Política
Bancada Cyan solicita la eliminación de la Deuda Política
El debate sobre la deuda política en El Salvador ha cobrado fuerza en los últimos días, impulsado por las declaraciones del presidente Nayib Bukele y la reciente iniciativa del diputado Christian Guevara, jefe de la bancada Nuevas Ideas.
Según el parlamentario, la eliminación de este mecanismo de financiamiento es una necesidad urgente para responder al clamor popular que exige una mayor transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos.
#CRONIO Diputado @ChrisGuevaraG jefe de la bancada @nuevasideas informa que ha solicitado a la @AsambleaSV la respectiva reforma para eliminar la deuda políticahttps://t.co/LJ1g0JVJeW
— Diario Digital Cronio (@croniosv) January 29, 2025
«Es un honor, en nombre de la @BancadaCyan y del pueblo salvadoreño, solicitar la modificación de agenda para que este pleno, ELIMINE LA DEUDA POLÍTICA y que el #RégimenDeExcepción, siga para proteger a los buenos salvadoreños», dijo Guevara.
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De acuerdo con datos publicados en los portales de Transparencia del Ministerio de Hacienda y de la Corte de Cuentas de la República (CCR), los partidos ARENA y FMLN manejaron $57,952,913.16 de deuda política entre 2012 y 2018.
Estos recursos fueron entregados a los partidos que gobernaron por 30 años para que financiaran sus campañas presidenciales, de concejos municipales, diputados de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
A detalle, el instituto tricolor recibió en total $32,443,460.05, mientras que para el FMLN fueron $25,509,453.11. El Ministerio de Hacienda transfirió en 2018 de deuda política para ARENA $5,354,777.18, mientras que $4,818,470.77 fueron para el FMLN. Ese año los ciudadanos eligieron diputados y alcaldes para el trienio 2018-2021.
Un año antes, en 2017, al tricolor le fueron transferidos $3,143,284.19 y al FMLN $2,930,749.19. De 2016 no hay reporte de erogaciones para ambos partidos, mientras que en 2015 (año en que se desarrollaron las elecciones de alcaldes y diputados legislativos) ARENA obtuvo $6,777,205.24 y el FMLN $3,799,383.33.
Las elecciones presidenciales de 2014, que dieron como ganador a Salvador Sánchez Cerén, segundo presidente del FMLN y ahora prófugo de la justicia, significaron inicialmente para el partido de izquierda $5,722,760.56 y para el instituto de derecha $4,581,694.32, según datos de Transparencia del Ministerio de Hacienda.
Un informe de la Dirección de Auditoría Uno de la CCR puntualiza que el monto final transferido en concepto de deuda política al FMLN, del 1.° de enero de 2014 al 31 de diciembre de ese año, fue de $8,469,320.90; y para el tricolor -según auditoría de la misma dirección- $9,176,665.60.
En 2013 ARENA percibió $3,694,971.28 y el FMLN $4,843,258.00, mientras que el año anterior, para las elecciones de diputados de la Asamblea Legislativa y concejos municipales para el trienio 2012-2015, Hacienda dio $4,296,556.56 para ARENA y $648,270.92 al FMLN.
La deuda política es reconocida por la Constitución de la República y leyes secundarias. En el artículo 210 de la Carta Magna el Estado reconoce la deuda como un mecanismo de financiamiento «encaminado a promover su libertad e independencia» de los partidos que compiten en una elección.
Mientras que la Ley de Partidos Políticos determina en su artículo 55 que cada instituto o coalición contendiente tendrá derecho a un anticipo del 75 % según los votos obtenidos en la elección anterior del mismo tipo en la que haya participado; en el caso de los partidos o coaliciones que participan por primera vez en un tipo de elección reciben $50,000 de anticipo.
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La Asamblea Legislativa aprobó este martes la 42ª prórroga del régimen de excepción, que estará vigente hasta el 2 de octubre próximo. La medida, solicitada por el Ejecutivo a través del Consejo de Ministros, fue avalada con los votos de las bancadas de Nuevas Ideas, PCN y PDC.
Durante la sesión plenaria, la solicitud fue ingresada con modificación de agenda propuesta por el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, y aprobada con dispensa de trámites. La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, votó en contra, mientras que los legisladores de ARENA, Marcela Villatoro y Francisco Lira, no participaron en la votación.
Según la petición del Ejecutivo, la extensión del régimen busca mantener el combate contra remanentes de pandillas que aún operan en algunas comunidades y garantizar la seguridad ciudadana.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la medida señalando que gracias al régimen de excepción y al Plan Control Territorial, El Salvador cerró 2024 con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, y proyecta finalizar 2025 con un índice entre 1 y 1.3.
El régimen de excepción fue decretado por primera vez el 27 de marzo de 2022 y desde entonces ha sido prorrogado de manera continua.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
