Política
Asamblea Legislativa aprueba reformas a ley del crimen organizado y de telecomunicaciones
Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron diversas reformas a la Ley Especial Contra el Crimen Organizado y a la Ley de Telecomunicaciones, para continuar apoyando la lucha del Gobierno salvadoreño contra los grupos terroristas.
La modificación de la primera normativa fue avalada por 66 parlamentarios; la segunda, por 65.
De acuerdo a lo discutido en la sesión plenaria número 79, con estas actualizaciones de ambas normativas se busca debilitar a las estructuras delictivas y agilizar los procesos judiciales, para garantizar que ningún pandillero que haya sido detenido retorne a las calles.
Con los cambios en la Ley de Telecomunicaciones se dotará a los aplicadores de la seguridad pública de herramientas necesarias para el combate de la delincuencia en las modalidades ejecutadas mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación, con el fin de garantizar la preservación de la paz pública y permitir el aseguramiento de los procesos penales.
Con ello se pondrá un orden a las operadoras telefónicas que prestan servicios en el país. Además, se les prohibirá brindar servicios a aparatos de teléfono que tengan un reporte de robo o hurto, según los acuerdos determinados por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) y cuatro empresas, tras un acercamiento para crear herramientas necesarias para ser aplicadas con estas reformas.
Mientras que con las enmiendas en la Ley Especial Contra el Crimen Organizado se ampliará el alcance conceptual de la definición de “crimen organizado”, así se unificarán los trámites relacionados a los procesos penales relativos a todos los imputados a quienes se les atribuya la comisión de hechos delictivos y pertenezcan a estructuras criminales o grupos terroristas.
Asimismo, se busca unificar el trámite en un solo proceso respecto a la participación de menores de edad en estructuras terroristas, en virtud de las recientes reformas a la Ley Penal Juvenil.
“Los principales objetivos de estas reformas es redefinir el concepto de ‘crimen organizado’, armonizar la actual normativa con la Ley Penal Juvenil, respetando las garantías y derechos de los menores con responsabilidad penal”, aseguró la diputada Suecy Callejas. “Además, cuando concurran adultos y menores de edad en calidad de procesados estarán a cargo de dos jueces, cada uno con competencia para cada segmento de edad, quienes deberán de aplicar la normativa determinada de acuerdo a la ley”, agregó.
La novedad de esto es la creación de Tribunales Contra el Crimen Organizado Pluripersonales, pues con la actual infraestructura judicial del país son más de 400 de estas instituciones para conocer delitos comunes y solo 11 para delitos especializados.
“Con estas reformas se brinda un nuevo concepto contra el crimen organizado, le da vuelta a todo ese sistema que cubría la impunidad. Antes, un caso andaba de instancia en instancia para que los tiempos se vencieran y el acusado saliera impune”, explicó el parlamentario Eduardo Amaya.
Esta no es la primera ocasión en la que los parlamentarios respaldan los planes de seguridad estatales. El pasado 18 de octubre, el Pleno Legislativo aprobó con 67 votos la séptima extensión al régimen de excepción para 30 días más.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
