay personas desaparecidas y tenemos el número que son 192”, dijo en rueda de prensa el secretario de la Conred, Sergio Cabañas.
El funcionario por primera vez dio una cifra de desaparecidos, toda vez que desde el domingo se limitaba a decir que ignoraban ese dato mientras proseguían las labores de rescate.
No obstante, Cabañas sostuvo que continuarían con las tareas de búsqueda pese a que las autoridades admitieron que será casi imposible hallar sobrevivientes debido a la naturaleza de la erupción, que arrasó el domingo principalmente el caserío San Miguel Los Lotes y la aldea El Rodeo.
“Venimos en apoyo de las personas que verdaderamente están arriesgando su vida por las personas que están allí (desaparecidos)”, dijo a la AFP Gladys Vian, ama de casa de 56 años miembro de la parroquia de una iglesia católica de Escuintla que junto a otros miembros del municipio de San Juan Comalapa (oeste) distribuyeron a los socorristas pepián e hilachas, dos platos típicos de la comida guatemalteca.
Comentó que realizaron una colecta para preparar los alimentos en grandes ollas que trasladan en un camión, pero fueron detenidos a un 1 km de la zona de impacto, donde protección civil instaló un cordón para determinar si dan paso o no a las personas.
La entrevista se interrumpió porque fue notificada que podían continuar la marcha, en un día soleado después de una tormenta de lluvia que azotó la tarde del martes ese lugar.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
