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Judicial

Juzgado Ambiental de Santa Ana realiza inspección en Río Ostúa por denuncia

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El Juzgado Ambiental con sede en Santa Ana,  recibió una denuncia el pasado 26 de noviembre interpuesta por el señor Wilber Armando Figueroa Sandoval en su calidad de dueño de una propiedad que linda con el Río Ostúa que está intermedio entre El Salvador y Guatemala, considerando que existen daños al medio ambiente con la hacienda propiedad de Figueroa de nombre La Portada con otra hacienda El Platanal que linda con Guatemala.

Por otra parte, la Alcaldía Municipal de Metapán decidió realizar una obra de paso (un puente) lo cual aduce dicha municipalidad que lo realizó en vista de una solicitud realizada por una Adesco de la población de Metapán. Dicha obra beneficiaría a un grupo de trabajadores de la ciudad calera que van a laborar a dicha finca ya en la República de Guatemala en el rubro del cultivo de melones.

La población del lugar al realizar la primera inspección se acercaron a las autoridades  para explicar que ellos tienen trabajo seguro por siete meses en dicha finca y que es una de las fuentes de trabajo  que año con año tiene esa comunidad ya que por la ausencia de trabajo ellos logran esos siete meses tener un salario fijo y así hacer un ahorro para los meses que no realizan dicha actividad. Sin embargo, el propietario de La Portada quien han conformado una fundación y que entre unos de sus rubros está la protección al medio ambiente aduce que cuando se realizó esa obra se desvió el cauce del río y en las épocas de invierto provoca un rebalse para el lado de El Salvador.

Esta ha sido la segunda inspección realizada en dicho lugar ya que anteriormente se tuvo otra denuncia  por una contaminación en el río.

La denuncia actual se recibió porque hay una propiedad afectada en territorio salvadoreño. Al llegar a Metapán los técnicos de la Alcaldía informaron que la obra de paso no está en este país sino que está realizada en territorio guatemalteco y fue realizada en  base a un recalculeo de la Dirección del Instituto Geográfico y de Catastro Nacional del Centro Nacional de Registro donde dice que la línea fronteriza ya no está a mitad del río,  porque antiguamente era considerado que a la mitad de los ríos era la división entre ambas repúblicas.

En base al recalculeo realizado el cual dice que está  más atrás la línea fronteriza se suspendió la audiencia y se reprogramó para ser realizada el lunes de esta semana con la participación de todos los actores locales involucrados como son la Dirección del Instituto Geográfico y de Catastro Nacional del Centro Nacional de Registro, la Alcaldía de Metapán, la Fiscalía General de la República, la Policía de Medio Ambiente, Soberanía Nacional, Ministerio de Medio Ambiente y los afectados quienes decidieron convocar también a los señores de Aduanas por la razón que ahí se ha realizado un punto ciego de paso.

Para la juzgadora  no es de su competencia si existe o no un punto ciego. A ella le corresponde determinar el daño ambiental. Si el daño ambiental efectivamente se da por esta obra de paso y como ellos lo argumentan viene de la República vecina y como jueza no podría hacer nada más que dar los informes a las instituciones respectivas para lo cual ella ha solicitado al Ministerio de Medio Ambiente haga un estudio de esas circunstancias denunciadas por dicha obra que ha desviado el cauce del río y está haciendo afectaciones.  Las obras que se pueden hacer aquí en el país para evitar esas circunstancias las podría resolver la señoría pero si fuese necesaria una demolición del puente ya no es de su jurisdicción al no ser vista como objeto de imposición de una medida cautelar y si está en el país vecino ya no se tiene competencia.

La jueza encomendó a la Dirección del Instituto Geográfico y de Catastro Nacional del CNR que realice un levantamiento topográfico en base a los antecedentes históricos y que ellos determinen hasta donde llega la línea fronteriza de El Salvador. Ellos argumentan que eso no tendrá validez para Guatemala pero si lo tendrá para este país y eso le permitirá a la señoría tener el marco de actuación para dicho juzgado.

En este caso, es evidente que hay un daño pero lo que mantiene en suspenso es determinar hasta donde la jueza puede actuar y en base a dicha investigación se podrá ver esta problemática denunciada,  ayudando a que se activen todas las instituciones inmersas en la protección del medio ambiente y evitar que a raíz de esas circunstancias se ha visto una actuación con falta de orientación para la municipalidad metapaneca en qué  trámites realizar y qué tener a la mano antes de hacer una obra como la que ya fue realizada. Al mismo tiempo les servirá de sustento por estar en una zona fronteriza para conocer hasta donde llega su jurisdicción territorial para acceder a las peticiones de su misma comunidad.

Este caso es importante porque ayudará a determinar estas afectaciones al medio ambiente en este caso al recurso hídrico como es el del Río Ostúa y permitirá tener a las demás instituciones con un margen de actuación para poder abordar esta problemática ya que no solo se da en ríos sino en muchas partes del territorio nacional y es importante no solo contar históricamente hasta donde llega la línea fronteriza sino documentalmente para tener el bien claro y específico en el marco de actuación. Se les dio 25 días hábiles y se espera próximo de la semana santa ya tener una respuesta antes del invierno que es donde se sufre más por estos impactos que los denunciantes han hecho del conocimiento de dicha sede judicial.

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314 años de cárcel para estructura que asesinó a profesora y policía

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Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.

De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.

A Luis Alonso Mejía Hernández, quien se encargaba de transportar a los miembros de la estructura hacia los lugares donde se cometerían los hechos, fue sentenciado a 192 años, por robo agravado y agrupaciones ilícitas.

Mientras que a Moisés Antonio Rivera y Aurelio Wilfredo Vásquez, el juez los condenó a 177 y 166 años de prisión, respectivamente, los otros 34 recibieron diversas penas por los mismos delitos.

La red de asaltantes y homicidas fue desarticulada la madrugada del 25 de octubre de 2022, tras una investigación de varios meses que fiscales y policías realizaron a la compleja banda que tenía una logística en todo el país para ejecutar los atracos entre enero de 2019 a mayo de 2021.

Los imputados tenían estrategias criminales hasta para descifrar los montos de dinero que los usuarios de los bancos retiraban de los cajeros automáticos (ATM).

Lograban determinar cuando una persona retiraba considerables sumas de dinero, se apostaban cerca de los ATM y según el sonido que se generaba al momento de procesarse el retiro los integrantes de la banda perfilaban a ese usuario y tras darle vigilancia y seguimiento, lo interceptaban y despojaban de los fondos, si la víctima se oponía, era asesinada.

A un agente de la PNC, lo asesinaron el 19 de mayo de 2019, en San Juan Nonualco, departamento de La Paz. Había retirado $1,500 de una agencia bancaria de ese distrito, producto de préstamo bancario.

También el 22 de mayo de 2021, asesinaron a una profesora que había salido de una agencia bancaria en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, la siguieron para robarle $2,600 y como se opuso al asalto, le dieron un disparo en la cabeza.

Testimonios de víctimas fueron parte de la prueba que la Fiscalía General de la República presentó para probar los robos y casos de homicidio, mientras que en las agrupaciones ilícitas se acreditó que los miembros tenían asignada una función específica para consumar los hechos.

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22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.

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José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.

Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.

Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.

La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.

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Sujeto acusado de violación es condenado a 14 años de cárcel

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Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.

Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.

Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.

La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.

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