Judicial
Secretaria de la Asamblea Legislativa es puesta en libertad condicional, por el presunto delito de tráfico ilegal de personas
Jennifer Esmeralda Zamora Aguilar, empleada de la Asamblea Legislativa, y a Edgardo Antonio Alvarado fueron procesados en libertad por el Juzgado Primero de Paz de Metapán luego de haber cometido el delito de tráfico ilegal de personas.
Según fuentes policiales, la pareja fue detenida el 3 de agosto en las cercanías de la frontera Anguiatú, jurisdicción de Metapán, Santa Ana, cuando pretendían cruzar en un vehículo hacia Guatemala por un sector donde no había vigilancia.
El día de las detenciones las autoridades confiscaron un pick up, placas P686-866, donde supuestamente viajaban otras personas a las que llevarían de manera ilegal hacia Estados Unidos.
Sin embargo, pese a las acusaciones de la Fiscalía, el juzgador decidió durante la audiencia inicial de este jueves dejar en libertad a la pareja, ya que los procesados no pudieron ser identificados por las víctimas durante un momento de reconocimiento.
No obstante, la pareja deberá de presentarse a firmar cada 15 días al referido juzgado, no salir del país, no cambiar de domicilio, ni mantener comunicación con las víctimas.
Además, cada uno deberá pagar una multa de $5,000, dieron a conocer fuentes judiciales.
Zamora Aguilar, de 23 años, es empleada del PCN en la Asamblea Legislativa y tiene el cargo de Secretaria II.
El presidente de la Asamblea, Norman Quijano había pedido al área de Recursos Humanos del Órgano Legislativo que suspendiera el salario a Zamora Aguilar, pero dijo que si absuelta , se les tendría que volver a pagar.
Información cortesía de El Salvador Times.
Internacionales
Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado
La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.
La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
