Política
Presidente Bukele veta decreto que permitía operación de empresas de bebidas y alimentos durante la emergencia
El presidente de la República, Nayib Bukele, emitió el cuarto veto en dos días, esta vez en contra de un decreto legislativo que permitía a las empresas de bebidas y alimentos operar durante la emergencia para abastecer a la población de insumos alimenticios. El decreto no autorizaba operaciones a las empresas de chucherías.
El mandatario alegó inconstitucionalidad de la disposición legislativa por no haber sido discutido con el Ejecutivo.
La Asamblea Legislativa aprobó el pasado uno de abril una reforma al decreto 593 (Estado de Emergencia) para permitir a las empresas de bebidas y alimentos operar durante la emergencia, tomando las medidas de prevención de contagio de covid19.
La reforma emitida por el Congreso permitía el funcionamiento de todas las empresas que se dedican a la cadena de producción, distribución, abasto y suministro de alimentos y de bebidas, pero no autorizaba laborar a las empresas de snacs.
Bukele señaló que este decreto es inconstitucional debido a que los diputados no lo discutieron en el pleno, ya que fue aprobado con dispensa de trámite, así como tampoco se discutió con el Ejecutivo. Según el mandatario, incumple el artículo 135 de la Constitución de la República: «Todo proyecto de ley, después de discutido y aprobado, se trasladará a más tardar dentro de diez días hábiles al Presidente de la República…»
«Está claro que la mera lectura de la misma (de la pieza de correspondencia) en el Pleno Legislativo no sustituye el análisis previo que debió de haberse realizado para su aprobación», argumentó el jefe de Estado.
Semanas atrás, el mandatario ordenó que las empresas de boquitas y golosinas debían cesar operaciones y enviar a sus empleados a cuarentena como medida para prevenir la enfermedad.
El lunes de esta semana, el presidente vetó por “inconstitucionales” los decretos legislativos 620 y 621 que contenían disposiciones para que el personal de salud que atiende la pandemia del COVID-19 cuente con seguro de vida y para facilitar el retorno de salvadoreños varados en el exterior.
Mientras que este martes, Bukele vetó además un decreto que permitía a personas desempleadas por la emergencia, ser atendidas en el ISSS, y también garantizaba la cobertura a las personas cuyos patronos se atrasaran con el pago de la cotización, y a los trabajadores independientes.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
