Política
Ronal Umaña: En estas elecciones la población les cobró a los diputados de ARENA y el FMLN las maniobras que han hecho con los fondos de pensiones
Analistas coincidieron en que la población pasó factura a aquellos diputados que permitieron que se tocara el dinero del pueblo en el tema de las pensiones. Ronal Umaña recordó que la mayor parte de los fondos de pensiones fueron tomados por los gobiernos de ARENA y el FMLN para pagar deuda externa en detrimento de la gente y es parte, de lo que los salvadoreños les están cobrando a estos partidos en las elecciones recientes.
“Las AFP tenían diputados, el Gobierno tenía diputados y entre los diputados de las AFP que eran los diputados que ARENA había ganado más los diputados del Gobierno, se llevaron la plata del pueblo. ¿Por qué se la llevaron? Porque el pueblo no tenía deputados”, señaló.
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La última reforma a la Ley de Pensiones que afectó a los pensionados y a los trabajadores próximos a jubilarse, fue aprobada en el 2017 por los diputados de ARENA y del FMLN. Las modificaciones fueron pactadas también con el expresidente, Salvador Sánchez Cerén, ya que el gobierno urgía de fondos para pagar su deuda previsional que se le vencía a finales de ese año.
Julio Valdivieso dijo que la nueva Asamblea Legislativa tendrá el reto de informar a toda la población a diferencia de los diputados actuales que tomaron decisiones que afectaron a los salvadoreños durante “madrugones”.
“Te parece justo que el Estado les pague a los pensionados, no a las administradoras un 1% cuando está pagando internacionalmente 8% y 9%. ¿Parece racional eso? Pero fueron los diputados no los gobiernos, quienes les permitieron a los gobiernos hacer uso fueron ustedes diputados”, expresó.
Ayer el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, señaló la necesidad de dotar de una reforma integral de pensiones al país, que tengan tres ejes fundamentales: que beneficien al cotizante, algo que nunca se ha hecho, al Estado y en un tercer momento a los administradores de fondos de pensiones.
El politólogo Óscar Martínez Peñate reiteró ayer que la población eliminará, a través de su voto en los comicios generales de 2027, al FMLN y ARENA como partidos políticos.
Inicialmente planteó que el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI, del cual es integrante, solicitaría al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación de ambos partidos, pues varios de sus dirigentes negociaron con las pandillas para tener respaldo en las urnas.
«Como Círculo de Reflexión Política Siglo XXI decidimos que no le vamos a quitar ese privilegio y derecho a la población, para que sea quien elimine a estos dos partidos, en las elecciones de 2027, por todo el daño que le han causado a El Salvador», reafirmó.
Ernesto Muyshondt, de ARENA, yasí como Benito Lara y Arístides Valencia, del FMLN, en su calidad de diputados se reunieron con pandilleros y negociaron el respaldo de las estructuras criminales para los comicios presidenciales de 2014, según investigación de la Fiscalía General de la República. Ya fueron dictadas sentencias por ese delito.
Los dos partidos gobernaron de 1989 a 2019, y ahora carecen de la preferencia ciudadana, según mostró la última encuesta de CID Gallup.
«No queremos quitarle la maravillosa oportunidad al pueblo salvadoreño de que vayan a las urnas y lo hagan de mano propia (eliminar a ARENA y FMLN)», declaró también el abogado Aldo Álvarez, integrante del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
Opinión | Óscar Martínez Peñate
Politólogo
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer la Ley de Fomento para el Uso de la Energía Renovable, propuesta por el Ejecutivo, para contribuir con la sostenibilidad de la matriz energética de El Salvador brindando alternativas innovadoras a los ciudadanos para la satisfacción de sus necesidades en cuanto al servicio básico de electricidad.
La normativa, que consta de 15 artículos y fue respaldada por los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, busca «el fomento en la instalación de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables, ya sea convencionales o no, así como para su almacenamiento y posible reinyección a la red de distribución».
Incentiva actividades económicas como la importación, la venta o la comercialización de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables convencionales o no, la adquisición y la instalación de los referidos equipos para autoconsumo de los usuarios finales y el servicio de mantenimientos de estos.
Los usuarios finales de este tipo de energía gozarán de incentivos fiscales durante un período de 10 años por la importación, la comercialización, la instalación y el mantenimiento de los sistemas de generación de energía con fuentes renovables, que quedarán eximidos de todo gravamen.
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) regulará los requisitos y procedimientos que deberán cumplir tanto los proveedores como los usuarios. La Defensoría del Consumidor, por su parte, se encargará de velar porque los beneficios otorgados a las empresas se reflejen en los precios al usuario.
El Salvador tiene vigente la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la generación de electricidad, pero la nueva normativa establece «beneficios fiscales claros, los derechos de los usuarios finales y las obligaciones de estos».
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
