En enero, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) publicó una resolución en la cual establece los parámetros con los que serán evaluados los individuos para que obtengan, o continúen percibiendo, un subsidio por discapacidad. En su anexo, se describen los niveles de desarrollo intelectual de los «retardos mentales».

Según este texto, primero está el «idiota», que «no atravesó la etapa glósica (verbal), no lee ni escribe, no conoce el dínero…»; luego el «imbécil», que «no lee ni escribe, (pero) atiende sus necesidades elementales»; y finalmente el «débil mental profundo», que «realiza tareas rudimentarias», el «moderado» y el «leve», que «puede realizar tareas de mayor envergadura».

«Les corresponde pensión a los que presentan debilidad mental profunda o mayor», prosigue el texto difundido en el Boletín Oficial, publicado en el marco de una amplia auditoría implementada por el gobierno del ultraliberal Javier Milei a fin de revisar la ideoneidad de las pensiones por invalidez.

Tras el repudio a este contenido por parte de organizaciones de derechos humanos y de personas con discapacidad, ANDIS reconoció en un comunicado este jueves que la publicación de tales términos fue «un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta».

La resolución y el polémico anexo «serán modificados siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes, con el objetivo de garantizar que la terminología utilizada esté alineada con las referencias internacionales», indicó la agencia en la red X, aclarando que estos cambios no modificarán «sus criterios de evaluación».

Siete organizaciones exigieron hace tres semanas la derogación de esta norma al señalar que su contenido «atenta de modo flagrante» la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, entre otras cosas porque «la clasificación de las personas como ‘válidas’ o ‘inválidas’ para el trabajo es contraria al modelo social y es en sí misma discriminatoria».

«Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarnos del Consejo de Derecho Humanos y de toda actividad relacionada con este Consejo y todos sus mecanismos satélites», anunció en medios oficialistas Rosario Murillo, copresidenta de Nicaragua junto a su esposo, Daniel Ortega.

Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, está en el poder desde 2007 y sus críticos lo acusan de instaurar una «dictadura familiar», junto a su esposa, de 73 años.

En su informe anual, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua aseguró que, con una reforma constitucional que entró en vigor el 18 de febrero, el gobierno «eliminó los pocos controles institucionales que quedaban» y creó un «poder ejecutivo con dominio absoluto»,

Los expertos acusaron al «régimen de Ortega y Murillo de ejecutar sistemáticamente una estrategia autoritaria de dominio del país, mediante la comisión de graves violaciones de derechos humanos».

Según el reporte, publicado en Ginebra, «el gobierno reclutó a excombatientes, militares y policías retirados, jueces y empleados públicos, para que se unieran» a un ejército de decenas de miles de encapuchados que vigilan y reprimen a la población.

Vestidos con camiseta blanca y pantalón negro, unos 30.000 encapuchados, que formaron filas en la Plaza de la Fe en Managua, fueron juramentados por Ortega y Murillo en la noche del miércoles para unirse a otros 50.000 del resto del país.

«Caja de resonancia»

Ambos aumentaron el control sobre la sociedad nicaragüense tras las protestas de abril de 2018, que consideraron un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington y cuya represión, en la que según el Grupo de Expertos participó el ejército, la policía y paramilitares encapuchados, dejó más de 320 muertos.

«El autodenonimado Grupo de Expertos, la Oficina del Alto Comisionado y el Consejo de Derechos Humanos se han convertido en caja de resonancia de quienes atentaron contra la paz y tranquilidad», agregó Murillo, en referencia a los manifestantes.

La copresidenta nicaragüense aseguró que «esos informes son un obstáculo para el desarrollo económico y social» del país, y calificó a esos órganos de la ONU de «irrespetuosos» que «perdieron su naturaleza y esencia».

«No los reconocemos y no nos vemos siendo parte o cómplice de atropellos contra la soberanía, la igualdad de los Estados, la dignidad de los pueblos», agregó.

La reforma constitucional establece la «vigilancia» sobre la prensa y la Iglesia, y el despojo de la nacionalidad nicaragüense a quienes el gobierno considere «traidores a la patria», como hizo con unos 450 críticos y opositores expulsados del país en los últimos años.

«Nicaragua se ha convertido en un lugar de vigilancia y silencio impuesto para quienes permanecen, mientras que aquellos que se atreven a resistir, o que simplemente son percibidos como disidentes, enfrentan una vida de apátrida y exilio» dijo Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos.

Los investigadores de la ONU instaron a la comunidad internacional a tomar medidas decisivas para abordar estas violaciones.

Un menor de edad se convirtió en la primera víctima mortal de un brote de sarampión en Texas, sur de Estados Unidos, en donde más de 130 personas han resultado contagiadas, informaron este miércoles las autoridades de Salud.

«El niño en edad escolar que no fue vacunado fue hospitalizado en Lubbock (noroeste de Texas) la semana pasada y dio positivo para sarampión», dijo el Departamento de Salud estatal en un comunicado de prensa.

Desde principios de año, se han registrado 124 casos de sarampión en el oeste de Texas y 9 en el vecino estado de Nuevo México, lo que ha incrementado la preocupación por el resurgimiento de esta enfermedad altamente contagiosa en medio de una disminución de las tasas de vacunación.

La mayoría de los casos se dan en niños. Dieciocho de ellos han sido hospitalizados en Texas. «Aunque los múltiples brotes de sarampión en Estados Unidos no han provocado ninguna muerte, era sólo cuestión de tiempo que se produjera una», dijo a la AFP el médico especialista en enfermedades infecciosas Amesh Adalja, de la Universidad Johns Hopkins.

«El sarampión sigue matando a más de 100.000 personas cada año en todo el mundo. La muerte debería servir como recordatorio de que hubo una razón por la que se desarrolló la vacuna y de que la vacuna es valiosa para las personas. Estas muertes son casi totalmente evitables», agregó.

El epicentro del brote es el condado de Gaines, hogar de una importante población menonita, una secta cristiana con un historial de reticencia a las vacunas. La ley de Texas permite exenciones de vacunas por razones de conciencia, incluidas las creencias religiosas.

El brote coincide con el comienzo del mandato de Robert F. Kennedy Jr. como Secretario de Salud en la administración de Donald Trump, un puesto que influye en la política de inmunización del país.

Kennedy, un escéptico declarado de las vacunas, ha sido cuestionado por vincular la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) con el autismo, una afirmación que ha sido desacreditada por completo por la investigación científica.