Internacionales
Delincuente se entrega a la policía luego de mantener a 30 rehenes en un centro comercial
El asaltante, un ex vigilante de seguridad del V-Mall, en el centro comercial Greenhills, salió por su propio cuenta del edificio, junto con los rehenes, y se entregó a la policía, que procedió a su arresto sin violencia. Los rehenes fueron llevados fuera del edificio pero la policía no indicó su número exacto ni si había heridos.
El secuestrador, identificado como Archie Paray, accedió a dejar la pistola y la granada que llevaba dentro del edificio, tal y como acordó con las autoridades después de una larga negociación.
El hombre de 32 años, que buscaba justicia tras ser despedido, irrumpió esta mañana de lunes en el recinto armado con una pistola y una granada, e hirió a una persona en el tiroteo inicial han señalado medios internacionales.
El herido, un excompañero del asaltante, fue inmediatamente trasladado al hospital General Santos de Manila, donde «se recupera favorablemente», confirmó Francis Zamora, alcalde de San Juan, ciudad de Manila donde se ubica Greenhills.
Durante el secuestro, Paray solicitó hablar en varias ocasiones mediante videoconferencia con la prensa, denunció «corrupción» dentro de la empresa de seguridad que lo contrató y se quejó de su despido «injusto» y de otros cuatro compañeros.
Paray confesó que el asalto al centro comercial y el secuestro de rehenes en las oficinas de administración del recinto -la mayoría trabajadores de los puestos de venta- fue un «acto premeditado».
El exvigilante asaltó el recinto alrededor de las 11.00 hora local (3.00 GMT) y se atrincheró en las oficinas de la segunda planta, por lo que la policía pudo desalojar el resto del edificio y cercar la zona.
Todos los accesos estaban custodiados por varios policías, mientras que decenas de agentes de las fuerzas especiales SWAT accedieron el edificio fuertemente armados para controlar la situación.
La Administración del Centro Greenhills indicó en un comunicado que el sospechoso era un exguarda contratado mediante la empresa de seguridad Safeguard Armor Security Corporation (SASCOR), que fue despedido después de ausentarse del trabajo sin permiso durante dos semanas.
Según Paray, fue relevado de su puesto como vigilante en una de las puertas sin previo aviso ni motivo, algo que los responsables de la empresa justificaron como una «rotación operativa».
Seis superiores del asaltante -jefes de seguridad de Greenhills y de SASCOR-, ofrecieron una improvisada rueda de prensa antes de la liberación de los rehenes, en la que se disculparon con Paray e incluso algunos de ellos ofrecieron su dimisión.
Ninguno de los aludidos aclararon en la rueda de prensa, que fue seguida en directo por videollamada por el asaltante, los motivos por los que ofrecían su renuncia ni por qué se disculpaban con Paray.
Los centros comerciales en Manila, que concentran restaurantes, estructuras médicas e incluso iglesias, son lugares cruciales en la vida social del país.
FOTO. Cortesía Reuters.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
