Política
«Bono por la dignidad»: tercera propuesta del plan de gobierno de «Chino» Flores
El candidato a la presidencia de la República por el FMLN, Manuel “El Chino” Flores, anunció su tercera propuesta para el país “Bono por la Dignidad”, como parte de su Plataforma de Gobierno 2024-2029, que consiste en devolver el derecho a una asistencia económica a las personas adultas mayores de 70 años en situación de pobreza absoluta, que no reciben ningún tipo de pensión de parte del actual gobierno.
La administración de Flores prioriza su propuesta en dos aspectos: aumentar el universo de beneficiarios a 60 mil personas adultas mayores de 70 años en extrema pobreza que actualmente viven en El Salvador, y aumentar el monto de transferencia a USD 70 mensuales, lo que significa un presupuesto total anual de USD 50.4 millones. El bono será entregado mensualmente, de forma rápida y eficiente, a través de una entidad pública
designada para tal fin.
“Este bono probablemente no va a resolver el cien por ciento de los problemas de nuestros adultos mayores, pero les ayudará a enfrentar la grave crisis en la que este gobierno ha sumido al pueblo”, explicó el candidato presidencial del FMLN, quien agregó que el “Bono por la Dignidad” es una propuesta concreta, realizable y que ha sido descartada por el actual régimen, el cual le quitó la pensión universal a los adultos mayores.
El monto del “Bono por La Dignidad” no se cargará a los fondos de pensiones de la clase trabajadora, ni implicarán más tributos la población, sino que se obtendrá de corregir el despilfarro del actual gobierno en gastos como propaganda y combustibles. El total de fondos a invertir en el Bono por la Dignidad corresponde apenas al 0.7% de la recaudación tributaria que ronda los USD 7,000 millones. “Un total de USD22.2 millones fueron recortados del presupuesto desde que entró este gobierno, dinero que se le quitó a este sector.
El presupuesto del Bitcoin, que son casi USD330 millones, pudo
haber financiado 15 veces esta pensión”, señaló el candidato presidencial, durante el anuncio de la iniciativa, donde estuvo acompañado de candidatos y candidatas a diputados legislativos y alcaldes de San Salvador.
El presupuesto quinquenal para esta ayuda de beneficio para 60,000 personas en extrema pobreza y sus familias (que se estiman en 240,000 personas), será de USD 252 millones, mucho menos que los USD 329 millones invertidos en la fracasada iniciativa Bitcoin. Este es un primer paso para ofrecer una vida digna a nuestras personas adultas mayores, ya que adeemás del Bono por la Dignidad, el gobierno del Presidente Manuel “El Chino” Flores implementará el Programa Dignidad, que contará con 30 medidas para garantizar una verdadera protección de las personas adultas mayores.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
