Internacionales
Dani Alves defiende su inocencia en una primera entrevista desde prisión
«Tengo la conciencia muy tranquila de lo que ocurrió aquella madrugada en el baño del reservado de la discoteca Sutton. Lo que ocurrió y lo que no ocurrió. Y lo que no ocurrió es que yo obligara a esa mujer a hacer nada de lo que hicimos», explicó Alves al diario desde la prisión a unos 40 km de Barcelona en la que ingresó a finales de enero.
En la extensa conversación, publicada la semana después de que la justicia rechazara otro recurso de su defensa, el exjugador del Barça o Pumas mexicano repitió que si cambió varias veces de versión, llegando a asegurar en un video que no conocía de nada a la denunciante, fue por intentar preservar su matrimonio.
«Tuve miedo de perder a Joana [su esposa, ndlr] y por eso mentí. Luché a la desesperada por salvar mi matrimonio de una infidelidad, sin importarme las consecuencias que estoy pagando», explicó.
Alves, de 40 años, se encuentra en prisión provisional por una causa abierta por un presunto delito de agresión sexual, que en España comprende la violación. Una joven le acusa de haberle forzado presuntamente para mantener relaciones sexuales en los aseos del reservado de una discoteca de Barcelona a finales de diciembre.
«No hay ni una sola marca en su cuerpo que explique esa violencia con la que ella dice que la moví en baño», defiende Alves, que asegura que las relaciones fueron en todo momento consentidas por los dos.
La versión de la mujer se ha mantenido estable y volvió a ser considerada con «rasgos de fiabilidad suficientes» por los magistrados de la Audiencia de Barcelona que hace unos días, teniendo en cuenta el riesgo de fuga, rechazaron el último recurso de la defensa del deportista para que quedara en libertad a la espera de juicio.
El caso es seguido con gran interés en España, donde este miércoles se hicieron eco de la entrevista a Alves en varios medios, despertando la preocupación de sectores feministas.
«Banalizar la #ViolenciaMachista, apoyar al agresor, desacreditar a la víctima, le causa más daño a ella y a las demás, alimenta la cultura de la violación», escribió en Twitter la delegada del gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, en reacción a las palabras de la autora de la entrevista, que consideró en televisión que la descripción realizada por Alves de antes de la entrada a los aseos era más consistente que la de la denunciante.
Una violenta tormenta de piedras de hielo de tamaño extraordinario azotó el sur de Brasil y provocó daños severos en quince ciudades del sur del país. Según las autoridades, en algunas, cerca del 80 % de las viviendas han quedado afectadas, además, dejó el saldo de 150 personas heridas y más de 25,000 afectados.
El estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, ha sufrido las consecuencias de un fenómeno meteorológico extraordinario: una precipitación de granizo gigante que ha provocado un caos generalizado, con daños severos en los vehículos, viviendas, infraestructuras y cultivos de varias ciudades.
El episodio se ha producido en un contexto de inestabilidad meteorológica en la región, por el que el Instituto Nacional de Meteorología había emitido alertas, precisamente, por posibilidad de granizo y ráfagas de viento de hasta 100 km/h en varias zonas del sur del país.
Las imágenes de vídeo compartidas en la red muestran enormes bolas de hielo cayendo con una violencia inusitada, acumulándose en calles y campos, interrumpiendo carreteras y generando alarma entre la población.
Según los primeros informes de la Defensa Civil del estado, al menos 15 municipios han resultado afectados por el fenómeno. En localidades como Amaral Ferrador, Dom Feliciano, Montenegro o Canudos do Vale, se han registrado daños en los tejados de centenares de viviendas y árboles y postes de luz derribados por la fuerza de las piedras.
Un nuevo informe señala que en 2024 se registraron 2,967 ataques contra la Policía, la cifra más alta en la historia del país.
Es decir, más de 8 ataques diarios, dejando a 804 agentes heridos. El 53 % de estas agresiones fueron cometidas por inmigrantes ilegales, en su mayoría bajo influencia del alcohol o las drogas.
Asimismo, en 5,700 estaciones de tren se cometieron 381,894 delitos, un incremento del 51 % en comparación a 2019.
Los abusos o aprovechamiento hacia mujeres fue uno de los delitos más frecuentes en 2024 con 2,262 un 19.2 % más que el año anterior.
Internacionales
Denuncian al presidente Petro ante la Comisión de Acusaciones por presunto lavado de activos
La denuncia más reciente fue presentada por Juan Carlos Portilla, profesor y experto en anticrimen financiero. Señala al mandatario y a su exesposa Verónica Alcocer de presunto lavado de activos. La acusación fue radicada tanto en la comisión como en la Fiscalía.
Presunto lavado de activos tras estar en la lista Clinton
Portilla fundamenta su denuncia en supuestas irregularidades relacionadas tras su inclusión en la lista Clinton, en la que también están Alcocer, el ministro del Interior Armando Benedetti y el hijo del mandatario, Nicolás Petro Burgos. El denunciante le solicitó al órgano legislativo acceder a información financiera sensible.
Pruebas de reportes de inteligencia financiera y de actividades sospechosas de las cuentas del presidente, no solo en Colombia, sino las que podría llegar a tener en Italia, en paraísos fiscales de Europa y de América Latina, Caribe y Estados Unidos.
La segunda que pasó formalmente a investigación preliminar está relacionada con el escándalo de los pasaportes. Surgió tras una denuncia del abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien pidió pruebas documentales y actos de verificación por un presunto abuso de función pública.
La primera denuncia sobre el tema de los pasaportes
Según el denunciante, el presidente habría intervenido como determinador en la decisión de declarar desierta la licitación que había ganado Thomas Greg & Sons para la expedición de pasaportes. Esta situación llevó a la creación de un nuevo modelo en alianza con Portugal, lo cual generó cuestionamientos sobre la legalidad del proceso.
La comisión ordenó una diligencia específica en el marco de estas investigaciones: “Para que dentro de los 20 días siguientes practique inspección administrativa en la Procuraduría”. El objetivo es verificar si existen elementos que permitan avanzar hacia una eventual imputación formal.
