Internacionales
12 años de cárcel para migrante hondureño que ingresó a EEUU con una Green Card falsa
Mario Antonio Mejía-Calderón, un ciudadano hondureño de 34 años, fue detenido en Jacksonville, Florida, acusado de ingresar de manera irregular a Estados Unidos y de poseer una tarjeta de residencia permanente falsificada, según informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en un comunicado emitido el 4 de marzo de 2025.
La Fiscalía del Distrito Medio de Florida confirmó que el acusado ya había sido deportado en 2013 y que enfrentaba una posible condena de hasta 12 años de prisión si era declarado culpable. Este caso se enmarca dentro de los operativos migratorios que ICE realiza en distintas ciudades de Estados Unidos para identificar personas que reingresan sin autorización.
El Departamento de Justicia indicó que el migrante enfrenta cargos por “posesión de una tarjeta de residencia permanente fraudulenta” y “reingreso ilegal a EE.UU. por parte de un extranjero que había sido deportado anteriormente”. El fiscal federal adjunto Michael J. Coolican se encargará del proceso judicial.
¿Cómo fue el arresto de Mario Antonio Mejía-Calderón?
Mejía-Calderón fue arrestado el 24 de enero de 2025 tras una investigación de ICE en Jacksonville, informó la Fiscalía del Distrito Medio de Florida en un comunicado oficial. Durante el procedimiento, los agentes determinaron que el individuo se encontraba en el país sin autorización y que la tarjeta de residencia permanente que exhibió era apócrifa. Tras verificar su identidad, las autoridades establecieron que había sido expulsado previamente de Estados Unidos el 11 de junio de 2013.
¿Qué pasa cuando un deportado reingresa a EEUU ilegalmente?
El reingreso ilegal de una persona previamente deportada constituye un delito federal en Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) señala que este tipo de infracciones pueden conllevar penas de prisión más severas si el acusado ha cometido delitos adicionales o si utilizó documentos falsificados.
El historial de Mejía-Calderón indica que en 2013 ya había sido detenido por agentes de ICE por encontrarse de manera irregular en el país. En ese momento, también portaba una tarjeta de residencia permanente falsificada, lo que derivó en su deportación.
¿Cuál es la posible condena para Mejía-Calderón?
Si es declarado culpable de los cargos en su contra, la sentencia podría alcanzar un máximo de 12 años de prisión, de acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU. La posesión de documentos de inmigración falsificados es un delito grave bajo la ley federal, mientras que el reingreso ilegal tras una deportación conlleva penas variables según las circunstancias de cada caso.
El acusado permanecerá en custodia mientras espera su juicio, según informó la Fiscalía del Distrito Medio de Florida. ICE y otras agencias federales continúan realizando operativos en distintos puntos del país para identificar y procesar casos similares.
¿Cuáles son las consecuencias de usar documentos falsificados en EEUU?
El uso de documentos de inmigración falsificados es un delito grave en Estados Unidos. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), una persona que presenta documentos fraudulentos puede enfrentar prisión, multas y deportación inmediata. Además, esta infracción podría impedir que el acusado solicite beneficios migratorios en el futuro.
Casos similares han resultado en condenas significativas. En 2024, un migrante mexicano fue sentenciado a 10 años de prisión por utilizar identificaciones falsas para obtener empleo y beneficios gubernamentales, según reportó el Departamento de Justicia.
¿Es obligatorio portar la tarjeta de residencia en EEUU?
La Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE.UU. establece que los residentes permanentes deben portar su tarjeta de residencia en todo momento. La Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) indica que el incumplimiento de esta normativa puede derivar en una multa de hasta 100 dólares o en una pena de cárcel de hasta 30 días.
El uso de documentos falsificados agrava la situación legal de un migrante, ya que puede derivar en cargos adicionales y en la imposibilidad de acceder a beneficios migratorios en el futuro.
Las beneficiarias son la estadounidense Chevron, la italiana Eni, la española Repsol y las británicas BP y Shell.
«Todas las transacciones» de esas compañías que tengan que ver con el sector petrolero venezolano quedan autorizadas, así como los contratos para «nuevas inversiones en el sector del petróleo y el gas» para todas las compañías interesadas en abrir negocios en el país sudamericano.
Estas dos nuevas licencias suponen un importante paso adelante en la total apertura del sector petrolero venezolano, sometido a sanciones de Estados Unidos desde 2019.
Con el derrocamiento el 3 de enero del presidente Nicolás Maduro, que fue sacado del país por fuerzas especiales estadounidenses, Washington anunció inmediatamente que solo iba a permitir las exportaciones de crudo del país sudamericano bajo su control directo.
Estados Unidos aplicaba ya desde diciembre un bloqueo a las exportaciones que Venezuela llevaba a cabo mediante «buques fantasma», sometidos a sanciones.
El nuevo gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez se avino rápidamente a negociar con el presidente Donald Trump, y en especial con el secretario de Estado, Marco Rubio, que supervisa directamente la situación.
Caracas aprobó una nueva ley de hidrocarburos que reforma sustancialmente las limitaciones a la inversión exterior, tras años de polémicas por contratos incumplidos, demandas ante instancias internacionales y restricciones a las multinacionales.
Chevron era la única compañía estadounidense que explotaba, aunque con dificultades, el crudo venezolano mediante una licencia de Estados Unidos para contratos muy específicos con la empresa nacional venezolana, PDVSA.
Estas dos nuevas licencias se unen a otras nuevas autorizaciones para comprar equipamiento e instalarlo en Venezuela, negociar contratos con puertos y aeropuertos, y otras medidas que facilitan la inversión en el sector, muy decaído.
Internacionales
La policía dispara a un hombre que empuñaba un cuchillo en el Arco del Triunfo en París
La policía francesa disparó este viernes a un hombre que empuñaba un cuchillo bajo el Arco del Triunfo después de que amenazara a gendarmes en el famoso monumento parisino, informó una fuente policial a AFP.
El sospechoso, que amenazó a los gendarmes presentes en el lugar para la ceremonia de reencendido de la llama en la tumba del soldado desconocido, fue hospitalizado tras recibir varios disparos, añadió la fuente.
La fiscalía nacional antiterrorista anunció que se hizo cargo del caso y abrió una investigación.
El hombre, residente en un suburbio al norte de París, estaba en el radar de las autoridades, afirmó una fuente cercana al caso que pidió mantener el anonimato.
Según la gendarmería, el agresor hirió levemente con el cuchillo a uno de los oficiales que formaban parte de la guardia de honor antes de que otro gendarme abriera fuego contra él.
La fiscalía de Perú inició el viernes una investigación preliminar por el presunto «delito de tráfico de influencias agravado» al presidente interino José Jerí por su supuesta intervención en la contratación irregular de nueve mujeres en su gobierno, informó a la AFP el Ministerio Público.
La indagación es la segunda que le abre la fiscalía al gobernante y se produce cuando el Congreso recolecta firmas para debatir una moción de destitución por «inconducta funcional y falta de idoneidad» para ejercer el cargo.
«La Fiscalía de la Nación inició investigación preliminar al presidente José Jerí por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado peruano», indicaron a la AFP fuentes del Ministerio Público.
El presidente peruano, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre esta investigación, será interrogado por el fiscal general Tomás Gálvez «el 2 de marzo a las 14H30», según el documento del caso difundido por la prensa limeña y al cual accedió la AFP
La indagatoria tiene como objetivo determinar «si el mandatario ejerció influencias indebidas en estas designaciones».
Las contrataciones se realizaron entre octubre y enero, según el Ministerio Público
El caso se conoció luego de que el programa periodístico de televisión Cuarto Poder informara que cinco jóvenes fueron contratadas en el despacho presidencial y en el ministerio del Ambiente tras visitar a Jerí entre octubre y noviembre.
La presidencia peruana calificó hace una semana como un «uso malintencionado y tendencioso» la información divulgada. Denunció además que las investigaciones periodísticas atentan contra «la dignidad y el buen nombre» de las trabajadoras involucradas.
Esta nueva investigación es la segunda de la fiscalía contra Jerí luego que en enero se abrió una por el presunto delito de «patrocinio ilegal de intereses» tras una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno.
Perú celebrará elecciones generales en abril. El país sudamericano vive una prolongada crisis política en la que ha tenido siete mandatarios desde 2016.
