Internacionales
Comando armado asesina a cinco miembros de una familia en ciudad mexicana de Acapulco
Otras dos personas sobrevivieron heridas a la masacre, ocurrida el mismo día que pistoleros mataron a un hombre que se recuperaba de una herida de bala en un hospital del estado de Puebla (centro), así como a dos policías.
Entre las víctimas de Acapulco hay dos adolescentes, dijeron a la AFP fuentes de la fiscalía y de la secretaría de Seguridad del estado de Guerrero.
El ataque se registró en una vivienda de la localidad de Tres Palos, en las afueras de Acapulco, un popular puerto sobre la costa del Pacífico afectado por altos niveles de pobreza y violencia ligada al narcotráfico.
En tanto, la secretaría de Seguridad de Puebla informó que hombres armados ingresaron la madrugada de este lunes a un hospital de la población de Atlixco para dar muerte a un hombre que un día antes había sido herido de bala.
Los agresores dispararon una decena de veces contra la víctima y posteriormente dieron muerte a dos policías que atendieron el reporte por la balacera.
Escalada violenta
México, de 129 millones de habitantes, ha sido sacudido en las últimas semanas por distintos hechos violentos. Según recuentos de la prensa local, octubre cerró como el mes con más asesinatos de 2024, con cerca de 2.300 en todo el país.
Guerrero, donde bandas locales disputan el control de múltiples actividades criminales, ha sido una de las regiones más afectadas.
El 6 de octubre, solo seis días después de asumir el cargo, Alejando Arcos, alcalde de Chilpancingo, capital estatal, fue decapitado.
Mientras, el 24 de octubre un enfrentamiento entre presuntos criminales y militares en el municipio de Técpan de Galeana dejó 14 civiles armados muertos, quienes previamente asesinaron a dos policías.
Ese mismo día, en el estado de Guanajuato (centro), se registró un hecho poco usual en México: el estallido de dos autos bomba en dos localidades, dejando al menos tres lesionados y daños materiales.
El estado de Sinaloa (noroeste) también registra una espiral de violencia resultado de las disputas internas del poderoso cartel local y que involucran al grupo de Joaquín «El Chapo» Guzmán y al de Ismael «El Mayo» Zambada, presos en Estados Unidos.
El 23 de octubre, durante la captura de un cabecilla de una de esas facciones, militares abatieron a 19 presuntos delincuentes en Culiacán, capital estatal.
El 20 de octubre, el sureño estado de Chiapas fue sacudido igualmente por el asesinato del sacerdote indígena y defensor de derechos humanos Marcelo Pérez, mientras que el 29 en Michoacán (oeste) fue ultimado a balazos el periodista Mauricio Cruz Solís.
Esta escalada ha coincidido con el primer mes de la presidencia de la izquierdista Claudia Sheinbaum, quien ha señalado que continuará la estrategia de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, de atender las causas de la criminalidad más que confrontar a las bandas.
Sin embargo, la mandataria asegura que se reforzarán las tareas de inteligencia y la coordinación con las fiscalías federal y estatales.
Desde diciembre de 2006, cuando se lanzó un polémico operativo militar antidrogas, México acumula más de 450.000 muertes violentas y unas 100.000 desapariciones, según cifras oficiales.
Una corte surcoreana sentenció este jueves al expresidente Yoon Suk-yeol a cadena perpetua, tras declararlo culpable de encabezar una insurrección al declarar la ley marcial a fines de 2024.
«La declaración de ley marcial resultó en enormes costos sociales, y es difícil encontrar alguna indicación de que el acusado haya mostrado arrepentimiento por ello», aseguró el juez Ji Gwi-yeon, de la Corte del Distrito Central de Seúl.
«Lo sentenciamos a prisión perpetua», expresó.
Yoon declaró la ley marcial en un mensaje televisado al país en diciembre de 2024, al afirmar que se requerían medidas drásticas para erradicar «fuerzas antiestatales».
El expresidente conservador de 65 años fue destituido de su cargo, detenido y acusado de una serie de crímenes, desde insurrección hasta obstrucción de la justicia.
El juez Ji recordó que Yoon envió militares a la sede legislativa para silenciar a sus opositores políticos.
«La corte determinó que la intención era paralizar la asamblea por un período considerable», indicó el juez.
Por su parte, el exministro de Defensa Kim Yong-hyun fue sentenciado a 30 años de prisión por su papel en la crisis.
Los fiscales promovieron la sentencia más dura por los cargos de insurrección contra Yoon, y pidieron al tribunal de Seúl sentenciar al expresidente a muerte.
Miles de simpatizantes se congregaron frente al tribunal capitalino con pancartas que decían «Yoon, grande de nuevo» o «Retiren los cargos contra el presidente Yoon».
Policías vestidos con chaquetas color neón se desplegaron frente al tribunal para impedir cualquier disturbio por el veredicto.
La noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon apareció en televisión para anunciar la medida, citando amenazas poco claras de influencia norcoreana y peligrosas «fuerzas antiestatales».
Declaró entonces la suspensión del gobierno civil y el inicio del mando militar.
La ley marcial fue levantada seis horas después, cuando los diputados, ayudados por manifestantes, consiguieron romper el cerco de las fuerzas de seguridad y votar con carácter de urgencia para revertir la medida de Yoon.
Corea del Sur ha sido un faro de democracia y estabilidad en Asia, pero el fallido intento de Yoon revivió los recuerdos de golpes militares que sacudieron al país entre 1960 y 1980.
Yoon, quien ha estado en régimen de aislamiento, niega haber actuado mal y asegura que sus acciones pretendían «salvaguardar la libertad» y restaurar el orden constitucional frente a lo que llamó una «dictadura legislativa» encabezada por la oposición».
La fiscalía lo acusó de dirigir una «insurrección» impulsado por un «deseo de poder orientada a la dictadura y el mando de largo plazo».
Bajo la ley surcoreana solo caben dos castigos por insurrección: prisión perpetua o muerte.
Yoon había sido condenado previamente a cinco años de prisión por delitos menores, mientras una serie de altos cargos fueron sentenciados por su papel en la ley marcial.
Empezó hace años hasta la detención este jueves por la policía británica, como sospechoso de haber transmitido información confidencial al delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.
1999: Andrés conoce a Jeffrey Epstein a través de la que fue pareja y cómplice del financiero, Ghislaine Maxwell, quien estudió en la ciudad inglesa de Oxford.
Julio de 2011: Andrés renuncia a su papel de enviado especial de Reino Unido para el comercio internacional, unos meses después de que la prensa británica publicara una foto que lo mostraba en compañía de Virginia Giuffre, la principal acusadora de Epstein.
En ese rol de enviado especial de Reino Unido para el comercio internacional existen sospechas de que pudo transmitir información confidencial a Epstein.
Noviembre de 2019: Andrés se retira de sus funciones públicas, debido a fuertes críticas tras una entrevista considerada desastrosa en la BBC en la que negó, sin convencer, las acusaciones de haber tenido relaciones sexuales con Giuffre, cuando era menor, mientras era explotada por Epstein. El expríncipe afirmó no recordar haberla conocido.
Agosto de 2021: Giuffre presenta una demanda civil en Estados Unidos contra el entonces príncipe por agresión sexual.
Enero de 2022: la demanda de la joven es declarada admisible por la justicia. Al día siguiente, la reina Isabel II retira a su hijo sus títulos militares y sus patronazgos reales.
Febrero de 2022: Andrés llega a un acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre para poner fin a las demandas. El monto se mantiene confidencial, pero según medios británicos se estima en más de 12 millones de dólares.
Diciembre de 2024: Andrés se ve envuelto en un nuevo escándalo relacionado con sus vínculos con un empresario chino acusado de espionaje.
Enero de 2025: surgen documentos judiciales que revelan un intercambio de correos electrónicos entre Andrés y Epstein en 2011, aunque el hermano del rey había asegurado que cortó los lazos con el estadounidense en 2010.
17 de octubre de 2025: Andrés renuncia a su título real de duque de York tras nuevas acusaciones publicadas en las memorias póstumas de Virginia Giuffre, quien se suicidó en abril de 2025 a los 41 años.
30 de octubre de 2025: Carlos III retira a su hermano menor todos sus títulos, incluido el de príncipe, y le obliga a dejar su residencia histórica en Windsor.
Finales de enero/principios de febrero de 2026: se publican millones de nuevos documentos relacionados con el caso Epstein por parte del Departamento de Justicia estadounidense, algunos de los cuales resultan embarazosos y comprometedores para Andrés.
Entre ellos, aparecen fotos sin fecha que muestran al expríncipe arrodillado e inclinado sobre una joven con el rostro cubierto, correos electrónicos invitando a Epstein al Palacio de Buckingham para hablar en «privado», así como una acusación de agresión sexual de una segunda mujer que afirma, a través de su abogado, que el financiero la envió a Inglaterra en 2010 para tener relaciones sexuales con Andrés en la residencia de éste en Windsor.
2 de febrero: bajo presión, Andrés deja Windsor para instalarse oficialmente en Sandringham, residencia privada del rey en Norfolk, al este de Inglaterra.
9 de febrero: la policía de Windsor indica que está «examinando» información según la cual Andrés habría transmitido en 2010 a Jeffrey Epstein datos confidenciales cuando era enviado especial para comercio internacional.
11 de febrero: el que fuera primer ministro laborista Gordon Brown llama a la policía a «examinar» las acusaciones según las cuales mujeres habrían sido enviadas a Reino Unido en aviones privados del delincuente sexual estadounidense. Según medios británicos, al menos una habría visitado a Andrés en el Palacio de Buckingham.
19 de febrero: Andrés es arrestado por la policía y puesto bajo custodia, un hecho sin precedentes en la historia reciente de la monarquía británica.
Internacionales
Cuba en crisis: falta de combustible, alimentos y turistas paraliza la vida en la isla
La vida cotidiana en Cuba enfrenta una situación de extrema dificultad debido a una profunda crisis económica que ha dejado al país sin suficiente combustible, afectando no solo la producción de energía y transporte, sino también el abastecimiento de alimentos y servicios básicos. La escasez ha provocado apagones prolongados, reducción de actividades productivas, cierre parcial de hoteles y cancelación de vuelos, mientras la población lidia con una calidad de vida deteriorada.
El déficit de combustible —ligado en gran parte a sanciones internacionales y a una fuerte reducción de los suministros de petróleo— ha provocado que sectores claves de la economía como el turismo se estanquen, generando la suspensión de vuelos por la falta de queroseno y la clausura temporal de instalaciones turísticas. Esto, a su vez, reduce ingresos y agrava las limitaciones para importar alimentos y bienes esenciales.
Organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros han emitido advertencias sobre las condiciones dentro de la isla y aconsejado precaución a ciudadanos que planeen viajar a Cuba. La acumulación de basura en las calles, la reducción del transporte y la interrupción de servicios públicos reflejan el impacto del desabastecimiento en la vida diaria de los residentes, mientras las autoridades buscan soluciones y apoyos internacionales para enfrentar la emergencia.
