A siete años de prisión fueron condenados tres hermanos traficantes de personas, quienes por $40,000, prometieron llevar a Estados Unidos, a dos víctimas con régimen de protección.

Al finalizar la vista pública, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, emitió un fallo de responsabilidad penal para Marvin Orlando, José Daniel y Luis Antonio, los tres de apellido Dueñas Fuentes.

El juez los condenó en calidad de prófugos, ya que en la fase de instrucción los declararon rebeldes, por el delito de tráfico ilegal de personas, tras una investigación que inició por denuncia de las personas afectadas.

Además de los años de cárcel, el tribunal ordenó que deben pagar $21,600 a cada una de las víctimas en concepto de responsabilidad civil.

Las dos personas denunciantes, declararon que contactaron a los hermanos Dueñas Fuentes, uno de ellos residentes en Estados Unidos, con el fin de acordar el viaje de manera irregular hacia ese país.

En las pesquisas se detalla que las dos víctimas comenzaron el viaje el 17 de octubre de 2022 y que tras llegar a Estados Unidos, fueron deportadas hacia México en dos ocasiones.

A raíz de lo ocurrido, los imputados exigieron más dinero y las amenazaron con entregarlas a los cárteles mexicanos si no pagaban, ante esa amenaza las personas tomaron la decisión de regresarse a El Salvador por sus propios medios.

Pandilleros de la estructura Fulton Locos Salvatruchos que delinquían en el departamento de Chalatenango, fueron condenados por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.

Entre los sentenciados está Víctor Morales Guardado, alias «Lechuza» o «Búho», a quien la Fiscalía General de la República vinculó con 19 hechos delictivos, incluyendo cuatro homicidios agravados.

Al final del juicio, el tribunal lo encontró responsable por los delitos de proposición y conspiración en homicidio agravado, tráfico ilícito, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego y agrupaciones ilícitas, imponiéndole 75 años de prisión.

También fue condenado Mariano de Jesús Ticas Rivas, alias «Bam Bam», el pandillero recibió 32 años de prisión por dos casos de extorsión agravada en perjuicio de víctimas con régimen de protección y Joel Armando Espinal Valle, fue sentenciado a cinco de cárcel.

Los mareros comenzaron a ser investigados tras la desaparición de dos hermanos en el 2017, en la jurisdicción de Tejutla, departamento de Chalatenango.

Otros hechos ocurrieron en 2018, en distintos puntos de ese departamento donde la estructura delictiva tenía presencia.

En la vista pública declararon varios testigos que fueron afectados por el accionar de los pandilleros, sobre todo, personas que estuvieron siendo extorsionadas.

La Fiscalía reforzó los testimonios de las víctimas con prueba documental y pericias que vincularon a los pandilleros con los crímenes acusados.

El pandillero prófugo, Julio César Martínez Ortiz, alias «Rizos», fue condenado a 45 años de cárcel, por los delitos de agrupaciones ilícitas, homicidio agravado, así como proposición y conspiración en homicidio agravado.

En la investigación presentada ante el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, trascendió que el pandillero es miembro de la estructura Silent Danger Locos Salvatruchos, una célula que dependía de la organización criminal que giraba instrucciones delictivas desde el centro de San Salvador.

Martínez Ortiz, por años se había arraigado en el distrito de Panchimalco, del municipio de San Salvador Sur, junto a otros terroristas estuvo cometiendo una serie de delitos.

En la acusación judicial, el ministerio público expuso que entre los hechos investigados se encuentra el homicidio agravado de una víctima quien fue interceptada, interrogada y luego asesinaron por tener «apariencia» de un pandillero de la 18.

«Rizos», consumó ese crimen junto a otros pandilleros, en Panchimalco, según lo probó la Fiscalía con testimonios y otras evidencias que el tribunal consideró darles validez.

El tribunal efectuó el juicio en contra del marero quien no está detenido, pero aplicó las reformas al Código Procesal Penal reformado por la Asamblea Legislativa en el 2023.

Esa enmienda faculta a los jueces realizar audiencia preliminar y vista pública a personas prófugas. Antes, una persona podía ser acusada en la fase inicial como ausente, pero si una vez vencía el plazo de instrucción y no llegaban a la audiencia preliminar, el expediente no podía avanzar y debía archivarse hasta que el imputado fuera detenido.