La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) anunció este lunes los nuevos precios de referencia para los combustibles, vigentes del 10 al 23 de junio de 2025, los cuales registran un leve incremento influenciado por factores internacionales.

Según la institución, el alza responde a la baja en las reservas de petróleo en Estados Unidos, el avance de un proyecto de ley que impondría aranceles a las exportaciones rusas, y la persistencia del conflicto entre Ucrania y Rusia, que mantiene inestable el mercado energético mundial.

De acuerdo con el informe, el galón de gasolina especial aumentará $0.03, llegando a $3.84 en la zona central, $3.85 en la occidental y $3.88 en la oriental. La gasolina regular también subirá $0.03, con precios de $3.58, $3.59 y $3.62, respectivamente. En cuanto al diésel, el incremento será de $0.01, con precios que oscilan entre los $3.29 y $3.34, según la región.

La DGEHM indicó además que ha intensificado las verificaciones en estaciones de servicio para asegurar que se cumpla con los estándares de calidad y cantidad, y así garantizar que los consumidores reciban el producto conforme a lo pagado. También se realizan inspecciones a las empresas comercializadoras para detectar posibles irregularidades.

Gracias al clima de seguridad alcanzado por el país en los últimos años, el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de San Salvador Centro ha comenzado a desempeñar un papel más activo en la prevención y la educación ciudadana, especialmente en centros escolares.

Según explicó Francisco López, director del CAM, la institución ha diversificado sus funciones más allá de la vigilancia y resguardo municipal, enfocándose en actividades formativas y comunitarias. Actualmente, unos 1,200 agentes conforman esta fuerza, y parte de ellos está asignada a la atención de la población estudiantil a través de la Unidad Comunitaria.

Entre las acciones implementadas se encuentran la visita a 31 centros escolares para impartir charlas sobre ordenanzas municipales, medioambiente y actividades deportivas, dirigidas a estudiantes, padres de familia y docentes. Esta labor busca reforzar el vínculo entre el CAM y la ciudadanía, promoviendo valores de convivencia y prevención desde edades tempranas.

“Nos sentimos orgullosos como cuerpo de agentes porque estamos contribuyendo al tema de la seguridad y prevención ciudadana. Hoy el 70 % de la formación del pénsum académico del personal está enfocado en ese propósito”, afirmó López.

Las actividades impulsadas incluyen la organización de recreos dirigidos, la participación de agentes como árbitros en eventos deportivos escolares, así como el establecimiento de huertos en centros educativos. Algunos elementos del CAM ya han sido capacitados como árbitros, y se proyecta ampliar esta formación a otros agentes.

Israel Sánchez, encargado de la Unidad Comunitaria, destacó que los agentes se están preparando no solo como custodios del orden, sino también como facilitadores y educadores. “El objetivo es que los compañeros tengan un conocimiento más allá del trabajo operativo. Ahora están al frente de niños y adultos, orientando y compartiendo conocimientos”, dijo.

Sánchez también reconoció el cambio de percepción que ha tenido la población hacia el CAM, especialmente en zonas donde antes hubo enfrentamientos con comerciantes informales. “Hoy ingresamos a las escuelas con un enfoque diferente: educación, deporte y convivencia”, añadió.

Padres de familia también han valorado esta nueva faceta del CAM. Cecilia Fermán, madre de familia del Centro Escolar Reino de Holanda en Ciudad Delgado, expresó su agradecimiento por las charlas impartidas. “Eso es un principio de conocimientos para nosotros como padres, que algunos no conocemos sobre los artículos de la ordenanza”, dijo.

La estrategia del CAM se enmarca en el esfuerzo por mantener sostenibilidad en los niveles de seguridad del país, mediante el trabajo preventivo con la niñez y juventud.

Han pasado diez años desde que El Salvador fue catalogado como la nación más violenta del mundo. El año 2015 cerró con una tasa histórica de homicidios de 106.3 por cada 100,000 habitantes, acumulando 6,656 asesinatos, en su mayoría atribuidos a la actividad de pandillas. Agosto de ese año se mantiene como el mes más violento registrado, con 918 homicidios, seguido por septiembre (685), junio (677) y octubre (676).

El contraste con la actualidad es notorio. Según datos oficiales, en 2024 el país cerró con una tasa de 1.9 homicidios por cada 100,000 habitantes, posicionándose como una de las naciones más seguras de América Latina. Las autoridades atribuyen la drástica reducción de la violencia a la implementación del Plan Control Territorial y al régimen de excepción, políticas que permitieron capturar a miles de miembros de estructuras criminales.

En 2015, la violencia alcanzó niveles críticos, con masacres frecuentes, asesinatos de policías y soldados —solo ese año murieron 62 agentes y 24 militares—, y la desaparición forzada de más de 1,800 personas, en su mayoría jóvenes menores de 30 años. Distritos como Soyapango, Ilopango, Apopa y Panchimalco fueron especialmente afectados por la presencia de pandillas. La población civil vivió en un estado de constante amenaza, lo que provocó desplazamientos forzados y un incremento en la migración hacia Estados Unidos y Europa. Según datos del Censo 2024 del Banco Central de Reserva, en 2015 más del 23 % de los salvadoreños emigraron, impulsados principalmente por la inseguridad.

Además, la violencia impactó directamente en el sistema educativo. En 2015, más de 39,000 estudiantes abandonaron las aulas debido al miedo. En contraste, el presidente Nayib Bukele destacó recientemente que el actual clima de seguridad permite a miles de jóvenes continuar su formación académica, y anunció la entrega de 10,000 becas universitarias.

Los registros de esa década también revelan el colapso de las políticas de seguridad de los gobiernos del FMLN, marcadas por el fallido experimento de la tregua entre pandillas en 2012. Para muchos, 2015 simboliza el punto más oscuro de la historia reciente de El Salvador. Sin embargo, una década después, el país busca consolidar un nuevo rumbo, marcado por cifras récord de seguridad, la recuperación del tejido social y el retorno de la esperanza para miles de familias.