Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron diversas reformas a la Ley Especial Contra el Crimen Organizado y a la Ley de Telecomunicaciones, para continuar apoyando la lucha del Gobierno salvadoreño contra los grupos terroristas.

La modificación de la primera normativa fue avalada por 66 parlamentarios; la segunda, por 65.

De acuerdo a lo discutido en la sesión plenaria número 79, con estas actualizaciones de ambas normativas se busca debilitar a las estructuras delictivas y agilizar los procesos judiciales, para garantizar que ningún pandillero que haya sido detenido retorne a las calles.

Con los cambios en la Ley de Telecomunicaciones se dotará a los aplicadores de la seguridad pública de herramientas necesarias para el combate de la delincuencia en las modalidades ejecutadas mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación, con el fin de garantizar la preservación de la paz pública y permitir el aseguramiento de los procesos penales.

Con ello se pondrá un orden a las operadoras telefónicas que prestan servicios en el país. Además, se les prohibirá brindar servicios a aparatos de teléfono que tengan un reporte de robo o hurto, según los acuerdos determinados por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) y cuatro empresas, tras un acercamiento para crear herramientas necesarias para ser aplicadas con estas reformas.

Mientras que con las enmiendas en la Ley Especial Contra el Crimen Organizado se ampliará el alcance conceptual de la definición de “crimen organizado”, así se unificarán los trámites relacionados a los procesos penales relativos a todos los imputados a quienes se les atribuya la comisión de hechos delictivos y pertenezcan a estructuras criminales o grupos terroristas.

Asimismo, se busca unificar el trámite en un solo proceso respecto a la participación de menores de edad en estructuras terroristas, en virtud de las recientes reformas a la Ley Penal Juvenil.

“Los principales objetivos de estas reformas es redefinir el concepto de ‘crimen organizado’, armonizar la actual normativa con la Ley Penal Juvenil, respetando las garantías y derechos de los menores con responsabilidad penal”, aseguró la diputada Suecy Callejas. “Además, cuando concurran adultos y menores de edad en calidad de procesados estarán a cargo de dos jueces, cada uno con competencia para cada segmento de edad, quienes deberán de aplicar la normativa determinada de acuerdo a la ley”, agregó.

La novedad de esto es la creación de Tribunales Contra el Crimen Organizado Pluripersonales, pues con la actual infraestructura judicial del país son más de 400 de estas instituciones para conocer delitos comunes y solo 11 para delitos especializados.

“Con estas reformas se brinda un nuevo concepto contra el crimen organizado, le da vuelta a todo ese sistema que cubría la impunidad. Antes, un caso andaba de instancia en instancia para que los tiempos se vencieran y el acusado saliera impune”, explicó el parlamentario Eduardo Amaya.

Esta no es la primera ocasión en la que los parlamentarios respaldan los planes de seguridad estatales. El pasado 18 de octubre, el Pleno Legislativo aprobó con 67 votos la séptima extensión al régimen de excepción para 30 días más.