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Sala de lo Constitucional saturada por el aumento de casos pendientes, entre ellos, la interpretación a Ley Especial de Escuchas Telefónicas
La acefalía que enfrentó la Sala de lo Constitucional desde julio hasta noviembre del año 2018, está pasando factura dentro de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador.
Así lo demuestra un estudio realizado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), en el segundo semestre de 2019, que indica la saturación de casos, debido al incremento expedientes activos de hábeas corpus, amparos, inconstitucionalidades y controversias, un tema preocupante para los ciudadanos que esperan pronta respuesta de la Sala.
El número de casos pendientes al final de junio 2018, según Fusades, era de 777, pero hasta el 31 de diciembre de 2019, este número incrementó a 1,584 procesos.
El estudio señala que en el 2019 ingresaron 684 casos y se resolvieron 460, con el apoyo de 49 colaboradores jurídicos.
Entre los casos que se mantienen pendiente y que es de vital importancia para el país, en especial para la Fiscalía General de la República (FGR), es la interpelación auténtica que la Asamblea Legislativa aprobó sobre la Ley Especial de Escuchas Telefónicas (Art 23), que detalla que luego de seis meses, dichas grabaciones debían destruirse si el ministerio público no emprendía un proceso judicial contra un investigado.
Sobre este tema la Sala de la Constitucional no ha resulto al respeto, pese a que ya han pasado más de dos años desde que el órgano legislativo realizó dicha interpretación.
Este tema ya ha generado ciertas críticas por parte de la abogada y defensora de los derechos humanos en el país, Bessi Ríos, para con la Sala de los Constitución y la misma Corte Suprema de Justicia en la omisión de sus deberes.
“La Asamblea hizo una interpretación donde dice que al pasar los seis meses y la fiscalía no inició un proceso judicial de esas escuchas para esas personas, las grabaciones las tiene que destruir automáticamente. La sala no nos debe tener en este limbo”, recalcó Ríos.
Un niño de un año de edad falleció este día en la hacienda Atalaya, en el distrito de Acajutla, Sonsonate, luego de caer de manera accidental en una canaleta de agua, según reportes preliminares.
De acuerdo con la información inicial, el menor habría sufrido el percance dentro del sector, por causas que aún se encuentran bajo investigación. Autoridades competentes se desplazaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes y determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos.
Familiares, amigos y vecinos del menor expresaron su pesar por lo sucedido, un hecho que ha generado consternación entre los habitantes de la comunidad. Las autoridades reiteraron que será el proceso investigativo el que establezca las circunstancias del incidente.
Kevin Israel Corea Carabantes, de 27 años, acusado de hurto agravado, en perjuicio patrimonial de una víctima, seguirá en prisión provisional, así resolvió el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
El hecho ocurrió el 12 de enero de 2026, en una discoteca ubicada en el bulevar Del Hipódromo, colonia San Benito, en San Salvador. La investigación fiscal detalla que Corea hurtó de una habitación una mochila y un maletín de mano que contenían diversos objetos, entre ellos, perfumes, además de una cartera de mano con documentos personales de la víctima.
«La acusación sostiene que el imputado fue visto por una empleada cuando salía por la ventana del baño que colinda con el jardín. Asimismo, los empleados del establecimiento encontraron una caja fuerte dañada, cielos falsos, vidrios y cámaras de seguridad averiados, daños que ascienden a una responsabilidad civil de aproximadamente $4,000», informaron fuentes judiciales.
El imputado fue reconocido por la gerencia de la discoteca a través de la cámara de seguridad, señalando que trabajó en el lugar durante cuatro días. Además, en los documentos presentados para aspirar al puesto se encontraba su identificación.
En la audiencia inicial, la juzgadora consideró que existen indicios suficientes para establecer la existencia del delito y la probable participación del procesado. El caso fue remitido al Juzgado de Instrucción de San Salvador.
Juan Francisco Grande Hernández, de 41 años, fue condenado a 12 años de prisión por el delito de tráfico ilícito, así resolvió el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador.
Grande Hernández fue capturado el 29 de noviembre de 2024, en la calle antigua a Huizúcar, en la colonia Lomas de Versalles de San Salvador, cuando agentes policiales realizaban un patrullaje en busca de personas que delinquían con la venta de droga.
El imputado intentó huir, pero fue en vano. Los policías le encontraron en un bolso una porción grande y otras medianas de material vegetal, además de $3,044.75 en efectivo y una báscula digital color rojo. También en el asiento del vehículo en el que se trasladaba tenía más porciones de droga.
La prueba de campo determinó que el material vegetal era marihuana, en total se sumaron 1.52 kilogramos, valuados en $3,446.70. Asimismo, un análisis de espectrometría determinó que la báscula y el dinero presentaban rastros de metanfetamina, marihuana y cocaína.
Recientemente, por posesión y tenencia con fines de tráfico, en perjuicio de la salud pública, también fue condenado a seis años de prisión Emerson Joel Moz Cruz, de 24 años. La pena fue impuesta por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
A Moz Cruz, agentes policiales le incautaron 178.4 gramos de marihuana y 1.8 gramos de cocaína en diciembre de 2024. Fue interceptado cuando se conducía en una motocicleta sobre la Autopista Norte, frente al Registro de Armas, ubicado en el distrito de San Salvador.
