Judicial
Decretan detención provisional contra Alejandro Muyshondt
Este viernes se llevó a cabo la audiencia de imposición de medidas en contra del exasesor de seguridad de la Presidencia, Alejandro Muyshondt, en el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado, en esta capital. Muyshondt es acusado de ser un «doble agente», y según trascendió este día, ha sido acusado además del delito de «extorsión agravada», aunque no se brindaron detalles ya que el juez decretó la reserva total del caso.
El juez además ordenó que el imputado siga detenido mientras avanzan las investigaciones. Tampoco se conoció donde guarda prisión desde que fue capturado el pasado 9 de agosto por la Policía Nacional Civil.
Muyshondt se presentó virtualmente ante el tribunal para ser acusado por revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial y de favorecimiento de la evasión.
Ni fiscales ni defensa dieron declaraciones a la prensa que esperaba conocer detalles sobre el caso, precisamente por haberse decretado la reserva total.
Según recogió Diario El Mundo, a Muyshondt se le sumó este viernes un nuevo delito, que es el de extorsión agravada, aunque no se obtuvieron más detalles.
La audiencia de este día también fue contra la diputada suplente de Nuevas Ideas por el departamento de La Libertad, Nidia Araceli Turcios Anaya; y contra el asesor jurídico del diputado Erick García, Luis Alfonso Portillo Turcios, este último en calidad de ausente.
El pasado 9 de agosto, la policía capturó a Muyshondt por acusaciones de haber ayudado al expresidente Mauricio Funes a evitar su captura, además el presidente Nayib Bukele aseguró en la red X que su asesor brindaba información a tres periodistas, a un gobierno extranjero (no se precisó a cuál) y a otros ciudadanos extranjeros.
Previamente, Muyshondt filtró información sobre presuntos delitos cometidos por el diputado Erick García, involucrándolo en un posible caso de narcotráfico, lavado y nepotismo.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
