Sucesos
Familiares de estudiante desaparecida por ocho meses dejarían el país para proteger a su otra hija
Ante la frustración de sobrepasar los ocho meses sin saber nada de la estudiante de la Universidad Don Bosco, la familia ha comenzado a tener como opción principal abandonar el país para proteger a su otra hija de lo que califican como un Estado fallido.
El padre de Mirella Astrid Orellana Durán, de 21 años, aseguró que no es fácil vivir sin tener noticias de su hija quien fue privada de libertad luego de salir con rumbo al centro comercial Plaza Mundo de Soyapango para supuestamente verse con su novio.
El hombre mantiene muy presente la humildad de su hija a quien además describe como alguien muy estudiosa y que no tenía problemas con nadie.
Al mismo tiempo, la desconfianza de su entorno ha comenzado a estar más presente en la familia Orellana quien también piensan en su otra hija que actualmente cursa el primer año de bachillerato.
«Ha pasado por mi mente irme a otro país, ya que acá cada día es peor y no se ve por donde se puede ir mejorando. Por seguridad y para proteger a mi hija me iría con ella y la madre», aseguró el afectado.
La hermana de la universitaria ha confesado a sus progenitores que siente miedo por lo sucedido con Mirella, al mismo tiempo cuestiona la poca información que se tiene del caso.
«Estamos frente a un Estado Fallido»
Hasta la fecha, la hipótesis no definida que tienen los fiscales a cargo del caso apunta a pandilleros que habrían privado de libertad a la adolescente.
La hermana de la joven señaló que cuando ambas se quedaban solas en casa Mirella hablaba por horas con una persona de la cual no se tienen pistas.
Sin embargo, el progenitor no acepta la teoría de los pandilleros ya que sostiene que ellos nunca han tenido relación con personas de estas estructuras criminales.
Al externar su inconformidad sobre la investigación realizada por la fiscal del caso, la representante del ministerio público le señaló al hombre que como alternativa tenía el cambio de fiscal.
«Estamos frente a un Estado Fallido, A los policías no les nace por vocación ayudar a a la gente a investigar los casos, ven su trabajo como una fuente de empleo para sobrevivir en el país», acusó.
Mantienen la fe
Pese al tiempo transcurrido, la familia Orellana mantiene su fe intacta especialmente la madre de la joven quien frecuentemente insiste en tener un presentimiento muy latente que su hija está con vida.
Incluso, la progenitora ha detallado varios sueños que ha tenido en los que ve a su hija regresar a la casa y quedársele viendo fijamente.
La angustiada mujer se hizo presente hace dos semanas a la Unidad Especializada en Delitos contra La Mujer de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para solicitar que se le diera seguimiento al caso.
Por: El Salvador Times.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
