Política
Presidente Bukele veta decreto que permitía operación de empresas de bebidas y alimentos durante la emergencia
El presidente de la República, Nayib Bukele, emitió el cuarto veto en dos días, esta vez en contra de un decreto legislativo que permitía a las empresas de bebidas y alimentos operar durante la emergencia para abastecer a la población de insumos alimenticios. El decreto no autorizaba operaciones a las empresas de chucherías.
El mandatario alegó inconstitucionalidad de la disposición legislativa por no haber sido discutido con el Ejecutivo.
La Asamblea Legislativa aprobó el pasado uno de abril una reforma al decreto 593 (Estado de Emergencia) para permitir a las empresas de bebidas y alimentos operar durante la emergencia, tomando las medidas de prevención de contagio de covid19.
La reforma emitida por el Congreso permitía el funcionamiento de todas las empresas que se dedican a la cadena de producción, distribución, abasto y suministro de alimentos y de bebidas, pero no autorizaba laborar a las empresas de snacs.
Bukele señaló que este decreto es inconstitucional debido a que los diputados no lo discutieron en el pleno, ya que fue aprobado con dispensa de trámite, así como tampoco se discutió con el Ejecutivo. Según el mandatario, incumple el artículo 135 de la Constitución de la República: «Todo proyecto de ley, después de discutido y aprobado, se trasladará a más tardar dentro de diez días hábiles al Presidente de la República…»
«Está claro que la mera lectura de la misma (de la pieza de correspondencia) en el Pleno Legislativo no sustituye el análisis previo que debió de haberse realizado para su aprobación», argumentó el jefe de Estado.
Semanas atrás, el mandatario ordenó que las empresas de boquitas y golosinas debían cesar operaciones y enviar a sus empleados a cuarentena como medida para prevenir la enfermedad.
El lunes de esta semana, el presidente vetó por “inconstitucionales” los decretos legislativos 620 y 621 que contenían disposiciones para que el personal de salud que atiende la pandemia del COVID-19 cuente con seguro de vida y para facilitar el retorno de salvadoreños varados en el exterior.
Mientras que este martes, Bukele vetó además un decreto que permitía a personas desempleadas por la emergencia, ser atendidas en el ISSS, y también garantizaba la cobertura a las personas cuyos patronos se atrasaran con el pago de la cotización, y a los trabajadores independientes.
Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.
El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.
«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.
Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.
Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.
A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.
En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.
Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.
«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.
Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley
«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reiteró que participará en las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2027 con el objetivo de buscar un tercer período como diputado del partido Nuevas Ideas.
Castro señaló que su decisión responde a que aún considera que hay muchas cosas por hacer en el país, aunque aclaró que primero deberán cumplirse los procesos correspondientes, como las elecciones internas del partido y el proceso electoral.
Indicó que mantendría su forma de trabajo con puertas abiertas a la población, comunicadores y creadores de contenido, y aseguró que no permitirá el regreso de prácticas del pasado, como la corrupción y el despilfarro.
Además, afirmó que la historia ha mostrado las razones por las que, según él, la población no apoya a la oposición en la Asamblea Legislativa.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
