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El Plan Cero Tolerancia busca reducir cifras de siniestralidad vial
El Gobierno ha puesto en marcha el Plan Cero Tolerancia que incluye diversas acciones que buscan incidir en la disminución de las cifras de siniestralidad vial.
Una de estas medidas es la instalación de cercos antidopaje donde se cierra todo un perímetro para que, de manera aleatoria, los conductores puedan someterse a una prueba de alcoholemia.
“Todo este plan conlleva otro tipo de controles vehiculares, nosotros tenemos controles que estén enfocados en el cumplimiento normativo donde evaluamos que todos los conductores y vehículos anden con sus documentos en regla, que anden los dispositivos de seguridad también, aquí se aborda a las personas y se les pide su tarjeta de circulación, su licencia de conducir”, explicó el director general de Tránsito, Alfredo Alvayero.
Con estos controles se previene que conductores manejen sin licencia o conduzcan vehículos de otra clase a la permitida en su documento.
Además, se llevan a cabo controles específicos para verificar que se conduzca respetando los límites de velocidad que estipula la ley de tránsito.
La información del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI), demuestra que el abuso de velocidad es la segunda causa de siniestros que tienen como resultado personas lesionadas o fallecidas.
“Tenemos dispositivos electrónicos que nos permiten medir velocidad, el equipo de gestores hace un par de meses, recibió un lote de pistolas para poder medir la velocidad y eso nos permite establecer controles en diferentes puntos del país y lo hacemos en conjunto con la Policía Nacional Civil”, indicó el funcionario.
Cabe recordar que cada carretera en el país tiene sus límites de velocidad permitida de acuerdo con el tipo de infraestructura y que es necesario respetarlos para evitar conductas de riesgo.
Asimismo, bajo el Plan Cero Tolerancia son ejecutadas otras acciones como los patrullajes para identificar a conductores distraídos, las verificaciones del respeto a los horarios de circulación para el transporte de carga y las revisiones al transporte público de pasajeros.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
Inspectores del Viceministerio de Transporte (VMT) se mantienen desplegados en diferentes puntos del país para verificar que el servicio de transporte colectivo se brinde de manera regular y gratuita, como fue dispuesto por el Gobierno salvadoreño entre el 5 y el 11 de mayo.
De acuerdo con la institución, los equipos están presentes en paradas de autobuses y en diversas rutas a nivel nacional, con el objetivo de garantizar que los motoristas permitan el abordaje de los usuarios y mantengan la frecuencia establecida de los viajes.
“Nos mantenemos vigilantes de que el servicio de transporte colectivo se brinde con regularidad en diferentes puntos del país”, informó el VMT a través de sus canales oficiales.
El Viceministerio también reportó que el servicio opera con normalidad en la zona occidental del país, en rutas que conectan con otras regiones del territorio salvadoreño.
Además de la supervisión, el personal del VMT brinda asistencia a los usuarios, orientándolos para abordar de forma ordenada las unidades de transporte público.
El servicio gratuito de transporte forma parte de una medida de alivio económico y vial implementada por el Ejecutivo, mientras continúan los trabajos de rehabilitación en la carretera Los Chorros.
El canal hondureño HCH Noticias destacó recientemente la transformación en materia de seguridad pública que ha experimentado El Salvador durante la administración del presidente Nayib Bukele, subrayando que el país ha alcanzado 900 días sin homicidios desde 2019.
“Durante años El Salvador encabezó las listas de los países más violentos del mundo. En 2015 su tasa de homicidios superaba los 100 por cada 100,000 habitantes, un escenario marcado por el dominio territorial de las pandillas y la debilidad institucional del Estado”, señaló el medio a través de su cuenta oficial en la red social X.
El reporte de HCH recuerda que dicho periodo estuvo marcado por los gobiernos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), encabezados por los expresidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, ambos señalados por casos de corrupción y actualmente asilados en Nicaragua para evadir la justicia salvadoreña.
El FMLN fue derrotado en las elecciones presidenciales de 2019, dando paso a la llegada de Bukele al poder, quien —según destaca el medio— enfocó su gestión en la mejora de la seguridad ciudadana. A solo un mes de haber asumido la presidencia, el mandatario lanzó el Plan Control Territorial, estrategia que fue complementada en marzo de 2022 con la instauración del régimen de excepción, aún vigente.
“Hoy, el país centroamericano vive una transformación profunda en materia de seguridad de la mano del gobierno de Nayib Bukele, con cifras que contrastan radicalmente con ese pasado”, indicó HCH Noticias.
El Salvador ha sido reconocido a nivel internacional por la drástica reducción en los niveles de homicidios y otros delitos de alto impacto, lo que ha generado tanto apoyo ciudadano como observaciones críticas de sectores que demandan mayor transparencia en el proceso.
