Judicial
Cinco sujetos son enviados a prisión por coyotes
En un veredicto emitido por el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de Santa Ana, cinco individuos que operaban como una organización delictiva dedicada al tráfico ilegal de personas hacia los Estados Unidos han sido declarados culpables y condenados.
Las pesquisas revelaron que los acusados despojaban a sus víctimas de sus propiedades y bienes con el propósito de garantizar el pago por el viaje clandestino hacia territorio norteamericano. Para ello, cobraban diversas cantidades de dinero que, en algunos casos, sobrepasaban los 15 mil dólares.
La cabeza visible de esta red criminal, José Rafael Martínez Escobar, junto a su hermano Juan Francisco Martínez Escobar, encargado de la logística, y los guías Erick Domingo Molina López, Juan Carlos Peña Escobar y Luis Alonso Brito, han sido sentenciados a cumplir 13 años de prisión, por los delitos de tráfico ilegal de personas (10 años) y agrupaciones ilícitas (tres años). Todos fueron juzgados ausentes y se girarán las respectivas órdenes de captura en su contra.
Mientras que Edgar Vladimir Prado Ortiz, quien enfrentaba acusaciones similares, recibió un cambio de calificación jurídica a tráfico de influencias. En consecuencia, Prado Ortiz fue condenado a tres años de prisión, sustituidos por trabajo de utilidad pública. Además, se le ha impuesto la inhabilitación especial para ocupar cargos o empleos públicos durante el mismo tiempo.
En el mismo contexto, los procesados Carlos Hernández González, José Óscar García Díaz y Evelyn Mercedes Gavarrete de Carrillo, fueron absueltos de responsabilidad penal y civi
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana impuso una condena de 50 años de prisión a José Francisco Linares Girón, declarado culpable del feminicidio agravado de su expareja.
El crimen ocurrió el 23 de septiembre de 2023 en el distrito de Metapán, Santa Ana Norte. De acuerdo con las investigaciones, Linares Girón había mantenido una relación sentimental con la víctima, la cual terminó debido a la violencia física y psicológica que él ejercía sobre ella. Pese a la ruptura, el agresor continuó acosándola e insistiendo en retomar la relación.
Ante la negativa de la mujer, el condenado la citó en un predio donde la atacó violentamente hasta causarle la muerte. Luego intentó alterar la escena del crimen y huyó del lugar. El cuerpo fue localizado tres días después, el 26 de septiembre, por trabajadores de la zona que dieron aviso a las autoridades. Linares Girón fue capturado un día después, el 27 de septiembre, y desde entonces permanece en prisión.
En un caso similar, el Juzgado Primero de Sentencia de Zacatecoluca sentenció a 30 años de cárcel a Pedro Martínez López por el delito de feminicidio agravado. Este hecho tuvo lugar el 2 de noviembre de 2013 en el cantón San Pedro Loma, distrito de Tapalhuapa, en el departamento de La Paz.
Francisco Jiménez Rivera recibió esta tarde una condena de 45 años de cárcel por haberle quitado la vida a una persona e intentar asesinar a otra víctima en Soyapango.
Según las investigaciones, en octubre del 2022, este sujeto entró a una vivienda y atacó con un arma blanca a una persona.
La segunda víctima intervino rápidamente para evitar el ataque de Jiménez, sin embargo, este logró atacarlo varias veces con el mismo cuchillo y le ocasionó la muerte al instante.
Un hombre identificado únicamente con las iniciales K. O. G. D. fue detenido luego que desobedeció una orden de alejamiento y llegó por la fuerza a la casa de su expareja para agredirla físicamente a ella y a su propia hija, en el departamento de Santa Ana.
Centros Judiciales El Salvador (CJES) detalló que todo inició cuando la víctima denunció a su excompañero de vida por violencia intrafamiliar, cuyo caso fue remitido a un Juzgado de Paz de Santa Ana en el cual se dictaron medidas de protección.
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana impuso K. O. G. D. medidas de protección que le prohibían acercarse a su excompañera de vida con el objetivo de resguardar su integridad mientras se celebraba la audiencia inicial.
No obstante, detalló CJES, “el 26 de abril de 2025, el imputado presuntamente llegó a la vivienda de la víctima y la agredió físicamente. Además, se reportó que golpeó a su hija, lo que motivó su detención por parte de la Policía Nacional Civil (PNC)”.
Durante la audiencia inicial, la jueza valoró los indicios presentados y resolvió que el proceso continúe en etapa de instrucción, pero esta vez con el imputado en detención provisional. Además, ordenó que la niña, hija biológica del acusado y presunta víctima de maltrato, quede bajo el cuidado temporal de su tía abuela.
