Judicial
Testigo mintió y dejan libres a 16 pandilleros acusados de homicidio
Un testigo que montó unas falsas declaraciones que permitieron que 16 pandilleros quedaran en libertad, según explicó un juez.
El Juzgado Especializado de Sentencia de San Salvador, dejó en libertad a 16 criminales imputados por 12 casos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, a falta de credibilidad por parte del testigo.
«El único testigo presentado por la FGR “Horus”, había sido mendaz (mentiroso), porque en la mayoría de homicidios había nombrado a los sujetos que supuestamente habían participado en los hechos, pero al verificar la prueba presentada por los procesados se hacía notar que en el momento de los hechos estaban detenidos en diferentes centros penales», explicó el juez.
Los pandilleros eximidos son: Joel Eleazar Hernández Tadeo, Oscar Orlando Cerna Veliz, Manuel de Jesús Hernández Melgar, Erick Giovanni Santos Guzmán, Juan Carlos Flores Espinoza, Wilber Antonio Rivas, Hugo Daniel Ortega Ayala, Kevin Alexander Rivas, Jaime Ernesto Pérez, Danilo Amílcar Araujo Estrada, Melvin Guzmán Yanes, Carlos Magdaleno Rivas, Esteban Rivas Cortez y Franklin Enrique Orellana Cardona. Además,
Además consiguió libertad la trabajadora social Magda Suyen Morazán Peralta, quien estaba implicada en cooperar con miembros de la pandilla; sin embargo el juez señaló que quedó absuelta dado a que siempre se hacía acompañar por médicos y enfermeras del Ministerio de Salud, al llegar a las zonas.
Los mareros que gozan de libertad, eran juzgados por delitos cometidos durante el año 2013 y 2018, y son parte de una estructura que asedia varias colonias del municipio de Colón, del departamento de La Libertad.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
