Política
Asamblea Legislativa aprueba reformas a ley del crimen organizado y de telecomunicaciones
Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron diversas reformas a la Ley Especial Contra el Crimen Organizado y a la Ley de Telecomunicaciones, para continuar apoyando la lucha del Gobierno salvadoreño contra los grupos terroristas.
La modificación de la primera normativa fue avalada por 66 parlamentarios; la segunda, por 65.
De acuerdo a lo discutido en la sesión plenaria número 79, con estas actualizaciones de ambas normativas se busca debilitar a las estructuras delictivas y agilizar los procesos judiciales, para garantizar que ningún pandillero que haya sido detenido retorne a las calles.
Con los cambios en la Ley de Telecomunicaciones se dotará a los aplicadores de la seguridad pública de herramientas necesarias para el combate de la delincuencia en las modalidades ejecutadas mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación, con el fin de garantizar la preservación de la paz pública y permitir el aseguramiento de los procesos penales.
Con ello se pondrá un orden a las operadoras telefónicas que prestan servicios en el país. Además, se les prohibirá brindar servicios a aparatos de teléfono que tengan un reporte de robo o hurto, según los acuerdos determinados por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) y cuatro empresas, tras un acercamiento para crear herramientas necesarias para ser aplicadas con estas reformas.
Mientras que con las enmiendas en la Ley Especial Contra el Crimen Organizado se ampliará el alcance conceptual de la definición de “crimen organizado”, así se unificarán los trámites relacionados a los procesos penales relativos a todos los imputados a quienes se les atribuya la comisión de hechos delictivos y pertenezcan a estructuras criminales o grupos terroristas.
Asimismo, se busca unificar el trámite en un solo proceso respecto a la participación de menores de edad en estructuras terroristas, en virtud de las recientes reformas a la Ley Penal Juvenil.
“Los principales objetivos de estas reformas es redefinir el concepto de ‘crimen organizado’, armonizar la actual normativa con la Ley Penal Juvenil, respetando las garantías y derechos de los menores con responsabilidad penal”, aseguró la diputada Suecy Callejas. “Además, cuando concurran adultos y menores de edad en calidad de procesados estarán a cargo de dos jueces, cada uno con competencia para cada segmento de edad, quienes deberán de aplicar la normativa determinada de acuerdo a la ley”, agregó.
La novedad de esto es la creación de Tribunales Contra el Crimen Organizado Pluripersonales, pues con la actual infraestructura judicial del país son más de 400 de estas instituciones para conocer delitos comunes y solo 11 para delitos especializados.
“Con estas reformas se brinda un nuevo concepto contra el crimen organizado, le da vuelta a todo ese sistema que cubría la impunidad. Antes, un caso andaba de instancia en instancia para que los tiempos se vencieran y el acusado saliera impune”, explicó el parlamentario Eduardo Amaya.
Esta no es la primera ocasión en la que los parlamentarios respaldan los planes de seguridad estatales. El pasado 18 de octubre, el Pleno Legislativo aprobó con 67 votos la séptima extensión al régimen de excepción para 30 días más.
Foto: Cortesía
El concejo municipal de San Miguel Centro aprobó un incremento en los salarios de sus miembros y de cinco de los seis jefes de los distritos que lo conforman, a partir de 2025, según confirmó la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la alcaldía.
El alcalde Alex Torres, del partido PDC, ha visto un aumento de su salario de $4,200 a $6,000, lo que representa un incremento de $1,800. Sin embargo, en una publicación de Facebook del 3 de mayo de 2024, Torres había prometido que no habría aumentos salariales para él, el síndico ni los concejales, afirmando que era necesario actuar con responsabilidad y coherencia. “Ese fue un acuerdo que tomé junto a mis concejales y mi equipo técnico desde la campaña”, declaró en ese momento.
El síndico también experimentó un aumento significativo, pasando de $2,500 a $4,000, un incremento de $1,500. Por su parte, los concejales, que recibían $328.57 por reunión, ahora obtendrán $500, pasando de $1,314.29 a $2,000 mensuales, con un máximo de cuatro sesiones al mes.
En cuanto a los salarios de los directores de distrito, el director de Chirilagua pasó de $1,200 a $1,700, mientras que el de Moncagua aumentó de $1,200 a $1,600. Los directores de Comacarán y Uluazapa, que recibían $900, ahora ganan $1,000, y el de Quelepa pasó a $1,300. Cabe destacar que el director del distrito de San Miguel no recibió aumento, manteniendo un salario de $2,000.
La administración municipal emitió un comunicado de prensa el 14 de marzo de 2025, donde se justificó el aumento salarial con la promesa de reducir gastos del concejo anterior para destinar esos fondos a obras y proyectos comunitarios. Se mencionó que el concejo anterior gastaba $28,000 anuales en alimentación y otros costos asociados, mientras que la nueva administración ha eliminado estos gastos, así como el uso de vehículos y combustibles municipales por parte de los funcionarios.
La polémica sobre los aumentos salariales en el concejo municipal de San Miguel Centro continúa generando reacciones entre la ciudadanía y los partidos políticos.
El Consejo Nacional del Partido Político Nuevas Ideas ha decidido expulsar de forma inmediata al alcalde José María Chicas, medida respaldada por su Comité de Ética. La decisión responde a la mala administración del edil y a su inacción frente a problemas urgentes en el municipio, destacando la insatisfactoria gestión del refugio en Ilopango, calificada como inaceptable.
A raíz de esta situación, el partido solicita urgentemente al Concejo Municipal de la Alcaldía de San Salvador Este la destitución inmediata de Chicas de su cargo. Nuevas Ideas reitera su compromiso con la transformación de las comunidades y el bienestar de la ciudadanía, subrayando que continuará supervisando que los funcionarios públicos cumplan con sus responsabilidades de manera eficiente y transparente.
Nacionales -deportes
Ley para prevenir dopaje en el deporte garantizará competiciones en igualdad de condiciones
La salud de los deportistas y las prácticas éticas en las distintas disciplinas son un tema prioritario para el Órgano Legislativo.
Por esa razón, los legisladores aprobaron la creación de la Ley de Protección de la Salud en el Deporte y Lucha contra el Dopaje, cuyo objetivo es establecer el marco legal para la prevención y lucha contra el dopaje en el deporte nacional.
La normativa está ligada a los compromisos internacionales asumidos por El Salvador para garantizar el desarrollo de competiciones deportivas en condiciones de igualdad y adaptación a las capacidades naturales de los participantes, evitando su adulteración mediante el uso de sustancias o métodos prohibidos.
Las disposiciones plasmadas en la normativa se interpretarán de acuerdo con la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, el Código Mundial Antidopaje, los estándares internacionales aprobados por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), así como cualquier otro reglamento internacional, aplicable en esta materia.
“Estamos aquí para respaldar este esfuerzo con leyes que protejan a nuestros deportistas y promuevan un ambiente de sana competencia. Tener una Ley de Protección de la Salud en el Deporte y Lucha contra el Dopaje es crucial para garantizar que nuestros atletas puedan competir de una manera justa, saludable y en igualdad de condiciones”, afirmó la diputada Sharon Salazar.
Agregó que valores como la ética deportiva, la igualdad de condiciones de los atletas y su integridad rigen esta normativa.
Por su parte, el parlamentario Raúl Chamagua destacó la importancia de contar con esta ley, porque El Salvador no tenía regulado el tema del dopaje deportivo, pese a que el país se encuentra suscrito a acuerdos internacionales en este tema y corría el riesgo de ser sancionado.
El legislador señaló que con la nueva ley se protegerá la salud de los atletas, se reafirmará la posición del país en contra de cualquier acción que atente contra la esencia del deporte, se envía un mensaje de cambio y compromiso y sobre todo se fomenta una cultura de prevención.
Organización Nacional Antidopaje de El Salvador
La nueva ley contempla la creación de la Organización Nacional Antidopaje de El Salvador (ONAD-ESA) como el máximo órgano técnico nacional con competencias en la prevención, control y sanción del dopaje en el deporte nacional.
La ONAD-ESA estará compuesta por un Comité Supervisor; un gerente general; un Panel Independiente de Audiencia de Primera Instancia, responsable de conocer los procedimientos sobre el cometimiento de las infracciones a las normas antidopaje y garantizar el debido proceso, así como por una Comisión de Atletas que colaborará en la formulación de políticas de prevención y antidopaje en el deporte.
Esta será una entidad desconcentrada del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), con independencia técnica, administrativa y operativa, con el propósito de promover acciones destinadas a garantizar el cumplimiento del principio de juego limpio, el respeto a las normas que rigen el deporte, a los demás competidores y la protección de la salud de quienes participan directa o indirectamente en torneos o eventos deportivos.
Entre sus principales funciones se encuentran las de prevenir, controlar y sancionar el dopaje a escala nacional, además de emitir los reglamentos internos que considere necesarios para garantizar su correcto funcionamiento; promover la investigación antidopaje y la implementación de programas educativos y campañas de divulgación sobre los peligros de esta práctica negativa que atenta la salud y los valores éticos y morales del deporte.
Violaciones de las normas antidopaje
Entre las violaciones a las normas antidopaje se encuentran la presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un deportista; el uso o intento de uso de una sustancia o método prohibido; así como el evitar, rechazar o incumplir la obligación de someterse a la toma de muestras.
También se considerará una falta la manipulación de cualquier parte del proceso de control de dopaje que haga un deportista u otra persona; además de la posesión de una sustancia o método prohibido del deportista o de su personal de apoyo.
Entre otras de las faltas se incluyen el tráfico o intento de tráfico de cualquier sustancia o método prohibido; la administración, o intento de esto, a un deportista durante o fuera de una competición y cualquier tipo de complicidad o intento de esta.
