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Internacionales

Delincuentes fueron desnudados y golpeados con correas

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Un nuevo caso de “justicia por mano propia” se habría dado la primera semana de agosto en el barrio El Faraón de Manrique Central (Medellín), luego de que la comunidad atrapara a dos hombres que intentaban robar a un grupo de niños.

El “ajustamiento” quedó registrado en una serie de videos que circulan en redes sociales en los que se ve a ambos delincuentes siendo humillados por habitantes del sector que dicen estar cansados de la delincuencia común.

En un primer momento, se ve como a ambos los desnudan y amarran, al interior de una vivienda, en la que les cuelgan un letrero en el que se lee: “Por robar niños, ratas”.

Y, acto seguido, se les ve salir, en medio de una multitud que los golpea con correas, mientras ellos corren calle abajo, con rumbo al centro de la ciudad.

“Vea, por ratas, por ratas. Estaban robando niños”, “Se van es pa’ abajo”, “Eso les pasa por robar en Manrique”, se escucha gritar a los vecinos que siguen de cerca la persecución que, los más osados emprenden en contra de los delincuentes, a pie y en moto.

De momento, las autoridades no han realizado ningún pronunciamiento; por lo que, se desconoce qué sucedió con ambos hombres, que, a cambio de una sanción policial, fueron sometidos al escarnio público.

Una estrategia en aumento: meses antes un caso similar se registró con dos ladrones de aguacates en Popayán.

Durante el puente festivo de San José (18-20 marzo) en la vereda Falán, del municipio El Hoyo (Tolima), la comunidad, en un acto de justicia por mano propia, desnudó y golpeó a dos hombres que habrían sido atrapados mientras robaban aguacates en una moto.

escarnio público, luego de cometer un delito que se ha vuelto recurrente en la región. Los lincharon, los dejaron en ropa interior y quemaron el vehículo en el que se desplazaban, para enviarle un mensaje a quienes cometen actividades delictivas al norte del departamento.

Y es que, hace tan solo un par de semanas, otros dos hombres fueron encontrados mientras asaltaban los cultivos de plátano y fueron puestos a disposición de la Policía. Sin embargo, no pasó mucho antes de que los dejarán en libertad, por lo que, en esta ocasión, la comunidad decidió ajusticiarlos por mano propia.

“La comunidad de este sector rural está ‘mamada’ con los delincuentes que entran a sus predios a robar productos agrícolas y ha decidido hacer justicia por mano propia. La semana pasada capturaron a dos jóvenes que fueron sorprendidos robando plátano y se los entregaron a la Policía y ahora cogieron a estas dos personas con el aguacate hurtado, les quitaron la ropa y les quemaron la moto en la que se movilizaban”, se lee en una publicación realiza en redes sociales.

Mientras, continúan las quejas de los lideres campesinos de la región, quienes, temen que delitos similares puedan seguir ocurriendo, a pesar de las brutales consecuencias a las que se vieron enfrentados las últimas dos personas que intentaron delinquir en El Hoyo.

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Embarazada resulta lesionada en intento de asalto en Ciudad de Guatemala

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Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).

El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.

De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.

La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.

La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.

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Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto

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La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.

En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.

Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.

MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.

Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.

La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.

La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.

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Ecuador cierra el semestre más violento desde 2011 con más de 4,500 homicidios

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Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».

Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.

Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.

Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.

Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.

El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.

Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.

Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.

El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.

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