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Verifican avance de los Centros Penales autosostenibles
La Dirección General de Centros Penales agradece a los Embajadores Bernd Finke de Alemania y a David Lelliott de Gran Bretaña por acompañar a los titulares de la institución, Osiris Luna Meza y a Carlos José Aparicio en la verificación del desarrollo de la primera etapa de los Centros Penales Autosostenibles en el Centro de Detención Menor Zacatecoluca.
El trabajo en este centro penal inició como el sueño de humanizar y hacer cumplir lo que dice la Constitución y los Tratados Internacionales, que los recintos sean lugares de rehabilitación, readaptación y de creación de hábitos de trabajo.
Esta era una granja de hombres y era un desierto de tierra, sol, y cero rehabilitación. A raíz de eso se ha humanizado este centro y se está apoyando a todos aquellos privados de libertad que tienen la voluntad de cambiar.
En este contexto, se ha inaugurado la sala de belleza en el Centro de Detención Menor Zacactecoluca con el objetivo que privadas de libertad capacitadas en cosmetología utilicen su tiempo en actividades productivas para generar hábitos de trabajo.
El director general de centros penales, Osiris Luna Meza, dijo: «Queremos enviar el mensaje a la sociedad y a las privadas de libertad de este Centro de Detención Menor, que sí hay esperanza y se puede cambiar. Con voluntad y perseverancia podemos hacer algo diferente: el cambio de historia en el Sistema Penitenciario salvadoreño».
En el Sistema Penitenciario se imparten diferentes programas relacionados con la rehabilitación y reinserción social de los privados de libertad, esto en armonía con la Ley Penitenciaria y el Plan Cero Ocio.
El Centro de Detención Menor Zacatecoluca es parte de los Centros Penales Autosostenibles que promueve que las privadas de libertad trabajen, cultiven, cocinen y consuman sus propios alimentos. Esto como parte de su proceso de rehabilitación y reinserción social.
En el Centro se trabaja en la construcción de galpones para gallinas ponedoras, y casas mallas para la siembra de hortalizas. Además de la crianza de animales. Todo parte de los centros penales autosostenibles.
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele a través de la Dirección General de Centros Penales cree firmemente que un Nuevo Sistema Penitenciario es posible, donde los privados de libertad puedan resarcir su deuda a la sociedad y rehabilitarse, todo bajo los pilares de orden, control y disciplina.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
