Por: Lisandro Prieto Femenía

“La justicia sin la verdad es como la fe sin obras: muerta”: Arthur Schopenhauer

Hace unos días salió a la luz el caso de Alejandro Otero, el drama de un hombre que estuvo en prisión por una falsa denuncia de su hijo, presionado por su ex esposa. Evidentemente, no es meramente una crónica judicial, sino un síntoma lacerante de una crisis en la administración de justicia y en la comprensión de la verdad. El hecho de que la madre de sus hijos los coaccionara para articular esa nefasta falsa denuncia de abuso infantil no sólo revela la perversidad inherente a tales actos, sino también que expone una alarmante impunidad legal para quienes instrumentalizan el sistema, despojando a un individuo de su libertad, reputación y vínculo familiar más íntimo. Repito, esto suceso, lejos de ser una anomalía, ilustra una preocupante erosión de los principios sobre los que se erige el Estado de Derecho.

Es sabido que la piedra angular de cualquier sistema jurídico que se precie de ser justo y respetable es la presunción de inocencia. El artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos humanos es claro y categórico: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. Sin embargo, en el contexto de las falsas denuncias, y particularmente en delitos de alto impacto social como el abuso, este principio parece sucumbir ante la presión mediática y una interpretación distorsionada de la protección a la víctima.

El calvario de Otero ilustra vívidamente esta erosión. Fue arrestado en 25 de junio de 2018 y pasó 26 (veintiséis) meses en prisión, sólo para ser declarado inocente después de un proceso judicial que duró 7 (siete) años. El elemento más desgarrador de su caso fue la revelación de que su propia ex-esposa, en el contexto de un conflicto de tenencia, presionó a sus dos hijos, menores de edad, para que lo denunciaran falsamente. A pesar de las inconsistencias en los testimonios infantiles, la falta de pruebas físicas y las múltiples pruebas que sí demostraban su inocencia, el proceso avanzó impulsado por la “credibilidad” inicial de la denuncia. No fue hasta que uno de sus hijos, ya adolescente, declaró en Cámara Gesell que la denuncia había sido fabricada bajo coerción de la madre, que el caso comenzó a desmoronarse. La vida de Alejandro quedó totalmente destrozada: perdió su trabajo, su reputación y, más importante aún, años irrecuperables de cercanía con sus hijos, a quienes la madre les prohibió el contacto. Esta es la cruda realidad cuando la presunción de inocencia cede ante una acusación sin fundamento, mientras las instituciones del Estado, los medios de comunicación y la sociedad toda, mira a un costado.

Históricamente, la carga de la prueba recae sobre el acusador. Como bien señaló el jurista y filósofo del derecho italiano Cesare Beccaria en “De los delitos y las penas” (1764), “la certeza de un castigo, aunque moderado, hará siempre mayor impresión que el temor de otro más severo, unido a la esperanza de la impunidad”. En este sentido, la impunidad ante la calumnia o la falsa denuncia no solo desequilibra la balanza de la justicia, sino que socava la confianza pública en el sistema. Datos de diversas investigaciones indican que, si bien el porcentaje varía, las denuncias falsas por agresión sexual no son insignificantes. Por ejemplo, estudios de la Universidad de California, Davis, y otras instituciones académicas en EE.UU. han estimado que las tasas de denuncias falsas pueden oscilar entre el 2% y el 10% de todas las denuncias, aunque algunas investigaciones sugieren cifras mayores en contextos específicos. Ignorar esta realidad estadística es ignorar una vulnerabilidad crítica para los derechos fundamentales de los acusados, los cuales, mientras dura el proceso, viven un calvario.

Pero más allá de la vulneración jurídica, la falsa acusación conlleva un costo humano devastador, a menudo subestimado, sobre todo por los medios masivos de comunicación. Las consecuencias psicosociales para los injustamente acusados- estigmatización, pérdida del empleo, quiebre familiar y ostracismo social- terminan siendo insoportables. Existen numerosos reportes y estudios que, si bien no ofrecen una estadística global consolidada debido a la dificultad de su rastro y la confidencialidad de los casos, documentan una correlación trágica entre las denuncias falsas y el aumento de los problemas de salud mental, incluyendo la ideación suicida. Organizaciones de apoyo a víctimas de falsas acusaciones, como “Falsely Accused Individuals for Reform (FAIR)» en Estados Unidos o diversas asociaciones de padres separados, han señalado que el suicidio se convierte en una vía de escape para algunos hombres que, tras ser injustamente denunciados, pierden todo apoyo social y legal, encontrándose en una situación de indefensión absoluta. Si bien no se dispone de una cifra exacta de hombres que se han quitado la vida específicamente por esta causa a nivel mundial, la constante aparición de casos individuales en medios de comunicación y en la casuística de estas organizaciones es un sombrío recordatorio de la extrema presión y desesperación que generan estas situaciones. En definitiva, queridos lectores, la vida, la libertad y la dignidad son bienes irrecuperables cuando la justicia falla estrepitosamente.

La precitada crisis de la presunción de inocencia se ve exacerbada por una concepción de la verdad que ha sido profundamente influenciada por la postmodernidad. En la era de las “verdades” subjetivas y las “narrativas” personales, la objetividad procesal corre peligro. Uno de los ideólogos responsables de esta nefasta forma de vida fue Jean-François Lyotard, quien en su patética obra titulada “La condición postmoderna” (1979) diagnosticó la incredulidad con respecto a las metanarrativas, refiriéndose a los grandes relatos que han estructurado nuestra comprensión del mundo, incluyendo la noción de una verdad única y accesible mediante el uso irrestricto de la razón. Esta crítica decadente pretendía liberarnos de dogmas supuestamente opresivos en el ámbito del pensamiento y terminó consolidando consecuencias nefastas en el ámbito judicial.

Cuando la “verdad” de la persona denunciante se impone por mera enunciación, sin la corroboración de pruebas fehacientes, el sistema judicial abandona su rol de árbitro imparcial en la búsqueda de la verdad y de los hechos. Con esta mediocridad moral y esta corrupción política en el seno de la justicia, se ha logrado sustituir la epistemología judicial- basada en la evidencia, la razón y el procedimiento- por una suerte de “razón victimista” que, si bien puede ser legítima en el plano emocional y social para reconocer el sufrimiento, es insuficiente y peligrosa como fundamento para la condena penal. Al respecto, la filósofa española Victoria Camps, en su análisis sobre la ética pública en la obra “El gobierno de las emociones”, ha enfatizado que “la justicia no puede basarse en la merca credibilidad subjetiva, sino en la demostración objetiva de los hechos”, indicando con ello una extinta discusión de la primacía de la razón en la toma de decisiones éticas y políticas frente a la frágil emotividad.

Dicho esto, es pertinente reconocer cuán imperativo es revertir esta deriva asesina. Un sistema jurídico robusto debe proteger a las víctimas genuinas con todos los recursos disponibles, pero no puede hacerlo a expensas de los derechos de los acusados. La victimización automática del denunciante, sin que medie un escrutinio probatorio, no sólo vulnera la presunción de inocencia sino que, paradójicamente, deslegitima las denuncias verdaderas al sembrar dudas sobre la validez de cualquier acusación.

Un aspecto central de esta regresión judicial reside también en la injusta inexistencia o la levedad de las penas para quienes perpetran falsas denuncias. En muchos ordenamientos jurídicos, las consecuencias para el calumniador o el perjuro son mínimas en comparación con el daño irreparable que pueden causar. Esta asimetría punitiva genera un incentivo perverso, a saber, el riesgo de una acusación falsa es bajo para el denunciante, mientras que las repercusiones para el denunciado son máximas. Si, por el contrario, existiera un severo castigo a estas injurias y falsas imputaciones, es razonable inferir que la incidencia en las denuncias infundadas disminuiría drásticamente. La amenaza de una sanción real y proporcional al daño causado, incluyendo la reparación económica a la víctima de la falsa denuncia y penas privativas de libertad en casos de especial gravedad o dolo manifiesto, operaría como un potente disuasivo, restaurando la necesaria prudencia y responsabilidad en el acto de acusar.

No es tan difícil. Volver a un sistema que priorice la prueba tangible es fundamental. Esto implica fortalecer las etapas de investigación preliminar, asegurar que los operadores judiciales no cedan ante la presión mediática o la “cultura de la cancelación” anticipada, y establecer mecanismos efectivos para sancionar las denuncias falsas. Sólo así, se podrá restaurar la confianza en la justicia y proteger a los inocentes de la destrucción de sus vidas a manos de una acusación infundada promocionada por una banda de inútiles y corruptos con poder (periodistas, jueces, fiscales, etcétera).

La angustiosa experiencia de Otero, resonancia de incontables tragedias silenciadas, nos obliga a confrontar una realidad perturbadora: ¿hasta qué punto nuestra sociedad, guiada por una comprensible empatía, ha debilitado las garantías fundamentales del debido proceso en la búsqueda de la justicia? Este dilema hace reflotar una tensión crítica entre la legítima protección a las víctimas y la irrenunciable salvaguarda de la presunción de inocencia, principios constitucionales que, lejos de ser antagónicos, son pilares de un sistema judicial equitativo. La impunidad ante la falsa denuncia no es un mero error procedimental, sino que representa una profunda fractura ética y jurídica que, al corromper la confianza en nuestras instituciones, erosiona los cimientos mismos de la convivencia justa y, en los casos más extremos, empuja a la desesperación y la autoeliminación. En un panorama donde las verdades se fragmentan y las subjetividades caprichosas ganan todos los terrenos, la filosofía del derecho debe reafirmar la necesidad de una verdad procesalmente verificable y de consecuencias reales para la mentira deliberada: no puede seguir siendo gratuito arruinarle la vida a nadie, porque la moda impuesta por la agenda progre del momento no se puede cargar a la verdad ni a la evidencia en el altar de la mera afirmación intencional de dementes con poder de daño. De continuar así, amigos míos, estamos condenados a replicar injusticias en nombre de una justicia mafiosa y malentendida que sólo parece procesar debidamente a delincuentes de guantes blancos, mientras que usted y yo, estaremos desprovistos de cualquier tipo de derecho real.

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, aseguró este jueves en la entrevista Frente a Frente que el Plan Vacación 2025 fue exitoso, gracias en gran medida a la colaboración de la población al acatar las medidas de prevención emitidas antes y durante las festividades agostinas.

“El plan ha sido un éxito, aunque algunos indicadores superan los del año pasado, debemos analizar los escenarios que atraviesa el país, como el incremento en la accidentabilidad vial”, señaló el funcionario.

Amaya agradeció a la ciudadanía por seguir las recomendaciones, lo cual —afirmó— permitió tener cifras favorables en varios indicadores. Detalló que se registraron únicamente dos fallecidos por asfixia por inmersión, ambos vinculados al consumo excesivo de alcohol. “Queríamos cerrar sin muertes en playas, pero lamentablemente en las últimas 24 horas tuvimos dos decesos”, lamentó.

En cuanto a rescates acuáticos, se reportaron apenas dos casos menos que en 2024, lo que representa un logro considerando que hubo un incremento en la afluencia de turistas a playas y parques acuáticos.

Aumentan los accidentes viales, pero disminuyen detenciones por conducción peligrosa

Entre el 1 y el 6 de agosto, se contabilizaron 358 accidentes de tránsito, de los cuales 82 involucraron motociclistas. “Este grupo sigue siendo uno de los más vulnerables”, indicó Amaya, citando datos del VMT.

Se registraron 215 personas lesionadas (19 más que en 2024) y 19 fallecidos, tres más que el año anterior. En contraste, las detenciones por conducción peligrosa se redujeron en un 20 %, con 45 casos este año frente a 56 del anterior.

Las principales causas de los accidentes fueron: distracción al volante (88), invasión de carril (84), no guardar distancia (49), irrespeto a señales de tránsito (39), conducción bajo efectos de alcohol o drogas (20) y velocidad inadecuada (20).

Sin incendios forestales y menos incendios estructurales

Durante el periodo vacacional no se registraron incendios forestales. Se reportaron cuatro incendios en maleza y nueve incendios estructurales, dos menos que el año pasado. La mayoría de estos incidentes fueron provocados por quema de basura, sin daños materiales relevantes.

Amaya destacó que se han realizado inspecciones en restaurantes y gasolineras, sin hallazgos de conatos de incendios, lo cual atribuyó a la implementación de nuevas normativas por parte del Cuerpo de Bomberos.

Finalmente, mencionó que se instaló un puesto de mando en Sivar Land con presencia de cuerpos de seguridad, socorro y atención médica para responder ante cualquier emergencia.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que desde las 3:21 p.m. del 29 de julio hasta las 8:00 a.m. de este jueves 7 de agosto se han registrado 710 sismos en el distrito de San Lorenzo y zonas aledañas, como parte de un enjambre sísmico.

De acuerdo con la institución, únicamente 140 de estos movimientos telúricos han sido percibidos por la población. Hasta el momento, no se reportan daños materiales ni personas lesionadas a causa de esta actividad sísmica.

Según el MARN, el fenómeno responde a la activación de fallas geológicas en el sector. Las autoridades mantienen el monitoreo constante en la zona y en el resto del territorio nacional para evaluar riesgos y tomar medidas preventivas ante posibles emergencias.