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Aumentan a 19 muertos por lluvias en Bolivia desde noviembre de 2024
Aumentaron a 19 las personas fallecidas y a más de 76.000 las familias afectadas en Bolivia a causa de la temporada de lluvias que comenzó desde noviembre de 2024, informó hoy lunes el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes.
El viceministro boliviano declaró a medios locales que la actual temporada de precipitaciones en la nación sudamericana ha sido bastante más intensa que en años anteriores y el temporal podría extenderse hasta marzo venidero e incluso abril con mayores riesgos de devastación.
«Ya son ocho los departamentos que han sido afectados, 14 municipios ya declarados en desastre municipal. Tenemos 62 municipios ya afectados, 817 comunidades, 55.934 familias afectadas, 20.325 damnificadas, en total suman 76.259», explicó el viceministro, además de que ya suman «19 personas fallecidas» y otra reportada como desaparecida.
Calvimontes recordó que el impacto que se ha tenido a causa de las fuertes precipitaciones se manifiesta en riadas, inundaciones y destrucción de viviendas con la consecuente pérdida de vidas humanas y daños materiales.
Los datos de la Defensa Civil distinguen entre familias afectadas y damnificadas como parte los impactos climáticos.
Las familias afectadas son las que sufren las consecuencias de las lluvias de manera indirecta como pérdida de cultivos, interrupción de servicios básicos y dificultades para acceder a alimentos o medicamentos.
Por su parte, las damnificadas sufren impactos directos como destrucción total o parcial de sus viviendas, así como pérdida significativa de bienes materiales.
En este contexto, el viceministro pidió a la Asamblea Legislativa aprobar la liberación para dos créditos internacionales por 325 millones de dólares destinados a fortalecer la capacidad del país frente a las emergencias naturales.
La liberación de uno de estos créditos es por 250 millones de dólares y ya se aprobó en la Cámara de Diputados, al tiempo que está pendiente de revisión en la Cámara de Senadores.
El eventual financiamiento internacional permitiría al Gobierno de Bolivia hacer frente no solo a las consecuencias de las inundaciones, los deslaves y los aludes, sino también a las sequías, los incendios y los sismos.
El viceministro reconoció que el país enfrenta una dura prueba para proteger a sus ciudadanos y reconstruir las comunidades afectadas, en un marco donde el cambio climático intensifica la frecuencia y gravedad de los desastres naturales.
La recién nombrada secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo en redes sociales que se unió a una «operación policial» en la Ciudad de Nueva York en las primeras horas del martes. Al parecer la operación logró un arresto.
«Un delincuente acusado de secuestro, agresión y robo ya se encuentra bajo custodia», dijo Noem en X. «Basura como esta se seguirá retirando de nuestras calles».
«La acción se produjo mientras los legisladores republicanos tienen en la mira las ciudades santuario, cuyas leyes limitan su cooperación con ICE», informó Bloomberg News.
Los alcaldes de Nueva York, Chicago, Denver y Boston han sido convocados por el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara para presentar su testimonio sobre sus políticas de santuario durante una audiencia que se llevará a cabo en febrero.
La Casa Blanca pidió a todas las secretarías de Estado y agencias federales que congelen una parte de los gastos de «asistencia» para revisarlos y asegurarse de que estén conformes con las «prioridades del Presidente», una decisión que pone en riesgo el acceso a la cobertura médica de muchos estadounidenses de bajos ingresos.
En principio se trataba de gastos vinculados a programas de asistencia y actividades de apoyo desde el Estado, para las cuales cada agencia debe realizar un «análisis completo», según un documento al que accedió la AFP.
«Esta pausa temporal dará tiempo a la administración para revisar programas y determinar el mejor uso de fondos para las iniciativas que sean consistentes con la ley y las prioridades del Presidente», señala el documento.
Se trata de «una medida muy responsable», sostuvo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a reporteros en Washington.
La orden de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, una semana después de la asunción de Trump, amenaza con frenar el desembolso de cientos de miles de millones de dólares en fondos para gobiernos locales, entidades educativas o pequeños préstamos para empresas.
Están afectados los programas vinculados a la transición energética y los previstos para zonas afectadas por catástrofes naturales.
La decisión sigue a una similar que también congeló partidas de ayuda exterior.
Esta medida no afecta los fondos que llegan a los estadounidenses a través del sistema de seguro médico para los jubilados Medicare, por ejemplo.
Naciones Unidas confirmó este martes que recibió una notificación de la administración del presidente estadounidense Donald Trump informándole de su intención de retirarse del Acuerdo del Clima de París, según un portavoz de la organización.
«Puedo confirmar que Estados Unidos ha notificado al secretario general (de la ONU, Antonio Guterres), en su calidad de depositario (del acuerdo), el 27 de enero de su retiro del acuerdo de París», dijo su portavoz Stephane Dujarric.
La medida será efectiva el 27 de enero de 2026, según los estatutos, precisó.
«Reafirmamos nuestro compromiso con el Acuerdo de París y nuestro respaldo a todos los esfuerzos eficaces para limitar el aumento de la temperatura mundial a +1,5°C», agregó.
Tras asumir el poder el 20 de enero, Trump anunció que Estados Unidos, el segundo mayor contaminante del mundo detrás de China, se retiraría por segunda vez del pacto de París, poniendo en cuestión los esfuerzos mundiales para frenar el calentamiento climático.
Durante su primer mandato, el presidente republicano retiró brevemente a Estados Unidos del Acuerdo de París, pero el demócrata Joe Biden revirtió la medida al asumir.
