Judicial
Secretaria de la Asamblea Legislativa es puesta en libertad condicional, por el presunto delito de tráfico ilegal de personas
Jennifer Esmeralda Zamora Aguilar, empleada de la Asamblea Legislativa, y a Edgardo Antonio Alvarado fueron procesados en libertad por el Juzgado Primero de Paz de Metapán luego de haber cometido el delito de tráfico ilegal de personas.
Según fuentes policiales, la pareja fue detenida el 3 de agosto en las cercanías de la frontera Anguiatú, jurisdicción de Metapán, Santa Ana, cuando pretendían cruzar en un vehículo hacia Guatemala por un sector donde no había vigilancia.
El día de las detenciones las autoridades confiscaron un pick up, placas P686-866, donde supuestamente viajaban otras personas a las que llevarían de manera ilegal hacia Estados Unidos.
Sin embargo, pese a las acusaciones de la Fiscalía, el juzgador decidió durante la audiencia inicial de este jueves dejar en libertad a la pareja, ya que los procesados no pudieron ser identificados por las víctimas durante un momento de reconocimiento.
No obstante, la pareja deberá de presentarse a firmar cada 15 días al referido juzgado, no salir del país, no cambiar de domicilio, ni mantener comunicación con las víctimas.
Además, cada uno deberá pagar una multa de $5,000, dieron a conocer fuentes judiciales.
Zamora Aguilar, de 23 años, es empleada del PCN en la Asamblea Legislativa y tiene el cargo de Secretaria II.
El presidente de la Asamblea, Norman Quijano había pedido al área de Recursos Humanos del Órgano Legislativo que suspendiera el salario a Zamora Aguilar, pero dijo que si absuelta , se les tendría que volver a pagar.
Información cortesía de El Salvador Times.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
