Internacionales
Al menos 12 curas han sido detenidos en Nicaragua
Al menos 12 sacerdotes fueron detenidos en los últimos días en una nueva oleada de arrestos contra religiosos de la Iglesia católica en Nicaragua, informó una ONG de derechos humanos que trabaja desde el exilio en Costa Rica.
«En las últimas 48 horas ha ocurrido una escalada represiva contra sacerdotes de la Iglesia católica» en el departamento de Matagalpa, en el norte del país, dijo en un comunicado el Colectivo Nicaragua Nunca Más.
«Varias parroquias han sido asediadas y al menos 12 sacerdotes detenidos arbitrariamente, algunos de ellos con paradero desconocido y en situación de desaparición forzada», precisó la organización.
El jueves y el viernes anteriores, la Policía nicaragüense realizó operativos en parroquias de las diócesis de Matagalpa y también de Estelí, dijo en la red social X la abogada e investigadora de temas de la Iglesia Martha Patricia Molina, exiliada en Estados Unidos.
La activista de derechos humanos nicaragüense Haydeé Castillo, también exiliada en Estados Unidos, aseguró en X que «anoche Matagalpa estuvo asediada por fuerzas policiales y paramilitares».
El Gobierno de Nicaragua no se ha referido a esas informaciones.
El presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, sostienen que la Iglesia apoyó las protestas de 2018 contra el Gobierno que causaron más de 300 muertos, según la ONU, y que Managua considera un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
Murillo ha calificado a los religiosos de «hijos del demonio» o «agentes del mal» que hacen «terrorismo espiritual».
«Esta es la mayor arremetida desde diciembre de 2023», cuando fueron detenidos otros sacerdotes, afirmó el colectivo. En enero pasado, una treintena de religiosos fueron excarcelados y enviados al Vaticano.
Hace una semana, un grupo de expertos de las Naciones Unidas denunció que el Gobierno de Nicaragua mantiene ataques «sistemáticos» contra la Iglesia católica y otras confesiones cristianas.
Desde abril de 2018 hasta marzo de 2024, ese grupo constató «73 casos de detenciones arbitrarias de miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas», aunque dijo que «la cifra total podría ser más alta».
El periodista Miguel Ángel Beltrán fue asesinado el 25 de octubre en el poblado Río Chico, Durango, mientras transitaba por la carretera rumbo a Mazatlán, confirmaron autoridades locales. Con este crimen, suman nueve los comunicadores asesinados en México en lo que va de 2025.
El caso ha generado condenas nacionales e internacionales. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) reiteraron su preocupación por la violencia que enfrenta el gremio en el país, considerado uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de zonas de guerra.
Los ataques contra comunicadores incluyen asesinatos, amenazas, acoso judicial, espionaje y campañas de desprestigio en redes sociales, afectando el derecho ciudadano a la información. A pesar del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, diversos colectivos señalan fallas estructurales, ya que varios periodistas han sido asesinados incluso bajo resguardo oficial.
Amnistía Internacional y otros organismos exigieron al Estado mexicano una investigación exhaustiva y la intervención de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), así como garantizar condiciones seguras para los comunicadores, especialmente en zonas con alta presencia del crimen organizado.
La Fiscalía General del Estado de Durango abrió una carpeta de investigación, mientras RSF solicitó que la FEADLE conozca el caso, al existir indicios de que el asesinato está vinculado con la labor periodística de Beltrán.
La impunidad en casos de violencia contra periodistas en México supera el 90%, según organismos internacionales, lo que genera un clima de miedo y limita la labor informativa. El asesinato de Miguel Ángel Beltrán refleja la crisis de la libertad de expresión en el país y refuerza el llamado urgente para adoptar medidas efectivas de protección y justicia.
Internacionales
Justicia guatemalteca abre el arbitraje por el caso Continental Towers y apunta a TPG Peppertree
Un juez penal de Guatemala ordenó el levantamiento de la confidencialidad en el arbitraje internacional que enfrenta a la empresa regional de telecomunicaciones Continental Towers y a la firma estadounidense TPG Peppertree, un litigio millonario que se desarrolla en Nueva York y que ha derivado en procesos penales en El Salvador, Guatemala y Perú.
La resolución, calificada como un punto de inflexión en la controversia, permite por primera vez que representantes de Continental Towers presenten públicamente su defensa y establezcan vínculos entre el arbitraje y las órdenes de captura emitidas en El Salvador contra altos ejecutivos de TPG Peppertree, acusados de fraude y extorsión.
Un fallo con implicaciones de soberanía judicial
La decisión del juez guatemalteco sostiene que ningún tribunal extranjero puede interferir o tener jurisdicción sobre procesos penales locales, reforzando así el principio de autonomía judicial frente a decisiones provenientes de cortes o arbitrajes internacionales.
Según el fallo, el arbitraje en Nueva York —impulsado por TPG Peppertree para forzar la compra de Continental Towers— no puede ser utilizado como herramienta de presión ni como excusa para obstaculizar investigaciones penales en curso en Centroamérica.
Contexto: capturas y procesos en El Salvador
La resolución coincide con la reciente orden emitida por el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, que giró capturas internacionales contra tres ejecutivos estadounidenses de TPG Peppertree —Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri—, además de dos ciudadanos guatemaltecos.
Los acusados enfrentan cargos por fraude millonario, estafa, extorsión y agrupaciones ilícitas, en perjuicio de empresas vinculadas a Continental Towers y Terra Towers.
La Interpol ya fue notificada para proceder a su localización y captura fuera del país.
Guatemala defiende su jurisdicción penal
El juez guatemalteco enfatizó que las decisiones arbitrales extranjeras no pueden imponerse sobre las leyes nacionales. En su sentencia, explicó que la confidencialidad de los arbitrajes no es absoluta cuando el proceso puede servir para encubrir hechos de relevancia pública o posibles delitos.
Asimismo, el tribunal designó un interventor judicial para proteger los activos de Continental Towers en Guatemala mientras avanzan las investigaciones.
El Ministerio Público de Guatemala respaldó la medida y advirtió que cualquier intento de usar un arbitraje internacional para influir en causas penales nacionales podría constituir obstrucción de la justicia.
Irregularidades en el arbitraje de Nueva York
Tras levantarse la reserva, Continental Towers publicó en su sitio oficial (interventoriacontinentaltowers.com) una serie de denuncias sobre irregularidades éticas y procesales dentro del arbitraje celebrado en Estados Unidos.
Entre ellas destacan:
- Violación de la confidencialidad por parte del árbitro presidente, Marc Goldstein, quien habría divulgado fragmentos del caso en su blog personal.
- Manipulación de testimonios, señalando que Goldstein habría intervenido para modificar declaraciones de testigos.
- Filtraciones intencionadas por parte de TPG Peppertree, que habría utilizado documentos del arbitraje en procesos judiciales en El Salvador, Perú y Guatemala.
- Acceso indebido a información interna, reconocido por testigos durante las audiencias.
Continental Towers acusa a sus contrapartes de haber empleado el laudo arbitral como instrumento de coacción y extorsión, intentando influir en procesos judiciales latinoamericanos a través de decisiones privadas extranjeras.
Impacto regional y precedente jurídico
El caso Continental Towers vs. TPG Peppertree simboliza la creciente tensión entre los arbitrajes internacionales de inversión y la autonomía judicial de los Estados latinoamericanos.
Fuentes jurídicas sostienen que el fallo guatemalteco sienta un precedente al reafirmar que los laudos arbitrales no pueden estar por encima del derecho penal soberano.
“La resolución reafirma la capacidad de los Estados para proteger sus sistemas judiciales frente a injerencias externas disfrazadas de disputas comerciales”, señalaron fuentes cercanas al proceso.
Mientras tanto, las investigaciones continúan en Guatemala y El Salvador, donde las autoridades aseguran que la cooperación judicial regional será esencial para esclarecer responsabilidades y garantizar que los delitos financieros transnacionales no queden impunes.
Internacionales
VIDEO | Mujer de 68 años pierde el control de su vehículo y termina sobre gradas eléctricas
Una conductora perdió el control de su vehículo y terminó sobre las gradas eléctricas de un centro comercial en el distrito de San Lorenzo, cercano a Asunción, capital de Paraguay, informaron medios locales.
De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, dos personas resultaron lesionadas: la conductora, de 68 años, y su acompañante, de 71. Ambas sufrieron heridas leves gracias al uso del cinturón de seguridad.
Las autoridades investigan las causas del incidente, que generó alarma entre los visitantes del establecimiento.
