Judicial
Secretaria de la Asamblea Legislativa es puesta en libertad condicional, por el presunto delito de tráfico ilegal de personas
Jennifer Esmeralda Zamora Aguilar, empleada de la Asamblea Legislativa, y a Edgardo Antonio Alvarado fueron procesados en libertad por el Juzgado Primero de Paz de Metapán luego de haber cometido el delito de tráfico ilegal de personas.
Según fuentes policiales, la pareja fue detenida el 3 de agosto en las cercanías de la frontera Anguiatú, jurisdicción de Metapán, Santa Ana, cuando pretendían cruzar en un vehículo hacia Guatemala por un sector donde no había vigilancia.
El día de las detenciones las autoridades confiscaron un pick up, placas P686-866, donde supuestamente viajaban otras personas a las que llevarían de manera ilegal hacia Estados Unidos.
Sin embargo, pese a las acusaciones de la Fiscalía, el juzgador decidió durante la audiencia inicial de este jueves dejar en libertad a la pareja, ya que los procesados no pudieron ser identificados por las víctimas durante un momento de reconocimiento.
No obstante, la pareja deberá de presentarse a firmar cada 15 días al referido juzgado, no salir del país, no cambiar de domicilio, ni mantener comunicación con las víctimas.
Además, cada uno deberá pagar una multa de $5,000, dieron a conocer fuentes judiciales.
Zamora Aguilar, de 23 años, es empleada del PCN en la Asamblea Legislativa y tiene el cargo de Secretaria II.
El presidente de la Asamblea, Norman Quijano había pedido al área de Recursos Humanos del Órgano Legislativo que suspendiera el salario a Zamora Aguilar, pero dijo que si absuelta , se les tendría que volver a pagar.
Información cortesía de El Salvador Times.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
