Internacionales
Fiscalía de Venezuela cita para el lunes a candidato opositor en investigación penal
La fiscalía de Venezuela citó para el lunes al candidato opositor Edmundo González Urrutia, sobre quien pesa una investigación penal tras denunciar fraude en la elección presidencial del 28 de julio, por presuntos delitos de «usurpación de funciones» y «forjamiento de documento público», entre otros, informó el organismo este sábado.
El ente informó en su cuenta de Instagram que la cita es «el día 26 de agosto del 2024, a las 10:00 horas de la mañana, a fin de rendir entrevista en relación a los hechos que investiga este despacho relacionado con la publicación y mantenimiento de la página web ‘https:resultadosconvzla.com’».
La boleta hace referencia a un sitio web en el que la oposición publicó copias de actas electorales que, asegura, prueban la derrota del presidente Nicolás Maduro, reelecto para un tercer mandato de seis años (2025-2031), ante González Urrutia.
El abanderado de la oposición deberá rendir declaraciones por presuntos delitos de «usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración», detalla el texto.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro reelecto con 52% de los votos, mientras que la oposición, encabezada por María Corina Machado, asegura que su candidato ganó con 67% de los sufragios, según las copias de actas que divulgó en la web. El chavismo asegura que son «forjadas».
El 5 de agosto, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación contra González Urrutia y Machado por «instigación a la insurrección», entre otros delitos, luego de que pidieran a la Fuerza Armada cesar la «represión» de protestas desatadas tras la publicación de los resultados electorales y dar la espalda a Maduro en una carta abierta en redes sociales.
El fiscal general, Tarek William Saab, responsabiliza a González Urrutia y a la dirigente opositora de hechos de violencia en protestas que registran 27 muertos -dos de ellos militares-, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos.
Ante un recurso introducido por Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) convalidó el jueves los resultados y acusó de «desacato» a González Urrutia por negarse a acudir a las audiencias del proceso de peritaje de material electoral.
La corte anunció que enviaría su fallo a Saab de cara a «sanciones».
«Va a tener que dar la cara», subrayó el fiscal el viernes.
González Urrutia está en la clandestinidad desde el 30 de julio, cuando asistió a una manifestación opositora. Se ha limitado a hacer publicaciones en redes sociales.
Maduro ha pedido cárcel para él y Machado.
El número de muertos por el paso de dos poderosos tifones que azotaron recientemente Filipinas aumentó a 259, mientras millones de personas han sido desplazadas, informaron hoy miércoles las autoridades.
El Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres (Ndrrmc, por sus siglas en inglés) señaló que el tifón Fung-wong, que tocó tierra el domingo como supertifón antes de debilitarse al cruzar el norte-centro de Luzón, dejó al menos 27 muertos y dos desaparecidos.
En un informe separado, el organismo indicó que el tifón Kalmaegi, que impactó el 4 de noviembre, provocó graves inundaciones y deslizamientos de tierra en el centro del país, causando 232 muertes, 112 desaparecidos y más de 500 heridos.
La mayoría de las víctimas se registraron en la provincia de Cebú, que aún se recupera del terremoto de magnitud 6,9 ocurrido el 30 de septiembre, agregó el Ndrrmc.
Ambos fenómenos desplazaron a millones de residentes y provocaron una destrucción generalizada de viviendas, cultivos e infraestructura clave, incluidas carreteras y puentes, según el organismo.
Fung-wong fue el ciclón tropical número 21 que golpea Filipinas este año, superando el promedio anual de 20 tormentas del país.
Al menos 37 personas murieron y otras 24 resultaron heridas este miércoles cuando un autobús cayó a un abismo tras chocar con una camioneta en Arequipa, en el sur de Perú, según autoridades.
El autobús de dos pisos con más de 60 pasajeros, de la empresa Llamosas, chocó de frente con una camioneta pick up en una curva, en la vía Panamericana Sur que conecta con Chile.
«Tenemos una cifra de 37 fallecidos (…) además de 24 heridos», dijo a la AFP Walther Oporto, gerente regional de Salud de Arequipa.
Sin embargo, la cifra de muertos puede aumentar porque hay heridos graves, añadió por vía telefónica.
La gran cantidad de siniestros en Perú se asocia principalmente al exceso de velocidad, la embriaguez, entre otras imprudencias, además de la exigente topografía del país.
El autobús accidentado el miércoles había partido la noche del martes de la localidad de Chala, en provincia de Caravelí, con destino a Arequipa, la segunda ciudad de Perú.
Tras chocar en el km 780 de la carretera, rodó por un abismo de 200 metros y fue a parar a la orilla de un río, según reportes de prensa que citan a los bomberos.
El portavoz de bomberos Jack Páez indicó que el rescate de los heridos fue muy difícil debido al terreno rocoso.
«Es muy lamentable este accidente que enluta a muchas familias. Hay personas mayores y niños» entre los heridos, declaró al canal de televisión TV Perú.
La empresa de transporte Llamosas informó que «el conductor del bus falleció».
Un sacerdote llegó al lugar y oró junto a los cuerpos, puestos en fila a la orilla del río, según imágenes enviadas por la fiscalía.
Internacionales
Pandillero interpone recurso ante Corte Constitucional de Guatemala para anular Ley Antipandillas
Un miembro de grupos de pandillas que enfrenta un proceso de condena por el delito de extorsión interpuso ante la Corte Constitucional de Guatemala un recurso de amparo contra la Ley Antipandillas, aprobada y entrada en vigencia recientemente en el país centroamericano.
El recurso presentado por el pandillero, identificado como Dylan Smaily Archila García, asegura que la nueva ley viola sus derechos humanos fundamentales y, además, señala que hubo ciertas irregularidades en su aprobación, según medios locales en Guatemala.
El amparo fue presentado pocas horas después que entrara en vigencia la nueva ley, con la cual el Congreso de Guatemala aumentó las penas por delitos vinculados al accionar de los grupos terroristas, además de facilitar la construcción de una megacárcel similar a lo implementado con el Centro de Confinamiento de Terrorismo (Cecot) en El Salvador.
Medios guatemaltecos aseguran que, en el recurso, Archila García señala que la aprobación de ley no cumplió con todo lo establecido en la constitución, por lo que pide que se establezca una medida alternativa para su anulación, frenando así su entrada en vigencia.
De igual forma, rotativos locales citan el documento señalando que Archila García asegura que la Ley Antipandillas vulnera sus derechos humanos al no garantizar un proceso de juicio penal en el que pueda comprobar su inocencia, fallando en la garantía de certeza jurídica y seguridad en el debido proceso.
El amparo pretende que la ley sea congelada por medio de un recurso de la Corte Constitucional para, posteriormente, ser dejada sin efecto y que no pueda volver a discutirse al interior del congreso.
La Ley Antipandillas fue una iniciativa promovida por el presidente Bernardo Arévalo ante el incremento de la violencia y el accionar de las pandillas en el territorio de Guatemala. El cuerpo de ley busca establecer mecanismos que permitan un ataque frontal contra las estructuras terroristas que siguen operando en el país.
