Judicial
Cinco sujetos son enviados a prisión por coyotes
En un veredicto emitido por el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de Santa Ana, cinco individuos que operaban como una organización delictiva dedicada al tráfico ilegal de personas hacia los Estados Unidos han sido declarados culpables y condenados.
Las pesquisas revelaron que los acusados despojaban a sus víctimas de sus propiedades y bienes con el propósito de garantizar el pago por el viaje clandestino hacia territorio norteamericano. Para ello, cobraban diversas cantidades de dinero que, en algunos casos, sobrepasaban los 15 mil dólares.
La cabeza visible de esta red criminal, José Rafael Martínez Escobar, junto a su hermano Juan Francisco Martínez Escobar, encargado de la logística, y los guías Erick Domingo Molina López, Juan Carlos Peña Escobar y Luis Alonso Brito, han sido sentenciados a cumplir 13 años de prisión, por los delitos de tráfico ilegal de personas (10 años) y agrupaciones ilícitas (tres años). Todos fueron juzgados ausentes y se girarán las respectivas órdenes de captura en su contra.
Mientras que Edgar Vladimir Prado Ortiz, quien enfrentaba acusaciones similares, recibió un cambio de calificación jurídica a tráfico de influencias. En consecuencia, Prado Ortiz fue condenado a tres años de prisión, sustituidos por trabajo de utilidad pública. Además, se le ha impuesto la inhabilitación especial para ocupar cargos o empleos públicos durante el mismo tiempo.
En el mismo contexto, los procesados Carlos Hernández González, José Óscar García Díaz y Evelyn Mercedes Gavarrete de Carrillo, fueron absueltos de responsabilidad penal y civi
Judicial
Pareja que agarró a patadas a agentes de tránsito por una multa, deberá acudir a terapia sicológica
Josué Misael M. y Ana María B. M. fueron condenados a un año de suspensión condicional del proceso tras agredir física y verbalmente a agentes de tránsito el pasado domingo.
Los hechos ocurrieron cuando los agentes procedieron a multar a la pareja por obstruir el paso frente a un garaje. Al intentar retirar las placas del vehículo, los imputados reaccionaron de manera violenta, propinando patadas a los agentes e insultándolos.
Ante estos hechos, las autoridades procedieron a la detención de ambos. Posteriormente, el Juzgado Segundo de Paz de San Martín celebró una audiencia en la que los imputados aceptaron los cargos por el delito de resistencia.
Como parte de la sentencia, el juez impuso a la pareja reglas de conducta, entre ellas la obligación de asistir a terapia psicológica para el control de la ira y la prohibición de cambiar de domicilio.
Judicial
Tribunal condena a Erick Sánchez a 35 años de cárcel por homicidio agravado en San Salvador
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Erick Daniel Sánchez Liévano por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Ana A. Asimismo, lo condenó al pago de la responsabilidad civil en abstracto.
El hecho ocurrió en San Salvador el 16 de febrero de 2019, en horas de la mañana. Uno de los testigos declaró haber recibido una llamada telefónica de su madre, quien le informó que la habían subido a un vehículo y luego la comunicación se cortó. Posteriormente, un sujeto llamó exigiéndole 10 mil dólares o, de lo contrario, matarían a su madre. El familiar llamó inmediatamente al Sistema de Emergencias 911 para denunciar el secuestro.
Ese mismo día, a las 4:30 de la tarde, el testigo recibió otra llamada donde le reiteraron que no se trataba de una broma. A la mañana siguiente, volvieron a llamar para comunicarles que el plazo había vencido.
Luego de localizar el cuerpo, la autopsia determinó que Ana falleció el 16 de febrero y que presentaba heridas por arma blanca en el cuello, tórax y abdomen.
Al momento de la captura de Sánchez, se le incautaron dos teléfonos celulares. Se demostró que uno de los números telefónicos estuvo en el lugar del hecho y que fue utilizado para realizar las llamadas a los familiares de la víctima, exigiendo el pago del rescate.
La Fiscalía General de la República logró que la Cámara Ambiental de Santa Tecla admitiera la totalidad de las pruebas presentadas en contra del exdiputado del FMLN Guillermo Francisco Mata Bennet y sus dos hijos, procesados por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar el incremento de su patrimonio por un monto de $271,314.75 dólares.
A Mata Bennet, que fungió como diputado en los periodos 2012-2015 y 2015-2018, se le señalan inconsistencias por un monto de $13,270.00 dólares.
A Guillermo Eduardo Mata Mayorga, se le señalan $251,685.80 dólares.
A Jorge Alberto Mata Mayorga, se le reclaman $6,358.85 dólares. En total, son 15 irregularidades en depósitos bancarios, pago de préstamos hipotecarios, pago de tarjetas de crédito, compra de vehículos, entre otros, que no pudieron justificar.
