Judicial
Secretaria de la Asamblea Legislativa es puesta en libertad condicional, por el presunto delito de tráfico ilegal de personas
Jennifer Esmeralda Zamora Aguilar, empleada de la Asamblea Legislativa, y a Edgardo Antonio Alvarado fueron procesados en libertad por el Juzgado Primero de Paz de Metapán luego de haber cometido el delito de tráfico ilegal de personas.
Según fuentes policiales, la pareja fue detenida el 3 de agosto en las cercanías de la frontera Anguiatú, jurisdicción de Metapán, Santa Ana, cuando pretendían cruzar en un vehículo hacia Guatemala por un sector donde no había vigilancia.
El día de las detenciones las autoridades confiscaron un pick up, placas P686-866, donde supuestamente viajaban otras personas a las que llevarían de manera ilegal hacia Estados Unidos.
Sin embargo, pese a las acusaciones de la Fiscalía, el juzgador decidió durante la audiencia inicial de este jueves dejar en libertad a la pareja, ya que los procesados no pudieron ser identificados por las víctimas durante un momento de reconocimiento.
No obstante, la pareja deberá de presentarse a firmar cada 15 días al referido juzgado, no salir del país, no cambiar de domicilio, ni mantener comunicación con las víctimas.
Además, cada uno deberá pagar una multa de $5,000, dieron a conocer fuentes judiciales.
Zamora Aguilar, de 23 años, es empleada del PCN en la Asamblea Legislativa y tiene el cargo de Secretaria II.
El presidente de la Asamblea, Norman Quijano había pedido al área de Recursos Humanos del Órgano Legislativo que suspendiera el salario a Zamora Aguilar, pero dijo que si absuelta , se les tendría que volver a pagar.
Información cortesía de El Salvador Times.
Francisco Jiménez Rivera recibió esta tarde una condena de 45 años de cárcel por haberle quitado la vida a una persona e intentar asesinar a otra víctima en Soyapango.
Según las investigaciones, en octubre del 2022, este sujeto entró a una vivienda y atacó con un arma blanca a una persona.
La segunda víctima intervino rápidamente para evitar el ataque de Jiménez, sin embargo, este logró atacarlo varias veces con el mismo cuchillo y le ocasionó la muerte al instante.
Un hombre identificado únicamente con las iniciales K. O. G. D. fue detenido luego que desobedeció una orden de alejamiento y llegó por la fuerza a la casa de su expareja para agredirla físicamente a ella y a su propia hija, en el departamento de Santa Ana.
Centros Judiciales El Salvador (CJES) detalló que todo inició cuando la víctima denunció a su excompañero de vida por violencia intrafamiliar, cuyo caso fue remitido a un Juzgado de Paz de Santa Ana en el cual se dictaron medidas de protección.
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana impuso K. O. G. D. medidas de protección que le prohibían acercarse a su excompañera de vida con el objetivo de resguardar su integridad mientras se celebraba la audiencia inicial.
No obstante, detalló CJES, “el 26 de abril de 2025, el imputado presuntamente llegó a la vivienda de la víctima y la agredió físicamente. Además, se reportó que golpeó a su hija, lo que motivó su detención por parte de la Policía Nacional Civil (PNC)”.
Durante la audiencia inicial, la jueza valoró los indicios presentados y resolvió que el proceso continúe en etapa de instrucción, pero esta vez con el imputado en detención provisional. Además, ordenó que la niña, hija biológica del acusado y presunta víctima de maltrato, quede bajo el cuidado temporal de su tía abuela.
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
