Política
Asamblea Legislativa aprueba reformas a ley del crimen organizado y de telecomunicaciones
Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron diversas reformas a la Ley Especial Contra el Crimen Organizado y a la Ley de Telecomunicaciones, para continuar apoyando la lucha del Gobierno salvadoreño contra los grupos terroristas.
La modificación de la primera normativa fue avalada por 66 parlamentarios; la segunda, por 65.
De acuerdo a lo discutido en la sesión plenaria número 79, con estas actualizaciones de ambas normativas se busca debilitar a las estructuras delictivas y agilizar los procesos judiciales, para garantizar que ningún pandillero que haya sido detenido retorne a las calles.
Con los cambios en la Ley de Telecomunicaciones se dotará a los aplicadores de la seguridad pública de herramientas necesarias para el combate de la delincuencia en las modalidades ejecutadas mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación, con el fin de garantizar la preservación de la paz pública y permitir el aseguramiento de los procesos penales.
Con ello se pondrá un orden a las operadoras telefónicas que prestan servicios en el país. Además, se les prohibirá brindar servicios a aparatos de teléfono que tengan un reporte de robo o hurto, según los acuerdos determinados por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) y cuatro empresas, tras un acercamiento para crear herramientas necesarias para ser aplicadas con estas reformas.
Mientras que con las enmiendas en la Ley Especial Contra el Crimen Organizado se ampliará el alcance conceptual de la definición de “crimen organizado”, así se unificarán los trámites relacionados a los procesos penales relativos a todos los imputados a quienes se les atribuya la comisión de hechos delictivos y pertenezcan a estructuras criminales o grupos terroristas.
Asimismo, se busca unificar el trámite en un solo proceso respecto a la participación de menores de edad en estructuras terroristas, en virtud de las recientes reformas a la Ley Penal Juvenil.
“Los principales objetivos de estas reformas es redefinir el concepto de ‘crimen organizado’, armonizar la actual normativa con la Ley Penal Juvenil, respetando las garantías y derechos de los menores con responsabilidad penal”, aseguró la diputada Suecy Callejas. “Además, cuando concurran adultos y menores de edad en calidad de procesados estarán a cargo de dos jueces, cada uno con competencia para cada segmento de edad, quienes deberán de aplicar la normativa determinada de acuerdo a la ley”, agregó.
La novedad de esto es la creación de Tribunales Contra el Crimen Organizado Pluripersonales, pues con la actual infraestructura judicial del país son más de 400 de estas instituciones para conocer delitos comunes y solo 11 para delitos especializados.
“Con estas reformas se brinda un nuevo concepto contra el crimen organizado, le da vuelta a todo ese sistema que cubría la impunidad. Antes, un caso andaba de instancia en instancia para que los tiempos se vencieran y el acusado saliera impune”, explicó el parlamentario Eduardo Amaya.
Esta no es la primera ocasión en la que los parlamentarios respaldan los planes de seguridad estatales. El pasado 18 de octubre, el Pleno Legislativo aprobó con 67 votos la séptima extensión al régimen de excepción para 30 días más.
Política
El Salvador será pionero regional con Ley de Tecnologías Robóticas: impulsará innovación, educación y empleos especializados
El Salvador se encamina a convertirse en líder regional en innovación tecnológica con la aprobación de la Ley de Tecnologías Robóticas, una iniciativa del Órgano Ejecutivo que recibió dictamen favorable por parte de la Comisión de Economía, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa y se prevé sea aprobada este jueves en sesión plenaria.
La nueva normativa busca fomentar la investigación, desarrollo y fabricación de tecnologías robóticas, así como establecer lineamientos para su aplicación en sectores clave como la industria, el comercio y la educación. Además, contempla incentivos fiscales, la creación de laboratorios especializados y la integración de la enseñanza de la robótica en el sistema educativo nacional, en coordinación con el Ministerio de Educación.
La ministra de Economía, María Luisa Hayem, destacó que esta ley posicionará al país como un referente en materia de innovación. “Permitirá establecer una plataforma para que inversionistas, académicos y emprendedores colaboren en el desarrollo de soluciones robóticas”, afirmó.
Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), Mario Flamenco Rivas, señaló que la ley representa una apuesta estratégica para el futuro económico del país. “Esta normativa será un respiro en cuanto a regulaciones globales sobre robótica y atraerá inversión, generando empleos altamente especializados”, expresó.
El proyecto de ley también compromete al Gobierno a facilitar pruebas piloto de soluciones robóticas, con el fin de dinamizar la innovación y abrir oportunidades para la creación de una cadena de suministros robusta en esta industria emergente.
Desde la academia, el vicerrector de Ciencia y Tecnología de la Universidad Don Bosco, Manuel Cardona Gutiérrez, subrayó el valor de la ley en la competitividad nacional. “Con esta legislación, El Salvador da un paso importante para ser más competitivo, generar riqueza y oportunidades de empleabilidad en un sector de alto impacto”, indicó.
Además, se contempla el desarrollo de centros de investigación e innovación físico-digitales, que facilitarán la transferencia de conocimientos tecnológicos y potenciarán el ecosistema emprendedor nacional.
Con esta legislación, El Salvador no solo abre la puerta al desarrollo de una nueva industria tecnológica, sino que se perfila como referente en Centroamérica en la adopción de políticas públicas orientadas a la economía del futuro.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó el Plan General de Elecciones (PLAGEL) 2027, a 20 meses de los comicios legislativos y municipales programados para el 28 de febrero de ese año, según informó el organismo colegiado este lunes.
El PLAGEL está compuesto por 46 programas técnicos que permitirán organizar y ejecutar el evento electoral. De estos, 24 se enfocan en el sufragio nacional —incluyendo logística, tecnología, seguridad, capacitación y administración electoral— mientras que los 22 restantes se centran en el voto en el extranjero, garantizando la participación activa de los salvadoreños que residen fuera del país.
Además del plan operativo, los magistrados del TSE avalaron el Presupuesto Especial Extraordinario para la ejecución del evento electoral, aunque aún no se ha revelado el monto aprobado. A modo de referencia, el presupuesto para las elecciones generales de 2024 fue de $71.9 millones, según el informe de rendición de cuentas presentado por el organismo anterior.
“Estamos cumpliendo con hechos concretos la visión de un TSE moderno, ordenado y al servicio de la ciudadanía”, expresó la magistrada presidenta, Roxana Soriano, quien hizo un llamado a todos los salvadoreños, tanto dentro como fuera del país, a sumarse a lo que denominó “una gran Fiesta Electoral”.
El TSE destacó que con la aprobación unánime del PLAGEL se cuenta ya con un plan técnico sólido y listo para su ejecución, lo que reafirma el compromiso de la institución con la organización de procesos democráticos eficientes, transparentes y accesibles para todos los ciudadanos.
Como parte del calendario electoral, el próximo 14 de julio se dará inicio a las pruebas y simulacros de transmisión, procesamiento y divulgación de resultados preliminares, un proceso clave que se extenderá durante 19 meses como preparación para los comicios de 2027.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer la conformación de los concejos municipales que serán electos en los comicios de 2027, con base en los datos del censo poblacional realizado en 2024.
Según explicó el organismo colegiado, la asignación del número de concejales por municipio se realiza en cumplimiento del artículo 12 del Código Electoral, el cual establece que se utilizarán los datos del último censo de población disponible para determinar cuántos regidores le corresponden a cada municipio, en función de su cantidad de habitantes.
“El tribunal establece el número de concejales en cada municipio y notifica a los partidos políticos o coaliciones inscritas”, señaló el TSE a través de una publicación oficial.
De acuerdo con la normativa, todos los concejos estarán integrados por un alcalde o alcaldesa, un síndico o síndica, dos regidores propietarios y cuatro suplentes del mismo partido, con aumentos proporcionales según la población. Por ejemplo, municipios con más de 10,000 habitantes podrán contar con hasta cuatro regidores, mientras que aquellos con poblaciones superiores a 100,000 habitantes recibirán el máximo permitido: 10 regidores.
El especialista electoral Juan Gilberto Contreras afirmó que esta medida está en línea con la legislación vigente. Por su parte, el analista político Mauricio Rodríguez destacó que esta decisión refleja el proceso de reestructuración municipal que atraviesa el país, tras la reducción de 262 a 44 municipios.
“Este ajuste representa una modernización del Estado y busca gobiernos municipales más eficientes. Menos regidores implican también un ahorro para el país y un enfoque en la calidad más que en la cantidad”, señaló Rodríguez.
